Existe una clase de ciudadanos, principalmente operadores de justicia, que son intocables, son las vacas sagradas de nuestro sistema de justicia, no hay delación denunciada en la prensa que los comprometa y genere que el Ministerio Público les abra investigaciones preliminares ágiles que deriven en carpetas fiscales y posteriores condenas; sin embargo, su buena estrella parece haber terminado. Esta semana la Fiscalía de la Nación anunció una investigación preliminar por organización criminal a más de 17 personas, algunas famosas como Dina Boluarte, Karelim López, Marita Barreto, Alberto Otálora, Harvey Colchado, tres congresistas, los periodistas Beto Ortiz y Rossana Cueva, entre otros; la investigación se origina en la denuncia del colaborador Zamir Villaverde y la investigada Yaziré Pinedo, quienes sostienen que existió una estrecha relación de amistad y prebendas entre fiscales de Eficoop – DIVIAC y la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, así como un complot para destituir a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La trama se torna aún más enrevesada cuando la investigada Yaziré Pinedo, asegura fue “retenida” en el domicilio de Karelim López por orden de su ex pareja y ex premier Otárola; agrega que durante ese periodo fue testigo de la cercanía e influencia de López con Otárola, de la coordinación directa con la Fiscalía a través de Marita Barreto y el Coronel (r) Harvey Colchado, y denuncia que durante su retención fue entrevistada por programas periodísticos, entrevistas que fueron coordinadas por Karelim López.
Tras la publicación de convenios de colaboración eficaz con Odebretch y Graña & Montero, los ciudadanos hemos podido constatar que dos fiscales y dos procuradores se entregaron a la corrupción, dejaron que los corruptos les torcieran la voluntad traducida en acuerdos entreguistas; personajes endiosados durante los gobiernos de PPK y Martín Vizcarra, durante años los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez fungieron de héroes, aunque hoy sabemos que lo que mejor hicieron fue subir de categoría social, adquiriendo propiedades, dedicándose a viajar, hospedándose en hoteles 5 estrellas. 10 años de dolce vita, resultados insignificantes, sin que nadie les pida cuentas, a no ser el ex fiscal Pedro Chávarry que pagó con su destitución por tamaña osadía. Desde la Procuradoría General también se trabajó a favor de Odebretch y sus amigos colocando a un par de novatos como Jorge Ramírez y Silvana Carrión a los que no se le ocurrió mejor solución que cobrarles en 10 años la irrisoria suma de 600 millones de soles, pero a estos tampoco les pasa nada. Tamaño “error”, involuntario presumamos, no debió ya ser sometido a escrutinio desde la Fiscalía y desde Procuradoria, incluyendo a la jueza que homologó el acuerdo entreguista?
Hace 9 meses el secretario general del MP, Jaime Villanueva, denunció a Patricia Benavides, Miguel Girao, entre otros, por negociar carpetas fiscales por dinero o apoyo, En su delación, Villanueva habló de dos personajes que coordinaron estrategias fiscales e incluso archivamientos y señaló que tanto Rafael Vela como José Domingo Pérez coordinaron la estrategia del caso Cócteles con el periodista Gustavo Gorriti; la investigación permanece durmiendo el sueño de los justos, no existen allanamientos, levantamiento del secreto de las comunicaciones ni detenciones preliminares; ni una medida coercitiva, son las vacas sagradas del Ministerio Público.
Los jueces de garantías que gustan de apresar a investigados en decisiones cuestionadas, por lo general, revocadas en instancias superiores, siguen sentados en sus puestos a pesar de su deficiente desempeño, nos referimos a los jueces Concepción Carhuancho, Raúl Justiniano y Víctor Zúñiga; pareciera que no hay quién les enmiende la plana ni Junta Nacional que los remueva a pesar que los dos primeros fueron acusados de abuso de autoridad por haber mantenido en las mazmorras de DIVIAC a investigados con el mandato de detención vencido. Algo les pasa a estas vacas sagradas? Nada, sobretodo porque para la flamante Presidenta del Poder Judicial su institución “no está en crisis”!
Los signos exteriores de riqueza de todos estos operadores fiscales y judiciales deberían ser rigurosamente escrutados, los sueldos de algunos de ellos no superan los 20 mil soles mensuales pero exhiben propiedades valorizadas por encima del medio millón de dólares, algo que no parece inquietar a sus jefes y menos motivar las correspondientes investigaciones. Mientras existan vacas sagradas para los órganos que administran justicia nada cambiará, el poder de facto irá mutando de un periodo a otro garantizando la impunidad de quiénes desde sus sitios de poder deben perseguir el delito y administrar justicia pero que quiebran la ley sin que paguen por ello. Así como en el Congreso, en estos órganos es claro que otorongo no come otorongo.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.


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