Pedro Castillo generó mucha expectativa en uno de cada cinco peruanos que le confiaron su voto en la primera vuelta. Lo hicieron con la esperanza que realizara cambios importantes, en la orientación de sus políticas, para favorecer a los sectores más vulnerables de nuestro país.
Sus propuestas como candidato, al exacerbar las diferencias entre peruanos y su efervescente lucha de clases, fueron determinantes para un segmento importante de votantes que, cansados de escuchar tantas promesas incumplidas, apostaron esta vez por una opción diferente.
Han transcurrido cinco meses desde que Pedro Castillo asumió la conducción del gobierno. Preocupan y generan dudas las decisiones que está tomando y las acciones que aún no se han comenzado a ejecutar, lo que pone en evidencia que les sorprendió llegar al gobierno. No tenían un plan, pero hasta ahora tampoco han adoptado el programa de algunos de los partidos que comparten el poder junto a ellos.
Todos sabemos que los problemas más sensibles en nuestro país siguen siendo: salud, educación, seguridad, empleo, transporte. Sabemos también que para lograr disminuir la inmensa brecha que se ha suscitado, por el abandono a estos sectores en las últimas dos décadas, no bastan cinco años para solucionarlos. Pero vemos con preocupación que las señales que están recibiendo las empresas, los inversionistas y los que hemos contribuido con el pago de nuestros impuestos, nos generan desconfianza.
Sin duda, los últimos veinte años han sido las más favorables para la economía de nuestro país, gracias al crecimiento de nuestras exportaciones, principalmente por la minería y la agroexportación. La minería significa para el Perú el 10% del PBI, casi el 20% de la recaudación tributaria y el 60% de las exportaciones. La agroexportación es un mérito tremendo de nuestro empresariado que con esfuerzo ha convertido, desiertos en empresas productivas, que han impulsado el crecimiento de un sector muy deprimido por décadas.
Lamentablemente, son justo estos sectores los más expuestos y amenazados por las decisiones del gobierno. La forma en que quiere el ministro de economía lograrlo podría desacelerar el crecimiento y desincentivar los nuevos proyectos y como consecuencia pondría, en tela de juicio, el logro de una mejor recaudación tributaria que permitiera atender las necesidades sociales más urgentes.
Vemos con preocupación que algunas empresas mineras formales han suspendido operaciones por temas de seguridad y otras han anunciado su intención de irse del país. La preocupación medio ambiental la compartimos todos. Como en todos los sectores hay empresas formales, informales, e ilegales. Las formales, en su gran mayoría, son las más responsables en el cumplimiento de sus compromisos ambientales. Por lo general son las que más contribuyen también en la generación de empleo, bienestar para la comunidad y aporte tributario
La minería, en su mayoría, se desarrolla en zonas rurales del Perú, alrededor de comunidades muy pobres que han sobrevivido perdiendo calidad de vida por culpa de un estado ausente. Lamentablemente a pesar del aporte de la minería para el canon y los impuestos que paga en beneficio de la comunidad, no hay una respuesta social en los gobiernos regionales. Su poca capacidad e ineptitud, para gestionar los recursos que reciben, sumado a los actos de corrupción ya conocidos, no han permitido atender, como debía, las necesidades básicas en salud y educación.
Los inversionistas necesitan estabilidad jurídica y reglas claras. Quizá el modelo podría modificarse, en su asignación, proponiendo que en los beneficiados del canon tengan prioridad las comunidades de la zona y no un puñado de burócratas. Todo esto se podría discutir con el gobierno, asumiendo que la paz social permitirá mejores resultados y mayores aportes tributarios.
Lamentablemente los pobladores de estas zonas, azuzados políticamente, se sienten hoy defraudados en sus expectativas y se enfrentan con violencia a las empresas mineras, exigiendo que se vayan. ¿Es esta la solución? ¿Hacia eso apunta el gobierno? ¿Quieren repetir las malas experiencias del pasado reciente? ¿Pretenden liberar estas zonas para la minería ilegal?
Si pretenden matar a la gallina ponedora… ¿qué gallo tendrá, lo que ponen las gallinas, para invertir en nuestro país?
Los grandes perjudicados serán los más pobres de nuestro querido Perú.
Luis Otoya Trelles
Comunicador con 42 años en la publicidad y el marketing. Columnista de VOX POPULI y DIARIO EXPRESO. He sido: Director de la APAP, Director de United Way International Perú, Presidente del Tribunal de Ética de la SNRTV, Presidente y fundador del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). Director Divisiones Menores de Alianza Lima. Soy una persona libre que persigo mi sueño de contribuir con mi país, He decidido participar activamente en política asumiendo el riesgo de terminar frustrado y salir chamuscado en el intento.


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