La delincuencia, ¿es imparable?

El delito es la acción (acto intencional o negligente) antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal que causa daño a otra persona. Es la infracción del derecho penal tipificada y penada por la ley. Resulta ser una conducta contraria a las normas legales y a los derechos de la ciudanía de protección de su vida, bienes y seguridad. Sus elementos esenciales son la conducta, tipicidad, antijurídica y culpabilidad. El objetivo del autor del delito es obtener bienes de terceras personas y/o causarle daño a la integridad física.

En el Perú los delitos más comunes y frecuentes son el hurto, hurto agravado, robo, robo agravado, estafa, lesiones, asesinatos, violencia contra las mujeres, violencia contra indígenas, préstamo gota a gota, extorsión, secuestro, trata de personas, usurpación, explotación sexual, pornografía, tráfico y micro comercialización de drogas, sicariato, monetarios, tenencia, fabricación y tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. Últimamente son la ciberdelincuencia (fraudes informáticos, las estafas virtuales, y las suplantaciones de identidad que afectan las finanzas de las víctimas), violación al secreto de las comunicaciones, tráfico de migrantes, lavado de activos. Hay que sumarle la corrupción.

Se señala que las causas del grave incremento delincuencial en nuestro país de debe a la pobreza y marginación, falta de empleos, viviendas precarias, violencia familiar, incremento de las pandillas incluyendo de jóvenes, uso de armas, drogas y alcohol presencia de organizaciones internacionales dedicadas al crimen organizado.

Se incrementa la inseguridad ciudadana afectando no sólo varones sino mujeres y hasta niños y ancianos. Hay ciudades peruanas y distritos limeños donde la delincuencia es muy grave. En general, no obstante, el trabajo policial (con colaboración de los serenazgos municipales) la delincuencia se incrementa no solo con delincuentes nacionales sino con los contingentes llegados de Venezuela, Colombia, Ecuador y otros países. Actúan impunemente. El crimen organizado está afectando severamente el crecimiento económico del país y la reducción de la pobreza.

Los problemas que con urgencia el Legislativo y Ejecutivo deben resolver son:

Primero. – Actualizar los Códigos Penal y Procesal Penal. Tipificar actualizando cada delito incrementando con severidad las penas. Procesalmente: señalar plazos breves para acto procesal y establecer la obligación de los magistrados fiscales y jueces que en los procesos a sus cargos cumplan sin “excusas” dichos plazos evitándose que sobrevenga la prescripción. En caso de no cumplirlos, aplicar sanciones administrativas, jurisdiccionales y penales que pueden ser: destitución.

Segundo. – Incrementar el número de policías y equipos policiales destinados a combatir la delincuencia y garantizando a los custodios que no serán “sancionados” por cumplir sus deberes.

Junto a esta decisión, legislar para que los vecinos obligatoriamente se organicen en sus barrios, distritos y provincias para combatir la delincuencia. Las acciones que realice, deben estar supervigiladas por las Comisarias policiales.

Tercero. – Disponer que el Ministerio Público señale un fiscal que permanentemente labore en las Comisarias policiales y que participen en las investigaciones y atestados policiales.

Establecer en las normas administrativas y penales que los delincuentes detenidos por la Policía Nacional y que hayan sido puestos a disposición del Fiscal y este debe formular la denuncia ante el Juez Penal. Dichos magistrados fiscales o jueces, de todos los niveles, no pueden conceder libertad al detenido hasta que se expida la sentencia y ésta esté consentida o ejecutoriada.

Cuarto. – Estando a que los establecimientos de reclusión penal están “saturados”, el Estado debe aprobar de inmediato usar una suficiente cantidad de dinero del erario nacional, para la edificación urgente de nuevos centros de reclusión en diversos lugares del país. Cada penal debe tener la capacidad suficiente para albergar a la población delincuente investigada y/o sentenciada.

Establecer obligatoriamente que en cada cárcel se edifiquen centros de trabajo para que los detenidos y/o sentenciados trabajen obligatoriamente. Dichos inmuebles pueden ser alquilados a personas naturales y/o jurídicas de derecho privado dedicadas a la producción de bienes destinados a los mercados.

Una cuestión importante: todo detenido o sentenciado recluido, debe obligatoriamente pagar su sustento alimentario y de salud con el producto de su trabajo personal obligatorio durante su reclusión. No debe sostenerse gratuitamente a los delincuentes detenidos, sufragando esa “manutención” con fondos del erario nacional, que son producto del pago de impuestos de la ciudadanía

José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).