La delincuencia constantemente se incrementa con crueldad. Los agraviados son varones o mujeres de toda edad; son víctimas a cualquier hora del día o noche en calles, carreteras, centros comerciales, de trabajo o estudio, en vehículos hasta en viviendas. En las vecindades nadie tiene seguridad, hasta niños y ancianos son agraviados por delincuentes que usan armas blancas y/o de fuego (hasta explosivos) o a golpes causan lesiones o la muerte a sus víctimas. Existen diversas modalidades delincuenciales: hurto, robo, estafa, intimidación, extorsion para obtener cupos, etc.; cometen los delitos individualmente o en compañía y hasta tienen sus organizaciones (bandas) en diferentes modalidades. Asaltan vehículos de transporte de carga, centros comerciales o de producción para apoderarse de productos; otros se “dedican” al robo de vehículos (automóviles, camionetas, moto taxis, motocicletas y hasta bicicletas) que venden en “otros lugares” o desarman para provisionar “de repuestos” a los reducidores; el sicariato se ha incrementado y utilizan menores de edad. Es cotidiano en calles el hurto o robo de celulares, laptops, carteras, billeteras, mochilas. Al delincuente no le preocupa que sea filmado y/o detenido por el serenazgo y/o policía porque casi inmediatamente tiene “el patrocinio” de abogado especializado y con experiencia en esos delitos; conoce que teniendo en cuenta el valor de lo hurtado o robado será considerado “como delito menor” y lo ponen a disposición del Juez de Paz quien le concederá libertad. Si el hecho tiene mayor gravedad, sus “defensores” lo patrocinarán para que les puedan conceder libertad o detención domiciliaria; si obtienen “libertad” volverán a las calles a delinquir. Si no logran inmediata libertad, hay especialistas en demorar el trámite judicial penal con el objetivo que sobrevenga la “prescripción” que la puede resolver de oficio el juez penal (primera instancia) o superior concediéndoles libertad y borrándoles sus antecedentes penales. ¡Hay mucho más que comentar!
Es sorprendente, insólito y agraviante que a los delincuentes que hurtan, roban y apoderan de bienes de sus víctimas o los lesionan – con armas blancas o de fuego, lesionando y hasta matándolos –, estando detenidos, sea durante el tiempo que los juzguen en el Poder Judicial o después de sentenciados (con sentencia firme y/o ejecutoriada), y obviamente están encarcelados, son sostenidos (mantenidos) gratuitamente por el Estado en las prisiones. Les “dan” gratis casa, comida y aun servicios médicos. Se les mantiene con fondos “del erario nacional”, es decir con los impuestos que obligatoriamente pagan las personas naturales y jurídicas. Lamentablemente, legalmente, ni siquiera obligan al delincuente que devuelva a sus víctimas lo hurtado, robado o estafado y/o que indemnicen al agraviado si lo lesionan o asesinan. Tampoco pagan la reparación civil. ¿Eso es justicia?
Es inaudito, los Poderes Ejecutivo y Legislativo no promulgan normas legales efectivas y de cumplimiento obligatorio estableciendo que todo detenido en las “respectivas” prisiones, obligatoriamente trabaje para pagar su sustento personal – y familiar, si es el caso –. Ningún detenido o sentenciado debe recibir gratuitamente alimentos.
Como las autoridades alegan que los actuales centros de reclusión están “saturados”, el Estado debe “edificar” a la brevedad urgentemente nuevas prisiones en alturas andinas. En todas las prisiones obligatoriamente deben edificarse talleres y/o fábricas para alquilarlos a empresas de la actividad privada para producir mercaderías y/o bienes, según interés de los empresarios, para venderlos en los mercados nacionales o para exportarlos. Los trabajadores deben ser sin excepción solo detenidos y/o sentenciados y estar regidos en su prestación de trabajo dependiente y subordinado a las normas laborales normales. Las jornadas diaria y semanal de labor deben estar controladas y registradas. Los empresarios que alquilen esos centros productivos deben aceptar las condiciones que se establezca.
Los jueces, bajo responsabilidad personal, deben resolver en las sentencias condenatorias disponiendo privación de libertad, que esa privación debe ejecutarse con la obligatoriedad que el condenado labore para que pague su subsistencia. Las víctimas de los delincuentes no deben sostenerlos a través del erario nacional. El Ejecutivo y Legislativo deben establecer de inmediato que los que delinquen sólo con el trabajo se resocializan.
En todos los centros de reclusión (antiguos y/o nuevos) instalar obligatoriamente sistemas que eviten comunicaciones telefónicas y/o con medios y/o sistemas sofisticados
Normar que los administradores de justicia no dilaten los procesos judiciales penales
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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