El crimen organizado ya no es una amenaza lejana ni un problema policial menor. Hoy se trata de mafias poderosas, con recursos económicos, armas sofisticadas, tecnología avanzada y conexiones políticas que se infiltran en todos los niveles del Estado. Estas organizaciones no solo roban o extorsionan: buscan controlar territorios, influir en decisiones públicas y reemplazar la autoridad legítima del Estado. Lo más grave es que las instituciones parecen desbordadas, debilitadas por la corrupción y la falta de liderazgo.
El Perú enfrenta una crisis de seguridad que ha dejado de ser solo ciudadana para convertirse en una amenaza directa a la seguridad nacional. La Policía Nacional, pese a su esfuerzo y sacrificio, ha sido superada en muchas zonas del país. Las mafias imponen su ley, cobran “cupos”, controlan mercados y amenazan a quienes se resisten. Cuando el crimen se mezcla con intereses políticos o ideológicos, el peligro se multiplica: no solo destruye la tranquilidad del ciudadano, sino que socava los cimientos mismos de la democracia.
Por ello, el país necesita liderazgo político de verdad, capaz de asumir esta lucha con visión estratégica, decisión y coraje. El Gobierno debe coordinar a todas las instituciones del Estado (Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Poder Judicial e inteligencia) para actuar como un solo bloque. En este contexto, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia es vital. Sin inteligencia no hay prevención ni anticipación, y sin anticipación no hay victoria. El Estado debe contar con información oportuna, confiable y articulada para neutralizar las redes criminales antes de que ataquen.
Asimismo, las Fuerzas Armadas deben tener el respaldo legal, logístico y operativo necesario cuando sean requeridas en el combate al crimen organizado. No se trata de militarizar la seguridad interna, sino de emplear los recursos del Estado de manera constitucional, ordenada y efectiva para recuperar el control del territorio. El soldado y el policía, cuando actúan bajo mandato legal, representan al Estado y a la nación; merecen confianza, protección y el equipamiento adecuado para cumplir su misión.
La reforma integral de la Policía Nacional sigue siendo urgente. Es necesario depurar sus filas, recuperar la disciplina, profesionalizar sus cuadros y dotarla de tecnología moderna. El Estado debe premiar el mérito, sancionar la corrupción y devolver al policía el orgullo de servir con honor. Al mismo tiempo, el sistema de justicia debe garantizar sanciones firmes y rápidas. La impunidad, la lentitud y la corrupción judicial son combustible para el crimen.
Tampoco puede ignorarse la responsabilidad política. Existen parlamentarios y autoridades que actúan en beneficio del crimen organizado, bloqueando reformas o protegiendo intereses oscuros. Esa traición a la patria debe ser denunciada y castigada con la máxima severidad.
Todo este esfuerzo, desde la inteligencia hasta la acción operativa, tiene un propósito mayor: devolverle a la población la confianza y la tranquilidad necesarias para trabajar, producir y construir un país en desarrollo y en paz. La seguridad no es solo un deber del Estado, es la base del progreso nacional.
El Perú libra una guerra interna por su soberanía moral y su futuro. Ganarla exige unión, inteligencia, legalidad y coraje. Si el Estado actúa con firmeza y la ciudadanía se compromete, podremos recuperar el orden, la justicia y la esperanza. Rendirse no es opción: el Perú debe vencer al crimen y volver a confiar en sí mismo.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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