Venezuela, la OEA y el canciller

A estas alturas del desarrollo humano, el autoritarismo, la falta de libertad y el fraude electoral deberían ser considerados flagrantes violaciones de los derechos universales. También una afrenta directa a la dignidad humana. No debiera ser aceptable que un gobierno someta a una sociedad al hambre. Tampoco a la falta de trabajo o a un sistema de salud precario.

Se debe gobernar para lo contrario. Para fomentar una organización social viable, para proporcionarle bienestar y libertades a la gente, para asegurarle trabajos dignos, brindar una educación de calidad creciente y para generar una sociedad cada día más equitativa.

Lo otro es un absurdo, un contrasentido, una forma dolosa y delictiva de promover la involución, la angustia, la fragilidad, la frustración, la humillación, la desesperanza.

La gente, al nacer, debe acceder a un mundo libre para poder desarrollarse con plenitud, y poder así, contribuir, desde sus vidas, al fortalecimiento de un mundo civilizado.  No es dable vivir sometido a regímenes encaprichados, a las amenazas constantes de las dictaduras, o a la coerción y la pobreza.

Y esto es precisamente lo que hoy ocurre en Venezuela, un país que alguna vez fue inmensamente rico, con grandes reservas de petróleo, vastos terrenos agrícolas, ganado de calidad, importantes yacimientos de minerales, diamantes, y, sobre todo, muchas oportunidades y una alegría festiva.

La dictadura de Maduro ha destruido todo eso y con ello le ha robado la esperanza y la ilusión a su gente. Más de ocho millones de venezolanos han migrado huyendo del régimen de Maduro, buscando lo que antes Venezuela les ofrecía: trabajo, estabilidad, optimismo y protección.

Esa migración masiva no sólo es el testimonio vivo del fracaso de un régimen dictatorial sino también una tragedia humana que afecta a millones de familias. Constituye, en su conjunto, un retroceso civilizatorio en la búsqueda del bienestar humano.

Esto, obviamente, impacta en el desarrollo y en el PBI latinoamericano. Trastoca la economía de la región. Y lo que es aún peor, ha generado una diáspora que en algunos casos ha llegado a prostituirse para sobrevivir. ¿Esa es la izquierda de Maduro? Ese es el régimen de Maduro. Un gobierno que ha renunciado a los más elementales principios de convivencia social para mantenerse en el poder y destruir lo que alguna vez fue un próspero país.

Y la gente sufre, llora, se muere sin ver a sus seres queridos, huye como sea y se exilia dejando todo, viajando en bus hasta 6 días, para luego vivir como fugitivos sin papeles, limpiando parabrisas en las calles, cargando cualquier cosa, aceptando cualquier subempleo para, desde sus lugares de destino, enviar dinero a sus familiares.

El fraude electoral en Venezuela estaba anunciado. Nadie esperaba un escenario distinto. No se le permitió votar a millones de personas que están en el extranjero. Se les puso trabas burocráticas. Se impidió la candidatura de María Corina Machado. Como habrá sido la intención de fraude que el candidato de la oposición se tuvo que inscribir tres minutos antes del fin del plazo establecido a fin de evitar ser objetado.

Las elecciones venezolanas han sido una burla para todo el mundo. Todos vimos o pudimos ver por televisión el cinismo del funcionario que anunció los resultados. En términos de fraude, este ha sido el más mediático de la historia. El engaño fue visto en vivo y en directo por millones de televidentes.

Ahora, Maduro, está atrapado en su propia trampa. Sabe que no saldrá bien librado. Tiene varias opciones: exiliarse, huir, entregarse o intentar perpetrarse en el poder. No puede ser feliz una persona con esas características. Es un villano, un opresor, simboliza la tragedia, la burla, la manipulación, la más completa carestía en todos los niveles. Es un hombre sin salida. Y cada día, para él, será peor.  Por lo mismo intentará quedarse todos los años que pueda, pero sabe que no lo logrará, que, si no huye, será apresado.

Desde esa perspectiva, Venezuela es hoy es un país moribundo. Una sociedad que agoniza, con su cúpula militar, comprada.

Pero el régimen de Maduro no sólo ha hecho eso. También le ha causado un enorme daño al vecindario. América Latina ha tenido que soportar un éxodo nunca antes visto. Las bandas delincuenciales de ese país han puesto en jaque a millones de ciudadanos de toda la región, generando una inseguridad galopante, y en algunos casos, un rechazo xenofóbico.

En el caso peruano, el asunto es aún más grave. La dictadura de Maduro se entrometió en la política peruana, financiando al partido humalista y muy posiblemente también a Pedro Castillo, contribuyendo a modificar de esa manera el panorama electoral en nuestro país.

Es tal el repudio a lo ocurrido que países de izquierda, como Chile, e incluso Colombia y Brasil, no apoyan lo sucedido.

La OEA convocó a una reunión de cancilleres. Pero no logró aprobar algo tan elemental como solicitarle al gobierno de Venezuela que muestre las actas de votación.  Este organismo demostró ser una institución incompetente para actuar cuando el pueblo de ese país más lo necesitaba.

Fue lamentable, penoso y hasta sorprendente que el director de la Asamblea increpara al canciller peruano haber hablado mucho tiempo al defender los valores de la democracia. De eso se trata, de defender la democracia. Lo que hizo el canciller, Javier González-Olaechea, fue lo correcto. Habló con la verdad, sin medias tintas, con firmeza y desde el sentir de millones de personas.

Pero más sorprendentes aún fueron las declaraciones del Defensor del Pueblo, que increpó al canciller el haber denunciado el fraude en Venezuela y haber reconocido como ganador a Edmundo González sin que la dictadura haya anunciado el conteo del 100% de los votos. ¿Qué tipo de Defensor del Pueblo es ese, que no se pone al lado de los derechos de una ciudadanía visiblemente afectada por la manipulación y el fraude? ¿Acaso no sabe que sólo en nuestro país hay aproximadamente un millón de venezolanos que fueron impedidos de votar?  Un Defensor del Pueblo tiene la obligación de estar conectado con los intereses de la ciudadanía en cualquier circunstancia, escenario o lugar. No lo contrario. Por lo mismo, llama la atención las declaraciones de este funcionario que metió su cuchara sin que nadie le pidiera su opinión. Estas declaraciones, obviamente, han sido interpretadas como una forma de apoyo al autoritarismo venezolano. Hay que recordar que fue elegido con todos los votos de la izquierda parlamentaria.

Simón Bolívar consideraba que la moral pública era esencial para el funcionamiento de una República. En sus cartas y discursos se puede apreciar que condenaba la corrupción y resaltaba el diálogo y el intercambio de ideas como pilares de la sociedad.

Bolívar, además, creía en la libertad de expresión y en la prensa libre.  Para él era prioritario alcanzar un gobierno eficiente. Para ello, a su vez, era particularmente importante promover la educación. El general, además, creía firmemente en la participación ciudadana, en el desarrollo de las libertades y en la integración de los pueblos latinoamericanos.

En Venezuela, la dictadura ha establecido exactamente lo contrario. El gobierno de Maduro está signado por múltiples acusaciones y sospechas de corrupción, su gobierno es absolutamente ineficiente, no se permite la participación democrática, se persigue y criminaliza la disidencia, la libertad de prensa ha sido notoriamente sesgada, y lejos de lograr una integración latinoamericana, Venezuela se ha convertido en una república aislada, con bajos niveles de educación universitaria porque los profesores han huido a otros países. Bolívar no entraba a las casas de la oposición y se llevaba a la gente secuestrada. Por lo dicho, la gestión de Maduro es esencialmente anti bolivariana.

Es hora de que Venezuela y América Latina reivindiquen al verdadero Bolívar, al auténtico visionario cuya imagen real es muy distinta de la que pregona de él la dictadura venezolana, una dictadura que manipula su nombre, su legado y su herencia política, un falso gobierno bolivariano que lejos de liberar al pueblo venezolano, lo mantiene en una cárcel de pobreza, sometimiento y fraude.

Manuel Escorza Hoyle
Abogado y psicoterapeuta