Cecilia Palacios C.
El huracán Trump ha dejado expuesta la manera cómo desde su organismo de asistencia y ayuda humanitaria USAID se ha financiado a nivel mundial agendas ideológicas invirtiendo miles de millones de dólares en la promoción de agendas políticas, principalmente, en países tercermundistas. El anuncio de la suspensión de asistencia norteamericana a nivel mundial por 90 días y la reestructuración de USAID no es desde luego una buena noticia para el Perú que por más de 60 años ha recibido asistencia técnica y financiera para la lucha contra el narcotráfico, el impulso a actividades agrícolas alternativas como el cacao y el café, asistencia tecnológica, entre otras etc. Pero no es ese tipo de asistencia la que ha motivado el desplome de USAID sino el despilfarro de miles de millones de dólares para promover agendas sociales, de género, políticas, de control de natalidad, “inclusivas”, agenda woke, LGTB+, temas electorales, temas raciales, entre los más llamativos. Lo que es inadmisible es que, amparada en la cooperación internacional, USAID haya tenido injerencia en temas neurálgicos de nuestra democracia, es inaceptable que haya impuesto posiciones ideológicas determinadas, subvencionando agendas políticas, culturales o sociales; y, lo que es más grave aún es que en la práctica haya comprado líneas editoriales alternativas que durante los últimos 20 años han impuesto la cultura de lo políticamente correcto, el pensamiento único, que hayan financiado la polarización del país entre aquellos que representan la reserva moral y el resto que son la escoria, la mafia y casi el diablo.
Así, la cofradía políticamente correcta ha dictado clases de civilidad desde las oegeneras Idea Internacional y Transparencia, clases de periodismo y de justicia desde IDL Reporteros, clases de investigación desde portales como Convoca, Ojo Público, Epicentro o La Encerrona, clases de defensa a los derechos de la mujer desde grupos feministas como Manuela Ramos, clases maestras de defensa de los derechos humanos desde organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos y un sinfín de organismos cuya existencia ha sido imponer al unísono de manera concertada ciertas “verdades”; por ejemplo, que la estrategia Lava Jato debía enfocarse en aportes de campaña a políticos y no en la corrupción de funcionarios públicos y empresas constructoras; que un Congreso es “obstruccionista” cuando fiscaliza si se trata de PPK o Vizcarra pero es “cómplice” cuando no fiscaliza a Dina; mediante financiamiento de ONG´s ambientalistas convenció que la minería formal era el demonio logrando su ralentización y hasta paralización de proyectos, recordemos “Agua sí, oro no” “ Conga no va”; en 2019 legitimó el golpe de estado de Vizcarra y aupó al gobernante corrupto en todas sus medidas anti técnicas en pandemia que nos colocaron como primer país en el mundo en muertes por millón de habitantes; en 2020 nos concientizó que el sucesor constitucional Manuel Merino no era “legítimo” pero que Francisco Sagasti del Partido Morado sí lo era, pese a que en las urnas su partido sólo había obtenido 3 curules de los 130; durante las elecciones de 2021 esa maquinaria mediática hizo campaña a favor del profesor humilde de “buenas intenciones” omitiendo las peligrosas asociaciones de Pedro Castillo con movimientos terroristas, ultras y economías ilegales; durante los primeros 6 meses de gestión del “Prosor” esta prensa financiada fue ciega y sorda sobre la falta de idoneidad de su gabinete y la corrupción rampante, sólo se percató de la parcelación de ministerios a favor de organizaciones políticas (Perú Libre, JPP, Nuevo Perú, etc) y de sus ilícitos cuando Castillo le dio un puntapié a dos ilustres representantes de la reserva moral, la anti minera Mirtha Vásquez y el neófito en seguridad Avelino Guillén, a quién nunca se le culpó de la inseguridad ciudadana. Esa misma reserva moral que hoy detesta a Dina Boluarte cerró filas para defender su derecho a postular como vicepresidenta de la República siendo funcionaria del órgano electoral RENIEC, le allanó el camino a la sucesión constitucional, pero como ésta no hizo alianza con la elite políticamente correcta hoy es su verduga; así, esta prensa “asistida” y estos “especialistas” a sueldo son los todopoderosos con conexiones internacionales para decirte que es lícito destrozar y bloquear carreteras, que no es terrorismo asaltar aeropuertos, que no es vandalismo incendiar entidades públicas y que aquellos miembros del orden que causaron bajas en el uso legítimo de sus armas para restablecer el orden son asesinos.
Tal vez el mayor daño infligido a nuestra sociedad es que USAID, entre otras organizaciones internacionales como la Unión Europea, ha ejercido una permanente intromisión en nuestra vida política distorsionando nuestra democracia, imponiendo patrones únicos de pensamiento, promoviendo orientaciones políticas, de género, desarrollo del lenguaje inclusivo, etc., destinando miles de dólares para financiar proyectos periodísticos que han marcado la agenda nacional; esta subvención no ha sido otra cosa que la compra escandalosa de líneas editoriales y de conciencias, colocando en vitrina a personajes a sueldo presentados como “especialistas”; periodistas y opinologos “independientes” la mayoría subvencionados jugosamente desde el extranjero, algo parecido a lo que hizo Vladimiro Montesinos con los diarios “chicha” pero más sofisticado. Ahora se entiende la razón por la que cerraron filas en bloque embajadas, organismos no gubernamentales peruanos y extranjeros, así como la prensa “crítica e impoluta” para manifestar su oposición al proyecto de ley de fiscalización de la cooperación internacional que no promueve otra cosa que la transparencia, transparencia que los políticamente correctos exigen a otros pero se resisten a que se les exija.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.


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