Sin duda el 20 de enero del año 2025 nos ha dado múltiples lecciones, tanto a los países que conforman América Latina, como a los Estados Unidos nuestro vecino del norte. En primer lugar, no cabe considerar al concepto geográfico y cultural de América Latina como una unidad política y económica, por la sencilla razón que no lo es. Se trata de un conglomerado de países ubicados al sur del río Grande, todos hispano parlantes salvo el Brasil que habla el portugués y por cortesía el pequeño Haití donde se habla francés. El único vecino latinoamericano de los Estados Unidos es México con una larga frontera desde California en el Océano Pacífico hasta Texas en el histórico Golfo de México, que el Presidente Trump quiere cambiar de nombre para denominarlo Golfo de las Américas, como si los Estados Unidos fueran el dueño del mundo.
Se trata de una lamentable soberbia basada en la ignorancia que nos retrocede a la era de la diplomacia del Dólar, que creíamos superada pero que aún sobrevive en sus peores manifestaciones. En la década del treinta del siglo XX el Presidente Franklin D. Roosevelt inauguró la Era del Buen Vecino que bajo diferentes facetas se prolongó durante la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, después la distensión entre Estados Unidos y Rusia para terminar en el conflictivo momento multipolar que hoy vivimos. Durante esas décadas surgió el llamado Tercer Mundo por el colapso del colonialismo y la emergencia de nuevas potencias, entre ellas China que se proyecta como un probable sucesor de los Estados Unidos en el ámbito económico, científico, tecnológico y militar.
Estados Unidos hoy enfrenta varios desafíos y necesita de la colaboración de sus vecinos, fueren del norte como Canadá al que torpemente denomina el Estado No 51, o del sur como México y de los demás países del Caribe, América Central y Sudamérica. En medio de ellos está Panamá, al que amenaza con arrebatarle la administración del Canal con el pretexto que ha caído en manos de China. ¿Es cierta esa afirmación? Aparentemente se sustenta en la intervención de algunas empresas de capitales chinos que directa e indirectamente desempeñan un rol auxiliar en su operación.
Desde el año 1999 cuando Panamá asumió la exclusiva administración del canal, su capacidad ha aumentado significativamente mediante la construcción de una tercera esclusa que permite el paso de barcos de mucho mayor calado y tonelaje que antes no podían cruzarlo. El Presidente Trump se ha quejado públicamente que los barcos de la marina mercante norteamericana deben pagar tarifas exorbitantes., lo cual significaría para él un trato discriminatorio respecto de los Estados Unidos.
Aquí cabe la pregunta, ¿esas tarifas se aplican exclusivamente a los barcos norteamericanos o en general a todas las embarcaciones que utilizan el canal? Si fuera el primer caso podría hablarse de un trato discriminatorio pero si las tarifas se aplican a todos los usuarios, entonces dicha afirmación carece de sustento. En todo caso podría originarse de una administración costosa e ineficiente que podría dar lugar a un diálogo multilateral entre los países usuarios del canal, pero no de una invasión armada sustentada en el recuerdo histórico que Estados Unidos lo construyó hace más de 100 años
Nosotros desde el Perú, ¿qué podemos hacer frente a este eventual conflicto? Somos una pequeña potencia en el sentido tradicional del término pero también jugamos un rol en la comunidad internacional y además la operación del Canal de Panamá nos afecta directamente tanto en el plano comercial como económico y financiero. Somos lo que ahora se denomina un stakeholder y por consiguiente, debemos defender nuestro derecho que el Canal de Panamá sea operado eficazmente por el país que soberanamente lo administra, el cual debe respetar los derechos de todas las partes involucradas, no solo de los Estados Unidos.
Martín Belaunde Moreyra.
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
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