En el Perú, el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en mujeres y su incidencia no deja de crecer. De acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), solo en 2020 se reportaron más de 7,000 nuevos casos y 1,800 fallecimientos. Sin embargo, a pesar de esta alarmante realidad, seguimos enfrentando un problema estructural que pone en riesgo la vida de miles de pacientes: la ineficiencia en la adquisición de medicamentos.
En los últimos cinco años, el Ministerio de Salud ha devuelto más de S/ 800 millones en medicamentos, de los cuales un 10% correspondía a tratamientos oncológicos. Solo en 2024, S/ 23 millones fueron devueltos, monto que pudo haber cambiado la historia de 155 mujeres con cáncer de mama. Estos números no solo reflejan fallas en la planificación y gestión de compras, sino también una oportunidad desperdiciada para salvar vidas.
En este contexto, la reciente aprobación de la Ley General de Compras Públicas (Ley N.º 32069) y su reglamento (D.S. N.º 009-2025-EF) ofrecen una oportunidad sin precedentes para transformar la manera en que el Estado adquiere medicamentos esenciales. Entre sus disposiciones, la ley establece los Mecanismos Diferenciados de Adquisición (MDA), una herramienta diseñada para optimizar la compra de tratamientos innovadores y garantizar su acceso oportuno.
Pero, ¿qué ha pasado en estos tres años desde que la Ley Nacional del Cáncer (Ley N.º 31336) reconoció la necesidad de estos mecanismos? Nada. Los MDA no han sido implementados, dejando a los pacientes y sus vidas, a merced de un sistema burocrático que retrasa la llegada de terapias innovadoras y permite que millones de soles en medicamentos se pierdan en trámites y devoluciones.
Otros países de la región han comprendido la urgencia de actuar con eficiencia. Chile, Argentina y Uruguay han adoptado estrategias como los acuerdos de riesgo compartido, que permiten incorporar terapias innovadoras sin comprometer la sostenibilidad del sistema de salud. Mientras tanto, en el Perú, seguimos atrapados en procesos de compra que pueden tardar entre 7 y 9 meses en adjudicarse, según declaraciones del propio director de CENARES en julio de 2024. Será, ¿qué los responsables de las adquisiciones no son conscientes de la responsabilidad que asumen ante procesos ineficaces que rompen stocks y tratamientos arriesgando curaciones e impactando en el tiempo de vida de los pacientes?
El tiempo es un recurso que los pacientes con cáncer no pueden permitirse perder. La implementación de un piloto de MDA antes de julio de este año, con la compra de medicamentos oncológicos para el tratamiento del cáncer de mama, permitiría evaluar su impacto y facilitar su expansión dentro del sistema de salud pública. Además, con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo el 22 de abril de 2025, Perú Compras tiene el mandato legal para ejecutar estos pilotos y agilizar las adquisiciones de tratamientos urgentes.
El cáncer no espera, y las políticas públicas no pueden seguir operando con la lógica de la postergación. Cada día de demora en la implementación de estos mecanismos es un día en el que una paciente pierde la oportunidad de recibir un tratamiento que podría salvarle la vida. Si realmente queremos honrar la Constitución que establece el Derecho Universal a la Vida y la Salud de los peruanos y el compromiso asumido en la Ley Nacional del Cáncer, el Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que los recursos se utilicen con eficiencia y sentido de urgencia.
El momento de actuar es ahora. Apostar por compras inteligentes no solo es una necesidad, sino una obligación moral.
Alejandro Jiménez Morales
Ex Gerente General del OSIPTEL. Director Gerente de la Consultora All Business Solutions S.A.C.


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