En reciente entrevista desde Cajamarca el candidato a la presidencia de la República Antauro Humala Tasso, se ha pronunciado contra la minería formal, que él califica de “saqueadora” del Perú. Igualmente señala que la única minería merecedora del apoyo del Estado es la ilegal e informal, la cual según él produce 40 toneladas de oro, cuyo aporte es mucho más significativo que el resto de la actividad. Encuentro lamentable la ignorancia o desconocimiento del aporte de la minería formal por parte de Antauro Humala, pero quizás tenga algunas razones electorales y políticas para sostener sus puntos de vista.
Según diversos estudiosos de la actividad minera en el Perú, la minería ilegal e informal podría dar ocupación a 400,000 personas que con sus familiares y allegados aptos para votar, quizás sumen 1,200,000 votos, cantidad que presumiblemente aseguraría el ingreso de Antauro Humala a la segunda vuelta. Se trata sin lugar a dudas de un cálculo especulativo que podría tener o no una base realista, pero que además desconoce el efecto depredador de la minería ilegal e informal al ambiente e igualmente las malas condiciones de trabajo en cuanto a seguridad y salud que se realiza en ese sector de la minería.
Frente al punto de vista de Antauro Humala es ahora más necesario que nunca que la minería formal divulgue el aporte económico y tributario que realiza en el Perú a favor de su desarrollo. Al respecto me refiero a una reciente información publicada por el semanario virtual Minas y Petróleo en su edición No. 1208 del 25 de abril último. Dicha publicación, basada a su vez en un Boletín del Ministerio de Energía y Minas, señala que el gobierno en el mes de febrero del año 2024 ha adelantado a diversas regiones la suma de S/ 2,351 millones por concepto de Canon Minero (S/ 1,893 millones), Regalías Mineras legales y contractuales (S/ 451 millones) y Derecho de Vigencia (S/ 7 millones). Esta suma ha sido entregada a las siguientes regiones: 1) Ancash (S/ 497 millones); 2) Arequipa (S/ 346 millones); 3) Ica (S/ 264 millones) ; y 4) Tacna (S/ 230 millones, solo contando a las cuatro regiones que han recibido la mayor parte del adelanto.
Dicen que la enumeración de cifras y porcentajes hace fatigosa la lectura de artículos periodísticos sobre la realidad nacional. Sin embargo, en este caso resulta indispensable contrastar información real acerca del aporte de la minería al desarrollo de diversas regiones del Perú, frente a las afirmaciones de candidatos y políticos que niegan o en el mejor de los casos desconocen esa elemental información. En la lucha dialéctica las ideas se oponen a las ideas, en el terreno económico las cifras se oponen a las cifras, en el terreno político es indispensable contrastar la falsedad con la verdad. Y en este caso la verdad debe ser esgrimida por las personas y entidades que aportan resultados tangibles de su actividad económica.
La industria minera formal tiene por objetivo fundamental obtener ganancias para sus accionistas, no es una actividad de beneficencia pública, tampoco debe confundirse con el Estado, en realidad es uno de los diversos sectores económicos que se desenvuelven dentro del país. Algunos actores políticos pueden ser sus detractores, otros no. Sin embargo, es absolutamente indispensable informar acerca de sus inversiones, proyectos e iniciativas que contribuirán al crecimiento del PBI en el futuro cercano, para desmentir a los que quieren eliminarla del territorio de la República del Perú.
Martín Belaunde Moreyra. Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.


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