Defendamos la autonomía de los organismos reguladores

El mandato otorgado a la Comisión de Defensa del Consumidor-CODECO para investigar, por un plazo de 180 días, a los Organismos Reguladores de Servicios Públicos del Estado por sus acciones, en los últimos cinco años, supone un grave riesgo para su autonomía y rol fundamental comouno de los pilares para el desarrollo de los mercados y la inversión privada en la provisión de servicios públicos.

Resulta por demás preocupante que el texto de la moción aprobada se haya dado sin debate previo en el pleno del Congreso, y que la moción presentada, adelante juicio señalando “…que los reguladores han favorecido a las empresas y no a los consumidores o usuarios”. Esto evidenciaría un sesgo previo a la labor de investigación y un adelanto de opinión que vicia cualquier resultado de la misma, ya pre juzga irregularidades en la actuación de los reguladores.

Los Organismos reguladores son instituciones técnicas e independientes que se establecieron para garantizar un marco institucional que diera seguridad y estabilidad en las reglas de juego y la inversión, muy alejados de los vaivenes políticos como el que hoy vive nuestro país que no ha podido superar su debilidad institucional. Los reguladores promueven la inversión privada, la competencia y servicios de calidad para los consumidores y deben mantener su autonomía evitando la captura de los mismos por parte del poder político, empresas y los mismos usuarios.

De otro lado, en estos seis meses de investigación la gestión regulatoria podría verse afectada e incluso llegar a la parálisis, ya que los titulares y funcionarios estarán dedicados en probar la calidad técnica de sus decisiones; en un momento crucial para incentivar la inversión, lograr la reactivación económica y la reducción de la brecha existente, que se ha evidenciado en el confinamiento producto de la pandemia, en sectores tan importantes como los de telecomunicaciones, energía, agua, infraestructura, etc.

También, el mandato otorgado a la CODECO, comprende la propuesta de reformas normativas e institucionales que “fortalezcan el rol regulador del Estado en protección de la salud y la vida de los ciudadanos”. No se puede suponer qué propuestas de cambio normativo hará la Comisión, pero hay una alta probabilidad de que las mismas tendrán un claro sesgo populista, se aprobarán en vísperas de las elecciones y desalentarán futuras inversiones.

Para cumplir sus funciones, el regulador debe relacionarse adecuadamente con los políticos del Gobierno Central y del Congreso, las empresas reguladas, los consumidores, los medios de prensa y otros actores interesados, con independencia y solvencia  legal, técnica  y económica.

Si requerimos por parte de los Reguladores transparencia, adecuada fiscalización y supervisión, rendición de cuentas y atención oportuna a las quejas de los usuarios, pero sin mellar su autonomía. Si debe preocuparnos el limitado marco presupuestal, el mismo que no aumenta en la proporción que crece el mercado, limitando su gestión.

Hoy el Congreso buscaría el aplauso inmediato de la tribuna, bajo el gorro de la protección al consumidor. Sin embargo, en la práctica este consumidor será el mayor afectado, porque se alejarán las inversiones que los más pobres requieren con urgencia en servicios públicos de telecomunicaciones, electricidad, gas, agua, carreteras, entre otros, es decir, servicios a los que gran parte de la población no tiene acceso.

Lamentablemente, dicho aplauso será una satisfacción efímera para los congresistas, ya que en corto tiempo los consumidores, a los que hoy dicen defender, verán afectados sus servicios y aquellos que no los tienen seguirán esperando largo tiempo por los mismos.

Asimismo, detrás de esta medida puede estar una investigación parcializada a la SUNEDU, con la finalidad de traerse abajo iniciativas para mejorar el nivel educativo del país. Pareciera que desde el Congreso se está labrando el camino para volver a la época de los 80s, con control de precios, escasez e imposibilidad de acceso a servicios básicos. Recordemos que no hay servicio más caro que el que no se tiene.

Alejandro Jiménez.
Oficial de la Marina en situación de retiro, Magister en Administración de ESAN y Diplomado en el Curso de Alta Estrategia y Política del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN. Cerca de 20 años en altos cargos en el Sector Público: Gerente de Administración de SUNAT, Gerente General de la Defensoría del Pueblo, Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Vicepresidente del Consejo Directivo de EsSalud, Viceministro de Empleo y Pymes, Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de la Producción, Viceministro de Pesquería, Director Ejecutivo del Programa JUNTOS, Gerente General del OSIPTEL y Gerente General del Poder Judicial.
Ha sido profesor de Maestría y Diplomados en las Universidades ESAN, San Ignacio de Loyola y San Martín de Porres. Actualmente Director Gerente de la Consultora All Business Solutions SAC. Consultor y Asesor de Empresas. Coach y Arbitro de Conciencia de la CCL Director de la Cámara de Comercio de la India.