Recuperación de bienes robados tras condena al delincuente

Cuando un delincuente asalta y hurta o roba o cuando extorsiona y “obtiene” dinero que su agraviado le entrega por temor a su vida o cuando ingresan a domicilios y/o centros de trabajo y roba bienes, joyas y/o dinero de sus víctimas, los autores de los delitos pueden ser detenidos por la Policía y luego de las primeras investigaciones policiales se acredita (prueba) que es verdad que el delincuente ha cometido el delito por lo que la Policía con el atestado correspondiente lo pone a disposición del Fiscal para que – luego que este magistrado también verifica la veracidad de los hechos y del hurto y/o robo y/o extorsión, etc. – formula la denuncia correspondiente ante el Juez Penal para que lo procese penalmente. Estos son hechos concretos sobre que una persona ha sido agraviado por los delitos mencionados.

Muchas veces el propio delincuente, ante las pruebas, confiesa y reconoce su autoría del/los delitos/s ante la policía que lo ha detenido y/o que lo investigan. También lo reconoce ante el Fiscal y éste con las pruebas y el reconocimiento del delincuente detenido, formula el atestado respectivo. El autor del/los delito/s también lo reconoce ante el Juez penal y en las audiencias del proceso penal que se le sigue.

Aunque muchas veces el/os autor/es de los delitos mencionados pretenden negar su autoría, con las pruebas recopiladas por la Policía y por el Fiscal, queda acreditado que ha cometido el delito y se “ha apoderado” (hurtado y/o robado) bienes inmuebles, de trabajo, dinero, joyas, etc. de su/s agraviados. En ambos casos no hay duda de la comisión del delito por lo que, en el proceso penal al inculpado, los administradores de justicia emiten la sentencia respectiva con la que se condena a pena privativa de libertad al delincuente procesado. Como consecuencia de las actuaciones en el proceso penal y lo probado contra el/os procesado/s, en la sentencia se resuelve que el sentenciado devuelva los bienes al/os agraviado/s y les pague una reparación civil.

Aquí está el problema para el agraviado porque no obstante a que el artículo 222° del Código Procesal Penal establece que “El Fiscal y la Policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o a terceros los objetos incautados (…) con conocimiento del Juez de la Investigación Preparatoria. (…) (SIC). O sea que legalmente los agraviados podrían recuperar sus bienes. Incluso el agraviado puede solicitar al Juez la Ejecución de la sentencia para que proceda al embargo de los bienes del condenado y se pueda pagar la reparación civil, así no sea el plazo de la condena. La acción a seguir es interponer una petición formal ante el Juez de Ejecución penal, quien iniciará el procedimiento para embargar y rematar los bienes del condenado para satisfacer la deuda. Pero este proceso lamentablemente es lento y termina por defraudar al agraviado. Lo expuesto es en caso de bienes muebles.

Mas defraudarte es cuando se trata que el delincuente a robado dinero, joyas, bienes de valor a sus agraviados. Muchas veces ni siquiera cuando la policía detiene al autor del delito, se encuentra el dinero y el ladrón nunca devuelve ni un centavo durante las investigaciones policiales y fiscales ni durante el juicio penal, ni cuando cumple su condena. En el caso de joyas, relojes de marca, aparatos telefónicos, laptops, computadoras, etc. al “apoderarse” de ellos los vende a reducidores. Por ello tampoco devuelven estos bienes ni pagan las reparaciones civiles por lesiones y/u homicidios. ¡Y así cumplen su condena y “salen” en libertad! Y ninguna autoridad fiscal y/o judicial constata que el delincuente, durante su prisión y cuando cumpla su condena, haya cumplido con devolver el dinero, bienes al agraviados o pagado la reparación civil.

Es verdad que hay normas que “puede” usar el agraviado para recuperar sus bienes o que le paguen la reparación civil, pero estos procesos son de duración indeterminada, y deben hacerse con el patrocinio de abogado. En algunos casos, se puede obligar al delincuente a devolver lo robado como condición para recibir beneficios en su pena, como no ir a prisión por penas cortas o acceder a la libertad condicional.

Todos esos trámites le cuestan dinero al agraviado y lo más grave, pérdida de tiempo. Y los delincuentes no tienen bienes susceptibles de embargar para remarlas judicialmente.

¡Total, las víctimas de la delincuencia, pierden todo, hasta sus ahorros! ¿Eso es justicia?

José Roberto Rendón Vásquez. 
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).