Constitucionalmente, el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona en su vida, su integridad moral, psíquica y física, su propiedad, inviolabilidad de su domicilio. Tales obligaciones del Estado son mediante servicios públicos que son la actividad creada y controlada para asegurar la satisfacción de necesidades públicas, de carácter material, económico, cultural y seguridad, sujeta a un régimen de derecho público y sometida a una regulación intensa. Un servicio público es la seguridad ciudadana.
En el Perú, como casi en todos los países, han existido delincuentes. Ante la delincuencia el Estado está obligado a prestar a la población el servicio público de seguridad cuyo objeto es garantizar su vida, integridad física, su libre tránsito, sus bienes. Existen normas legales (códigos) donde están tipificados los actos delictivos y sus sanciones y que deben aplicarse (sentenciarse) de conformidad con procedimientos (Códigos Procesales Penales). El Estado, en cumplimiento de sus obligaciones tiene servicios de seguridad: Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, que – cada uno – tiene deberes y obligaciones para prevenir y/o sancionar (sentenciar) a los que cometen delitos en agravio de cualquier persona (natural y/o jurídica).
En años recientes en el Perú, con la llegada de delincuentes de diversas nacionalidades, se ha incrementado tanto la delincuencia como las modalidades delictivas que “siguen imbatibles” no obstante el trabajo policial y de los serenazgos municipales. Los delincuentes actúan personalmente y en bandas. Cada día la Policía captura a muchos delincuentes (en Lima y en provincias) que con los atestados respectivos son puestos disposición del Fiscal correspondiente quien los denuncia ante el Juez Penal quien debe procesarlos y sentenciarlos con arreglo al debido proceso.
Detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía y luego denunciados al Juez Penal, existen otros problemas que implícitamente favorecen a la delincuencia. Uno es que los establecimientos carcelarios estas sobre saturados; otro que los procesos ante el Ministerio Público (los fiscales) y luego en el Poder Judicial (los jueces penales de todas las instancias) demoran en tramitar los expedientes judiciales corriéndose el riesgo que sobre venga la prescripción del delito con lo que no solamente se da libertad a los autores de delitos sino hasta se les borra sus antecedentes. Otra es que por razones que son altamente discutibles, al detenido por la Policía, fiscales y/o jueces penales resuelven dándoles libertad o “libertad condicional” y los delincuentes vuelven a las calles a seguir delinquiendo. (Objetivamente: reiteradamente jefes policiales informan públicamente a periodistas en televisión, que “ya antes se puso al actor del delito a disposición del fiscal y éste y/o el juez penal, les concedió libertad y han vuelvo a ser detenidos por la Policía por nuevos delitos). Otro hecho es que los delincuentes, aunque sean sentenciados, no devuelven los bienes hurtados y/o robados ni pagan al agraviado suma alguna de reparación civil, y pese a ello –que conocen perfectamente bien fiscales y/o jueces – no obligan al delincuente a que devuelva los bienes a sus víctimas. También muchos delitos se cometen en bandas que son dirigidas por otros hampones desde las prisiones.
Otro hecho espeluznante para la sociedad es que los autores de delitos detenidos y/o sentenciados son sostenidos gratuitamente por el Estado que los alimenta y cuida de su salud. No hay noma legal que los obligue a trabajar para sufragar su sostenimiento. En los Centros de reclusión debe haber talleres de trabajo de mercaderías para los mercados, de donde obtengan salarios para sostenerse, Dichos talleres pueden ser alquilados a empresas privadas y sus trabajadores deben ser solamente detenidos y/o sentenciados.
En la situación actual, el Estado debe edificar más cárceles, pero debe construirlas en las alturas de los Andes, habilitándolas de talleres de trabajo.
Los delitos que más se están cometiendo son: hurto, hurto agravado, robo, robo agravados, lesiones, homicidio culposo y doloso, parricidio, trata de personas (prostitución) secuestro, extorción, intimidación, violación, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, delincuencia organizada, robo en casas habitación, sicariato, ciberdelincuencia (fraudes informáticos, con estafas virtuales y las suplantaciones de identidad), robo en establecimientos, tráfico de drogas, minería ilegal, corrupción (en la actividad pública y privada), delitos con armas de fuego y/o explosivos, etc.
¡Es hora de combatir la delincuencia!
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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