Hace unos días en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso se dieron cita varios Reguladores Económicos, como es el caso de INDECOPI, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y el OSIPTEL. El contexto y alcance de cada regulador es distinto, por lo que me enfocaré en el regulador de las telecomunicaciones, OSIPTEL.
Los reguladores expresaron su preocupación por lo bajo de las multas que pueden aplicar, lo que no desincentiva las malas prácticas de las empresas, así como la imposibilidad de hacer efectivo el cobro de las multas porque éstas son judicializadas
El Presidente del OSIPTEL, planteó triplicar el monto tope de las multas o sanciones llevándolas hasta 1000 UIT, ya que “a las empresas le sale más a cuenta pagar las multas o ir al Poder Judicial a discutirla por varios años”.
Este pedido puede ser bien recibido por Congresistas y usuarios, pero es necesario que el OSIPTEL previamente analice por qué algunas empresas operadoras vienen incurriendo en infracciones sujetas de sanción y reinciden en las mismas faltas en forma periódica.
Es necesario entender que las empresas de telecomunicaciones requieren grandes niveles de inversión para desplegar infraestructura, modernizar su tecnología que evoluciona permanentemente, cumplir con sus compromisos contractuales y mejorar la atención a los usuarios.
Ninguna empresa seria y competitiva que aspira a una importante participación del mercado comete las infracciones en forma deliberada para pagar o judicializar las multas manteniendo sus malas costumbres, pensar así es un prejuicio contra las empresas, desalienta la inversión, no solucionará la problemática del sector y menos contribuirá a cerrar las brechas de conectividad.
De otro lado los Contratos de Concesión no son iguales para todas las operadoras, incluso a algunas de las líderes del mercado, las multas las afectan doblemente en los periodos de renovación de la concesión, ya que el acumulado de multas afecta el nuevo periodo de renovación reduciendo el tiempo de la misma, por lo que es ilógico pensar que a la empresa no le interesa el monto ni la reincidencia de las multas.
Las empresas cuidan su imagen y la mejor forma de incentivar la sana competencia es con información comparada en forma justa de la calidad del servicio de las operadoras.
El OSIPTEL también debe de hacer una autocrítica de su gestión, en especial de su Reglamento de Calidad y Fiscalización, ya que éste debe de ser actualizado teniendo en consideración la evolución tecnológica, desregulando normas desfasadas que siguen vigentes que obligan a fiscalizar y muchas veces sancionar a las operadoras por criterios o indicadores que ya deberían de haberse descartado.
Insistimos en que no debe de perderse el objetivo de masificar la conectividad, para lo cual debe trabajarse una “Agenda Común para un Perú Conectado” en la que participen todos los actores, liderados por el ente rector, sin ningún tipo de prejuicio y en igualdad de condiciones para todos los inversionistas.
Alejandro Jiménez Morales
Ex Gerente General del OSIPTEL. Director Gerente de la Consultora All Business Solutions S.A.C.
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