El reciente amparo que ha ganado en el Tribunal Constitucional el abogado Arsenio Oré, en la práctica es un sismo de 5 grados que golpea las bases del caso “Cocteles” que ha llevado a juicio a Keiko Fujimori y otros 47 procesados y parece ser el preludio de otros de mayor magnitud que tendrá que tragar amargamente el Equipo Lava Jato por el apresuramiento en la acusación a Fujimori presentada sin atender apelaciones de la defensa pocos días antes de la campaña presidencial 2021.
Sin embargo, la ausencia de prolijidad en la formulación e individualización de las acusaciones, el sesgo parcial y el manejo político no han sido patrimonio del dúo Vela – Pérez, en esa comparsa los han acompañado el juez Víctor Zúñiga a cargo de la etapa de control de acusación, la salas penales de apelaciones y la Corte Suprema. Sería injusto achacarle a los fiscales la responsabilidad completa en el culebrón judicial de más de 15 mil folios, 1,031 testigos y tesis que contemplan hechos que no constituían delito antes del 2019; y que, a decir del agraviado penalista, podría llevar a 51 mil interrogatorios lo que tomaría unos 14 años, calificándolo de “inviable”.
La sentencia del máximo intérprete de la Constitución deja al descubierto una serie de abusos y arbitrariedades en el proceso y anula en el caso de Oré todo lo actuado después de enero 2019, desaparece su acusación por obstrucción a la justicia y retrotrae el proceso lo que implica la pérdida de 5 ½ años, la reformulación de la acusación que el Fiscal Pérez tendrá que hacer por la terquedad de su par Rafael Vela de mantenerlo a cargo de la carpeta aun cuando se había constituido como agraviado, en síntesis manteniéndolo como juez y parte. Algunos especialistas consideran que esta sentencia probablemente arrastrará el delito de organización criminal que, según reciente resolución del Tercer Juzgado Penal Colegiado a cargo del juicio ha sido formulado en la acusación como un delito conexo e indivisible, uno arrastra a otro y difícilmente el delito por obstrucción a la justicia podrá ser desmembrado sin afectar mortalmente al de organización criminal y viceversa. El color de hormiga se intensifica cuando se analiza que las resoluciones que anula el TC comprenden también a otros 15 abogados, al Partido Fuerza Popular, a Fujimori y su cúpula; las resoluciones hoy nulas comprenden también el auto de enjuiciamiento y la resolución 1 que fijó el inicio del juicio que tuvieron como precedente las resoluciones anuladas. Un sencillo razonamiento nos lleva a la conclusión que si se ha declarado fundado el agravio para Oré procede con sus co-acusados, a igual razón igual derecho; una decisión que el Colegiado dilucidó el último lunes optando por excluir no sólo al Dr. Oré sino a sus co-acusados. La decisión judicial ha vuelto a remover los cimientos sobre los cuáles se construyó la acusación y ha dejado en evidencia las dificultades severas que tendrá que enfrentar el fiscal José Domingo Pérez para probar la existencia de una organización criminal sin motivaciones claras y sin obstrucción a la justicia, así como concentrarse en probar la ilicitud de los aportes de campaña, algo que todos los penalistas coinciden en señalar no era delito entre 2010 y 2018.
El agravio resuelto por el TC sólo es uno de otros tantos presentados hace años por los acusados, algunos de los cuáles se han dejado al voto como el presentado por el ex Secretario General naranja, José Chlimper, por haberlo acusado por delitos que no fueron materia de investigación en fase Preparatoria pero que se incluyeron en una de esas 22 devoluciones de la acusación fiscal a José Domingo Pérez que el juez Víctor Zúñiga tan amable e ilegalmente le prodigó. Demás está decir que el modus operandi descrito se replicó a otros co-investigados.
Aún falta ver las repercusiones que producirá la decisión pues será el juez de control de acusación el que anule las respectivas resoluciones materia del mandato del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía que deberá anular las disposiciones emitidas por el delito de obstrucción a la justicia antes de derivar la investigación a otro fiscal provincial. En lo inmediato, la Fiscalía deberá rehacer el expediente de 15 mil folios retirando todas las menciones, pruebas y testigos con respecto al delito de obstrucción a la justicia así como reestructurar la pena.
A 45 días de inicio del juicio por el caso “Cocteles” todo indica que los peruanos vamos a espectar lenta y prolongadamente cómo se desbarata por partes un proceso “emblemático” debido a su conducción anti técnica y debemos preguntarnos cuantos cientos de ciudadanos sin visibilidad mediática son sometidos por la justicia a abusos y arbitrariedades sin que tengan oportunidad ni dinero para hacer prevalecer el respeto a sus derechos constitucionales.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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