Casi todos los medios periodísticos escritos, radiales y televisivos diariamente informan de multitud de hechos delictivos en Lima y en provincias. Pareciera que los hechos delictivos se trataran de rutina. Ante ello es terrible la falta de seguridad ciudadana que afecta terriblemente a todos, nadie está libre, aun los ancianos y niños. La delincuencia se incrementa cada día en diversas modalidades y los delincuentes actúan individualmente o en bandas, incluso internacionales, sin que los Poderes estatales adopten realmente medidas eficaces de seguridad. Muchos malhechores actúan desde centros de reclusión. Éstos no son combatidos con eficiencia y gozan “de libertad” para delinquir; hasta se sienten seguros que si son detenidos pueden “obtener” libertad por decisión de fiscales y/o jueces. Hasta gozan de letrados “especializados”. También “hay tratamiento excepcional a menores no obstante a que estos incluso son sicarios. Ante el actuar de magistrados fiscales y/o jueces, ¿parque ha servido el sacrificado trabajo policial?
Recientemente – como se ha informado en Expreso y otros medios periodísticos – el Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, ha “llamado que la delincuencia sea enfrentada en conjunto por la Policía y Fuerzas Armadas” y ha sugerido “cambios legislativos para combatir el crimen organizado” (SIC). Es implícito reconocimiento que la delincuencia no está eficientemente combatida.
La falta de eficiencia en combatir la delincuencia evidencia que existen factores no atendidos ni resueltos por los Poderes estatales, incluyendo el Judicial y el Ministerio Público. Los magistrados fiscales y/o jueces penales para “sustentan” sus decisiones (resoluciones) en los actuales textos de los Códigos Penal y de Procesal Penal. Esto evidencia que las tipificaciones de los delitos y el procesamiento de los “expedientes” de los detenidos no están actualizados y/o sus contenidos no son claros y específicos ni señalan penas privativas de la libertad severas (en tiempo).
Ante ello es necesario solucionar lo siguiente: 1.- Inmediata modificación de la tipificación de los delitos en el Código Penal estableciendo penas severas de privación efectiva de la libertad (en tiempo de prisión); 2.- Duplicar la pena privativa de libertad a los receptadores (vendedores de bienes robados); 3. Eliminar los “beneficios” a delincuentes por razón de edad; 4.- Para evitar las dilaciones investigadoras a delincuentes detenidos, que en cada Comisaria haya permanentemente un fiscal que intervenga con la Policía en las investigaciones y la formulación de los atestados de modo que de inmediato se efectué la denuncia penal (evitándose que “sobrevenga” el plazo de la flagrancia); 4.- Modificar los códigos y normas procesales en materia penal estableciendo nítidamente los plazos procesales en investigaciones fiscales y en los penales, en todas las instancias (que no sean “extensos”), cumplimiento que debe ser bajo responsabilidad de los respectivos magistrados fiscales y/o jueces; 5.- Edificar de inmediato nuevos centros de reclusión para evitar el “hacinamiento” actual (que usan de pretexto para dar libertad a algunos delincuentes detenidos) y en cada cárcel haya un centro de trabajo para los detenidos y/o sentenciados; 6.- Establecer que las penas impuestas a los delincuentes por varios actos delictivos no se “acumulen” a la pena de mayor tiempo; se deben sumar todas; 7.- Los detenidos y/o sentenciados no deben ser mantenidos gratuitamente por el Estado; 8.- Establecer con precisión la responsabilidad personal, administrativa y penal de los magistrados fiscales y/o jueces penales (de todos los niveles jerárquicos) si no cumplen los procesamientos dentro de los plazos legales.
Para combatir la delincuencia es imprimible adoptar las medidas expuestas y que los fiscales y jueces cumplan sus obligaciones eficientemente. Por ello es imprescindible que, en el Poder Legislativo, los políticos congresistas de inmediato se ocupen de modificar los actuales textos de los Códigos Penal y Procesal Penal, debiendo aprobar un plazo breve para confeccionar los respectivos proyectos (que no sean calco ni copia de normas extranjeras y normas obsoletas) y aprobarlos debidamente tanto en la Comisión respectiva como en el Pleno del Congreso para que sean promulgadas este mismo año 2024. Si lo hacen los congresistas, estarán cumpliendo su deber. Así los fiscales y jueces, de todas las instancias jurisdiccionales, estarán obligados legal, jurisprudencial, moral y laboral a cumplir sus obligaciones de procesar a los delincuentes y de no ser generosos al imponer las penas.
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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