Fujimori ha muerto pero Petroperú no

Y todo parece indicar que el gobierno de Dina Boluarte quiere prolongar la agonía de Petroperú por un tiempo indefinido gracias al aporte del Estado mediante nuevas ayudas financieras en distintas formas, una de ellas la capitalización de las deudas que tiene con el Estado por una suma del orden del US$ 1,500 millones. 

De acuerdo al Decreto de Urgencia No. 013-2024 recientemente publicado en El Peruano, que como bien sabemos tiene fuerza de ley conforme a la Constitución, se aprueba de manera excepcional la capitalización en Petroperú del Apoyo Transitorio Decreto de Urgencia No. 0010-2022 hasta por US$ 750 millones. Asimismo conforme al  referido DU 013-2024, se aprueba la operación de endeudamiento a corto plazo bajo la modalidad de Garantía del Gobierno Nacional por un monto en soles equivalente a US$ 1,000 millones en respaldo de las obligaciones a cargo de Petroperú. 

Sin perjuicio de lo anterior y con arreglo al mismo decreto de urgencia, el Estado asume las obligaciones de Petroperú correspondientes al segundo semestre del 2024 originadas por la emisión de bonos con garantía de la Compañía Española de Seguros de Crédito  (CESCE) para financiar el proyecto de “modernización de la refinería de Talara” que nos vendió el ministro Castilla en la década pasada durante el gobierno de Ollanta Humala. ¿A cuánto asciende esa suma? No se indica en dicho decreto. Adicionalmente el Estado asume  y capitaliza las obligaciones de un préstamo del Banco de la Nación a Petroperú por la suma de US$ 800. Millones. 

La relación de estas ayudas financieras es interminable y quizás ni el ministro de Economía y Finanzas José  Arista ni el de Energía y Minas Rómulo Mucho tengan una idea exacta de su monto, que por cierto nuestra presidenta Dina Boluarte debe ignorar por completo, dado que esas complicadas materias van más allá de su limitada comprensión. La pregunta entonces es por qué el Estado peruano sigue la senda no luminosa, pero si ruinosa de todas estas operaciones. La primera respuesta que se me viene a la cabeza, es que la insolvencia de Petroperú como empresa de propiedad íntegra del Estado afectaría el grado de inversión del Perú como país. Este argumento posiblemente es correcto. El otro sería que en estos momentos Petroperú no es privatizable por su enorme pasivo y en todo caso tendría que serlo por partes, una vez que su principal activo productivo, la  modernizada refinería de Talara, trabaje a plena capacidad y por lo menos genere utilidades operativas. ¿Eso cuando ocurrirá? Tengo la impresión que nadie lo sabe.

Bajo tales circunstancias, ¿cuál  solución cabe ahora que el gobierno descartó la propuesta de su directorio presidido por el señor Oliver Stark? El cuento de las empresas estratégicas no da para más. Alguna vez escuché que Winston Churchill solía decir qué en tiempos de guerra, hasta el cierre relámpago de los soldados era estratégico. La sangría de Petroperú debe terminar y mientras más rápido mejor porque semejante hemorragia puede quebrar a la República del Perú. Es hora que el gobierno tome alguna decisión que no sea la de botar más dinero en una empresa financieramente insolvente. El pueblo peruano lo demanda a sus actuales gobernantes.

Martín Belaunde Moreyra. 
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.