Hace un año el país fue testigo de una terrible y dolorosa crisis política, que nos costó la vida de dos jóvenes y la renuncia de un presidente de la República. Pasado este tiempo y con los ánimos más calmos, ha sido posible analizar lo que sucedió, los actores y escenarios que nos llevaron a ese extremo.
La secuencia de hechos es conocida por todos; tras la vacancia de Martín Vizcarra Cornejo, asume constitucionalmente la presidencia Manuel Merino de Lama. Pero veamos algunos puntos hasta hoy muy discutidos.
Vacancia y sucesión presidencial ilegal
Es frecuente escuchar que la causal de vacancia por incapacidad moral permanente (inc. 2, art. 113º Const.) es una figura subjetiva y vacía, y que se realizó una interpretación forzada para lograr la destitución de Vizcarra, siendo usada como arma política. En esa lógica, algunos juristas afirman que su establecimiento a partir de la Constitución de 1839 se refirió a parámetros de salud mental de la época, por lo que su actual aplicación es equivocada.
Sin embargo, esta figura se encuentra establecida literalmente desde la Constitución de 1934 hasta la vigente. Existe evidencia que señala que, aunque la vacancia no se encontraba contemplada aún, la incapacidad moral sí lo estaba en la Constitución de 1823. Es más, el primer presidente del Perú, José Mariano de la Riva Agüero, fue vacado por el Congreso de la República en ese mismo año y por esa misma causal.[1]
Años después, en 1852, el presidente Ramón Castilla atraviesa también un proceso de vacancia que finalmente es rechazado por el Congreso; y, en 1914, el presidente Guillermo E. Billingurst llega a ser vacado. También está el caso más reciente, la vacancia del presidente Alberto Fujimori en el año 2000[2]. Todos estos procesos a través de la causal de incapacidad moral permanente, quedando demostrado que el uso de esta figura nunca se debió al “estado de salud mental” del presidente, sino a conductas o actos reprochables, indecorosos e indignas a su alta investidura.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, en el Exp. 0014-2002-AI/TC, ratificando que esta figura es un mecanismo constitucional y una muestra de madurez cívica; y, en el Exp. 0006-2003-AI/TC, señalando que para su uso es necesaria una votación calificada, sin cuestionar o delimitarla a casos de incapacidad mental.[3]
En ese sentido, en el caso que nos concierne, el 9 de noviembre de 2020, el Congreso de la República, en cumplimiento estricto de lo establecido por la Constitución (inc. 2, art. 113º Const.) y el Reglamento del Congreso (inc. a, b y c, art. 89º-A), procesa la moción de vacancia y destituye al presidente Martín Vizcarra, por la causal de permanente incapacidad moral tras las graves acusaciones de corrupción, que perfectamente puede ser calificadas de inmorales, indignas y reprochables; y que, si bien aún eran parte de una investigación fiscal, habían sido corroborados por equipos periodísticos antes de ser revelados. Se trató pues de una valoración y análisis en ejercicio de las atribucionales legales y constitucionales del parlamento, reflejado en los 105 votos a favor de la medida.
Consecuentemente, y conforme al art. 115º de la Constitución, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, asume la Presidencia de la República.
La narrativa de una “dictadura”
Antes de la votación de la vacancia, ya había protestas al frente del Palacio del Congreso; una vez destituido Vizcarra, la tensión social se incrementó, creciendo la masa protestante.
Es falso que Manuel Merino haya promovido la vacancia, prueba de ello es que no existía ninguna preparación ante la sucesión presidencial, ni suya ni de su entorno técnico-político. Quienes, sin mayor respaldo ni equipo, se concentraron en constituir un gabinete ministerial de base ancha y de capacidad proba; una suerte de burbuja que distanció a Merino de la realidad de la calle, donde las protestas y la violencia crecían. Al final se logró un gabinete que, a pesar de integrar buenos cuadros técnicos, muchos de ellos estuvieron desconectados de la realidad, incapaces de responder a la crisis.
Los días siguientes, a través de la prensa y redes sociales, comenzaron una serie de fake news que azuzaban a la gente y, principalmente a los jóvenes. Entre algunas cosas, se vociferaba que Merino había pactado con Antauro Humala el indulto para su libertad, el boicot a SUNEDU y a la reforma universitaria, y una repartija en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
Entonces iniciaron las denuncias por desapariciones de personas que participaban de las protestas, la lista final señalaba más de 70 desaparecidos. Luis Araujo Enríquez, incluido en esta lista, denunció que había sido secuestrado por agentes del Grupo Terna (PNP) durante tres días, atravesando tratos contra su integridad. Sin embargo, al 19 de noviembre, la Defensoría del Pueblo informó que no existían desaparecidos, que la última persona de la lista sin paradero, Gabriel Rodríguez Medrano, no existía en los registros de RENIEC[4]; y, sobre el caso Araujo, habría sido un invento de este último pues no pudo justificar a su familia su ausencia durante esos días[5].
Así también denunció un intento de censura a la cobertura de las marchas, a través de su carta de renuncia, el gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Del mismo modo, la Sociedad Interamericana de Prensa y otras asociaciones denunciaron agresiones de policías contra periodistas atentando contra la libertad de expresión. Y, finalmente, estuvieron las denuncias por el uso excesivo de la fuerza policial para la represión de ciudadanos en las protestas.
Es cierto que existe una discusión válida sobre la actuación policial durante las manifestaciones, así como por la actuación violenta de – no todos – los ciudadanos que ejercieron su derecho a protestar en las calles. Como saldo final lamentamos hasta hoy decenas de heridos entre civiles y policías y el deceso de los jóvenes Inti Sotelo Camago y Brian Pintado Sánchez.
Estos hechos hasta ahora parte de un proceso judicial que investiga y busca determinar quiénes fueron los responsables. De un lado, la PNP afirma que la institución solo uso bombas lacrimógenas y perdigones de goma contra la población civil, como ordena su normativa interna; de otro lado, aquellos que marcharon denuncian abusos y uso excesivo de esta fuerza represiva. Lo cierto es que también se registraron actos de violencia contra la policía y la propiedad pública y privada desde esta masa civil.
Todos estos hechos fueron clamados por la Coordinadora Nacional Derechos Humanos y organizaciones políticas como el Partido Morado y Juntos por el Perú, recibiendo la atención incluso de organismos internacionales como la OEA o la CIDH. También empresas privadas como el BCP y medios periodísticos nacionales como El Comercio[6] y La República[7] coincidían para convocar a las protestas afirmando que “el régimen Merino” estaba construyendo una dictadura, muestra de ello era la presunta violación de derechos humanos, represión del derecho a la protesta y libre expresión, los desaparecidos, etc.
Las redes sociales jugaron también un rol determinante para la transmisión de esta información, los llamados influencers[8] participaron activamente convocando y respaldando las marchas, se compartieron masivamente incluso fotos falsas de presuntas detenciones [9], y audios que narraban presuntas percusiones a jóvenes que habían marchado. Todo con información falsa.
La narrativa de la dictadura había tomado forma, a pesar de que esta se alineaba más a lo que es conocido como posverdad, fenómeno considerado actualmente una amenaza a las democracias.
Los errores de Merino
Ahora bien, Merino asumió la presidencia de la República por mandato constitucional, sin embargo, cometió varios errores durante los días de su breve gobierno.
Ya en septiembre de 2020, se había presentado una moción de vacancia contra Vizcarra, aunque esta no llegó a los votos suficientes, se había abierto una puerta peligrosa. Padecemos una terrible crisis de instituciones y desde que esa primera moción fue presentada, la posibilidad de la vacancia fue constante. Merino, consciente de las atribuciones de su investidura como presidente del Congreso y del escenario político tan volátil, debió prever esta situación y tener una planificación mínima en caso Vizcarra sea destituido, como finalmente sucedió.
La gestión del Poder Ejecutivo es diametralmente opuesta a la del Legislativo; fue evidente que Merino no estaba preparado, y no se le perdonó nada. No tener mapeada su posible sucesión presidencial fue una omisión grave y el costo fue altísimo. Su cálculo político fue miope en este escenario.
Ya asumida la presidencia, Merino se encasilló en la tarea de armar su gabinete. No fue capaz de leer la calle, lo que estaba sucediendo, y, mucho peor, no fue capaz de comunicar. Mientras los ánimos de la población eran azuzados durante las protestas con fake news, nunca hubo una voz aclaradora y pacificante. Al nuevo presidente ni a su equipo se les ocurrió gestionar en lo más básico sus redes sociales, importante canal de comunicación, no comprendieron el valor de esta herramienta. Este error permitió que se acentuará la imagen de dictador que construían contra él. El silencio sencillamente otorgó.
El gabinete “Flores – Aráoz” fue integrado por técnicos-políticos de buena trayectoria y muchos con experiencia en ministerios, sin embargo, varios también fueron lo que se llama “dinosaurios políticos”. Incapaces de comprender el fenómeno social que atravesábamos y de gestionar su comunicación para la solución de la crisis. El premier alimentó el enardecimiento de las calles con declaraciones a la prensa desafortunadas, con respuestas innecesarias, empeorando la situación.
De otro lado, a pesar de que la vacancia se produjo por 105 votos correspondientes a 8 bancadas, la presión de la calle, la violencia que se mostraba entre las fuerzas del orden y los manifestantes, y las corrientes de opinión, terminaron por amilanar a los congresistas, quienes lejos de defender su decisión, dejaron solo a Merino. Es más, algunas bancadas incluso comenzaron a pronunciarse contra él. El grueso de parlamentarios fue incapaz de asumir la responsabilidad de su voto y el presidente incapaz de convocarlos otra vez.
Punto y aparte fue la situación de Acción Popular, casa política de Merino cuya dirigencia se encontraba hace un par de años con mandato vencido. Sin un único líder, sino con la presencia de varios con posturas diferentes, se quebró más aún tras el ataque masivo al nuevo presidente. La débil institucionalidad que levantaba al partido pareció desvanecerse frente a la crisis. Merino no recibió apoyo del partido como institución, cuyo final ya era presagiado por algunos analistas. Felizmente no fue así, pero sí dejó en evidencia la necesidad de partidos fuertes para resistir y superar crisis de este talante, porque una persona sola nunca podrá gobernar, necesita de la maquinaria que solo un partido puede brindar.
La crisis de las instituciones
Para entender las constantes crisis políticas en el Perú, que nos ha llevado a tener 4 presidentes y 2 congresos durante un mismo mandato de gobierno, y que nos tiene hoy en un escenario sumamente polarizado, hace falta mirar algunos años atrás.
La grave crisis política que obligó a Manuel Merino a renunciar a la presidencia es solo una muestra de una crisis más profunda y antigua, con más actores y un escenario mucho más amplio y complejo.
En resumidas palabras, se puede decir que tanto el Poder Ejecutivo, representado por el presidente de la República, y el Poder Legislativo, representado por los congresistas, son la máxima expresión de la voluntad ciudadana, quienes a través de su voto les otorgan la autoridad para gobernar durante 5 años, de entre un catálogo ofrecido por los partidos políticos; todo esto al amparo de las leyes y siempre a la luz de la Constitución, que a su vez es la norma de máxima supremacía, la ley de leyes.
Este sistema tiene como pilares a instituciones que se construyen sobre una organización, procesos, procedimientos, acuerdos y normas, cuyo cumplimiento genera seguridad, predictibilidad y estabilidad, condiciones necesarias para buenas decisiones y buenos resultados; es decir, generan institucionalidad. Esto último es lo que se ha roto.
En el pasado reciente, la peor crisis de institucionalidad que tuvimos sucedió durante la dictadura fujimorista, donde las instituciones – valga la redundancia – fueron tomadas antojadizamente dejando de lado el estado de derecho. Tras regresar a los causes democráticos, hasta el 2016, el Perú celebraba por primera vez en su historia republicana tres mandatos de gobierno democráticos consecutivos y completos; que, con errores y aciertos, habían asumido la difícil reconstrucción de la institucionalidad. Ese año iniciaba el cuarto que debería haber mantenido esa línea.
Es durante este periodo que se inician las confrontaciones más graves entre el ejecutivo y el legislativo; y nos quedamos así. Todos saben la historia: las mociones de vacancia contra PPK, su renuncia, la disolución del congreso hecha por Vizcarra, el nuevo congreso, la vacancia de Vizcarra, la renuncia de Merino, y la presidencia de Sagasti.
Hemos llegado a un punto en el que todos votan pensando no en el gobierno de los próximos 5 años, sino en que si no les gusta el presidente puede ser vacado y si no les gusta el congreso puede ser disuelto. Figuras que, aunque son constitucionales, son extremas y excepcionales. Pero se ha roto la institucionalidad a tal extremo que ahora nos parecen figuras ordinarias.
Lo peor es que, quienes se ufanan de defender la Constitución, ley de leyes, no la leen, y cuando se cumplen sus mandatos y no les gusta, acusan “golpe”. ¿Cómo podemos participar de procesos electorales si respaldamos después que las masas en las calles puedan poner o quitar autoridades? Sagasti asumió la presidencia en las mismas circunstancias y en cumplimiento de las mismas leyes que Merino, pero a uno lo aceptaron y al otro no, sin mayor justificación, simplemente por “popularidad”.
A un año de estos hechos, es claro que el cause correcto de estas voces de protesta es la participación activa en la vida política del país, no solo por unos días, sino de manera constante y programática, y el espacio natural para este activismo son los partidos políticos, que a su vez son instituciones.
Todos aquellos jóvenes que participaron de estas marchas de protesta tienen la oportunidad de contribuir realmente al fortalecimiento y a la defensa de la democracia involucrándose en organizaciones políticas, fortaleciendo su institucionalidad, que a la par, fortalecen a las instituciones donde tienen representación, en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes que conforman el Estado.
Hemos iniciado un nuevo mandato de gobierno, la confrontación entre el ejecutivo y el legislativo no ha cedido, a cada día es más fuerte; pero un problema es una oportunidad, no la dejemos pasar.
[1] Revisado en: https://lpderecho.pe/los-pedidos-y-el-uso-de-la-vacancia-por-permanente-incapacidad-moral-en-la-historia-constitucional-peruana/ (12.11.2021)
[2] Revisado en: https://lpderecho.pe/los-pedidos-y-el-uso-de-la-vacancia-por-permanente-incapacidad-moral-en-la-historia-constitucional-peruana/ (12.11.2021)
[3] Revisado en: https://lpderecho.pe/los-pedidos-y-el-uso-de-la-vacancia-por-permanente-incapacidad-moral-en-la-historia-constitucional-peruana/ (12.11.2021)
[4] Revisado en: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-informa-que-no-quedan-personas-por-ubicar-a-causa-de-las-movilizaciones/ (13.11.2021)
[5] Revisado en: https://www.expreso.com.pe/actualidad/secuestro-seria-una-burda-mentira/ (13.11.2021)
[6] Revisado en: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sigue-estos-consejos-si-planeas-participar-de-las-marchas-convocadas-para-esta-tarde-noticia/ (13.11.2021)
[7] Revisado en: https://larepublica.pe/sociedad/2020/11/11/convocan-a-marcha-nacional-contra-manuel-merino-para-este-jueves/ (13.11.2021)
[8] Revisado en: https://larepublica.pe/espectaculos/2020/11/17/el-rol-de-los-artistas-e-influencers-en-las-marchas-contra-el-regimen-de-merino/ (13.11.2021)
[9] Revisado en: https://ojo-publico.com/2243/foto-de-presuntos-manifestantes-encerrados-en-una-comisaria-es-falsa (13.11.2021)
Isabel Manrique.
Abogada. Fundadora del Círculo Académico “Paideia” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM. Directora de Formación Juvenil, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Testimonio y colaboradora de la Revista Pensamiento Social, del Instituto de Estudios Social Cristianos. Egresada de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE. Becaria del programa Emerging Leadears en Washington DC de la Embajada de E.E.U.U. en Perú; y del programa de Formación Política de la Fundación Konrad Adenauer.
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