Esta semana pasó desapercibido un extracto de la relevación que hizo el abogado del ex secretario general de Alan García, Luis Nava. Durante el programa que conduce la periodista Diana Seminario en Canal N, Juan Carlos Portugal reveló que Luis Nava sólo fue un aspirante a colaborador eficaz, que después de 5 años que se le dejara en libertad tras asegurar que llevaba sobornos en loncheras a Palacio no es colaborador eficaz, que “la referencia a las loncheras no las dijo como tales y que el Ministerio Público entendió lo que quería entender, pero que luego de una reflexión sincera de su cliente no necesariamente eran tan exactas”. En su momento la filtración de la recepción de sobornos por Alan García generó un escándalo mayúsculo, un ex presidente fue sentenciado por la opinión pública y el aspirante a colaborador eficaz fue beneficiado por los fiscales Lava Jato con la libertad. Hoy Nava ha cambiado de versión, se declara inocente y nos quiere hacer creer que no dijo lo que dijo; sin embargo, sus dichos de entonces fueron el punto inicial para “cercar” a García Pérez y más adelante ordenar su captura con las consecuencias fatales conocidas por todos.
Este relato es el ejemplo palpable de por qué el Ministerio Público no debe otorgar beneficios a ningún aspirante a colaborador sin previamente corroborar la veracidad de sus dichos, menos filtrar dichos sin corroborarlos ya que afecta medularmente la presunción de inocencia y de manera irreversible macula el honor de las personas. Esta estrategia mediática de filtraciones desde el ente persecutor del delito fue implementada desde 2016 cuando el fiscal Rafael Vela asumió la coordinación del Equipo Lava Jato luego de una campaña periodística intensa contra el titular de esa época Hamilton Castro por “lento e ineficiente”, tras 8 años de implementada la realidad confirma que fue una estrategia perniciosa que sólo nos ha llevado a generar escándalos, a escasas sentencias y largos procesos que vulneran los derechos de procesados.
Esa asociación Fiscalía – Prensa fue vital para venderle al país que la forma más efectiva de lucha contra la impunidad era firmar un acuerdo de colaboración eficaz con Odebretch y, “a cambio de la verdad”, otorgarle a la brasilera diversos beneficios con tal de castigar a nuestros corruptos. Así, Odebretch y sus funcionarios vendieron sus activos, cobraron parte de la venta, salieron del país, fueron excluidos de toda investigación y en Brasil iniciaron acciones legales para invalidar sus procesos, acciones que están ganando y que, aunque desde el Ministerio Público, la Procuradoría y su portátil periodística aseguren que no afectará a procesos penales en Perú, sí lo hará. Hoy no tenemos “la verdad”, nuestros corruptos y corruptores están impunes y posiblemente hasta tendremos que pagarle millones de dólares a Odebretch por las demandas de arbitraje que nos ha iniciado. En suma, hemos sido devorados por el tiburón y desde su vientre gritamos que estamos a salvo.
La experiencia Lava Jato nos debería enseñar a distanciarnos de la manipulación en los llamados “casos emblemáticos”, a reflexionar sobre la necesaria vigilancia ciudadana sobre la actuación de los operadores de justicia, a asimilar que no hay culpables mientras no sean sentenciados, que los indicios sin corroborar no son pruebas y que no se puede luchar contra la corrupción violando el debido proceso de investigados. Los peruanos también tenemos derecho a exigir que los responsables de ese fracaso asuman su responsabilidad, sean investigados, que se les levante el secreto bancario y se les castigue si se les encuentra responsables de haber renunciado a la lucha contra la corrupción para beneficiarse personalmente. Todo indica que crearon un espejismo de lucha contra la corrupción y que no fue gratis.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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