Para combatir la criminalidad, imprescindible mejorar los servicios de inteligencia

No obstante, el actuar del abogado, Presidente José Enrique Jerí Oré (Edad: 39 años) (Presidente de la República del Perú por sucesión constitucional), en el marco del estado de emergencia ha dispuesto en su Gobierno, se adopten acciones para combatir la delincuencia. Él está liderando personalmente el despliegue de las fuerzas de orden para frenar el avance de la criminalidad en Lima y Callao. Ha llevado reuniones de trabajo con los Ministros del Interior, de Defensa, el actual alcalde de Lima Metropolitana y con los altos mandos policiales y militares, a fin de acordar el plan de acción ofensivo a ejecutar, según lo anunciado en su mensaje a la nación. El Presidente Jeri está en calles e inspecciona establecimientos penales. Ha supervisado el despliegue militar y policial en diversos distritos de la capital (Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho), implementado en el estado de emergencia para reforzar la seguridad. Se ha reunido con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, quien dio inicio oficial a las operaciones en la capital. Unidades del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea se han desplegado en Ancón, Villa El Salvador, San Borja, Surco, San Isidro, entre otros. Que se recuerde, es la primera vez que un mandatario lo hace personalmente.

No podemos cerrar la visión, la Policía Nacional siempre se ha enfrentado a la delincuencia de diferentes formas, aun exponiendo la vida de sus miembros y ha detenido a autores de delitos y con sus investigaciones expuestas en sus atestados los pone a disposición del Fiscal para que formule la denuncia ante el Juez Penal y el malhechor sea judicialmente procesado penalmente y sentenciado. En muchos casos, la P.N. en su función de proteger a las personas, cuenta con el apoyo de los Serenos municipales.

Pero la extorsión, chantaje, intimidación, rapto, asaltos, asesinatos, hurtos, robos, narcotráfico, trata de personas, etc. siguen imparables a pesar de los esfuerzos policiales y las peticiones públicas con protestas y movilizaciones colectivas para que se combata a los delincuentes. Éstos no solamente actúan individualmente sino – como se está conociendo – están organizados en bandas criminales (integrada por delincuentes peruanos y extranjeros) dirigidas incluso desde centros carcelarios.

Los delincuentes “domicilian” en diversas zonas aún desconocidas por los custodios del orden.

¿Qué está fallando? Evidentemente, pese a los esfuerzos policiales, no logran ubicar a las bandas criminales ni a sus “cabecillas”, ni “sus guaridas” (domicilios); tampoco descubren anticipadamente los actos delincuenciales que proyectan.

Ante ello, los servicios de inteligencia para combatir la delincuencia, que son función de la PNP, deben fortalecerse con suficientes presupuestos para mejorarlos e incrementar el número de policías especializados. Para tal efecto, en el presupuesto anual, el Congreso debe incrementar las partidas destinadas a que la PNP sufrague el aumento de policías especializados debidamente capacitados en servicios de inteligencia. ¡Es innegable: la PNP está combatiendo a la delincuencia!

Simultáneamente, al incremento de los servicios policiales de inteligencia para combatir la criminalidad, debe fortalecerse la presencia policial en todo el país para que continúen enfrentando a los delincuentes que hurtan, roban, asaltan, estafan, extorsionan, chantajean, intimidan, raptan y asesinan, así como a los traficantes de personas y drogas. Cualquiera puede ser agraviado (víctima) de delincuentes en calles, carreteras, establecimientos o viviendas, utilizando o no vehículos.

Es, además, necesario que los magistrados, fiscales y jueces a cargo de acciones penales, en sus respectivas funciones, no dilaten los procesos a su cargo ni “resuelvan” otorgando libertad condicional o bajo “otras” justificaciones. Los detenidos por la Policía, que son puestos a disposición del fiscal y denunciados al juez, si “obtienen” libertad, vuelven a las calles a delinquir. Es fundamental evitar que los procesos judiciales penales “prescriban” por la lentitud en procesar a los delincuentes.

Otros hechos que deben implementarse inmediatamente son:
Que los delincuentes detenidos y/o procesados devuelvan los bienes de sus agraviados y paguen la reparación civil; en caso contrario, no deben salir en libertad, aunque hayan cumplido su pena sentenciada.

Dado que los detenidos y/o sentenciados son sostenidos gratuitamente en las cárceles por el Estado, debe establecerse legalmente que todos ellos sufraguen su mantenimiento con salarios fruto de su trabajo en centros productivos, que deben crearse en todos los establecimientos penitenciarios.
Es indispensable superar el hacinamiento de las cárceles mediante la edificación de nuevas instalaciones, preferentemente en alturas andinas.

Urgentemente instalar en las cárceles equipos que eviten transmisiones telefónicas con el exterior y que deben funcionar con excelencia las 24 horas del día.

José Roberto Rendón Vásquez. 
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).