- Contexto General
La mujer rural desempeña un papel estratégico en la sostenibilidad alimentaria, la economía agrícola, el cuidado de la biodiversidad y la cohesión social. En América Latina y el Perú, pese a su importancia, continúa enfrentando discriminación estructural, desigualdad en el acceso a derechos básicos, y escasa representación en espacios de poder y decisión.
En el Perú, las mujeres rurales —particularmente en zonas andinas y amazónicas, presentan mayores índices de pobreza, exclusión educativa, brechas en salud y protección social, así como una alta incidencia de violencia basada en género. Esta situación es incompatible con los principios constitucionales de igualdad, equidad, desarrollo humano y dignidad.
- Situación Actual: Brechas Persistentes
Solo un pequeño porcentaje de mujeres rurales posee tierras legalmente a su nombre.
Más del 50% tiene acceso limitado o nulo a servicios de salud materna y reproductiva.
Persisten altos niveles de analfabetismo femenino rural, especialmente entre mujeres quechua, aimara y amazónicas.
Las políticas públicas existentes no logran articular de forma efectiva un enfoque integral, intercultural y de género.
- Marco de Políticas Existente (y sus limitaciones)
El Estado peruano ha impulsado algunos programas y normativas:
Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG 2022–2030).
Programas productivos del MIDIS (Foncodes, Haku Wiñay).
Intervenciones contra violencia del MIMP.
Sin embargo, estos esfuerzos son fragmentados, poco articulados, y de alcance limitado en zonas rurales dispersas o con población indígena.
- Objetivo del Proyecto de Ley
Establecer un marco legal integral que garantice el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de las mujeres rurales, promoviendo su empoderamiento y participación activa en el desarrollo nacional, con enfoque territorial, intercultural y de género.
- Ejes Propuestos en la Iniciativa Legislativa
a. Derechos y garantías específicas:
Acceso equitativo a la tierra, crédito, asistencia técnica y tecnologías rurales.
Servicios de salud y educación con pertinencia cultural e igualdad de género.
Protección frente a toda forma de violencia basada en género en contextos rurales.
Reconocimiento legal de los saberes ancestrales, roles comunitarios y participación política.
b. Institucionalidad y políticas públicas:
Creación de un Sistema Nacional de Protección y Empoderamiento de la Mujer Rural.
Presupuesto específico con partidas regionales descentralizadas.
Fortalecimiento de alianzas entre sectores del Estado, gobiernos regionales, comunidades y sociedad civil.
c. Mecanismos de fiscalización y participación:
Consejos consultivos regionales de mujeres rurales.
Mecanismos de monitoreo con enfoque de rendición de cuentas y justicia de género.
- Impacto Esperado
Reducción de brechas de género y pobreza en zonas rurales.
Aumento en la titularidad de tierras por parte de mujeres.
Disminución de la violencia hacia mujeres rurales e indígenas.
Fortalecimiento de la economía local con liderazgo femenino.
Inclusión real de las mujeres rurales en el desarrollo sostenible y la gobernanza.
- Conclusión
Este proyecto de ley busca saldar una deuda histórica del Estado con más de 3 millones de mujeres rurales peruanas. Garantizar sus derechos y promover su autonomía no solo es un imperativo ético y constitucional, sino una estrategia fundamental para lograr un país más equitativo, inclusivo y resiliente frente a los desafíos sociales, económicos y ambientales.
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.
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