El Perú está viviendo un momento que nos pone contra la pared. La presión migratoria que llega desde Chile (avivada por discursos duros como los del candidato Kast, que promete expulsiones masivas y tolerancia cero) empuja a miles de personas hacia el norte, y muchos terminan en nuestra frontera sur entrando por pasos clandestinos. Esto no solo genera desorden, sino que alimenta a mafias que lucran con el tráfico de migrantes como si fueran paquetes. Pero sería engañarnos pensar que este problema nació recién. Nuestras fronteras han sido tierra de nadie durante décadas. En la Amazonía y en zonas rurales, el Estado existe más como mito que como realidad: postas atendidas por auxiliares, escuelas sin maestros, carreteras que se vuelven ríos de barro, agricultores que cargan sus productos por horas porque no hay puentes ni apoyo. Mientras tanto, funcionarios sentados cómodamente en Lima administran la pobreza desde el aire acondicionado, como si el resto del país fuera un país distinto.
A esa ausencia histórica se le suma algo peor: la corrupción. Muchos líderes han convertido el Estado en un negocio personal, dejando que el desgobierno sea la norma. Y en medio de ese abandono, el crimen organizado encontró su paraíso. Rutas para tráfico de migrantes, trata de personas, contrabando, extorsiones, narcolabores fluviales: donde el Estado no llega, otros llegan primero y están mejor armados. La CEPAL lo viene diciendo hace más de 60 años: vivimos una combinación explosiva de desigualdad, desconfianza y malestar social que tarde o temprano revienta.
En este contexto conviene recordar qué dice realmente nuestra Constitución. El artículo 165 establece que las Fuerzas Armadas existen para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial del Perú. Solo de manera excepcional pueden asumir el control del orden interno. Por su parte, el artículo 166 indica que la Policía Nacional debe garantizar y restablecer el orden interno, proteger a las personas, prevenir y combatir la delincuencia, asegurar el cumplimiento de las leyes y vigilar las fronteras. Es decir, las FFAA cuidan hacia afuera, y la PNP cuida hacia adentro. En teoría es perfecto, pero en la práctica ambos están trabajando con lo mínimo y enfrentando amenazas que avanzan a velocidades que el Estado no puede igualar.
Por eso, hoy más que nunca necesitamos poner orden con prioridades claras. Primero: la frontera tiene que convertirse en prioridad nacional. Se requiere presencia permanente, tecnología, patrullaje fluvial y terrestre, drones, sensores, unidades mixtas y control migratorio real. Segundo: la Policía debe enfocarse completamente en la delincuencia interna, que tiene al país viviendo con miedo; su rol constitucional tiene que recuperarse con recursos, inteligencia operativa y reformas reales. Tercero: las Fuerzas Armadas deben reforzar su presencia en las fronteras dentro de su mandato, con logística, equipamiento y bases integradas que permitan recuperar el control territorial. Cuarto: cooperación inmediata con los países vecinos, porque sin estrategia compartida las mafias seguirán un paso adelante.
La seguridad fronteriza y el orden interno no son lujos, son urgencias. O el Perú retoma el control real de su territorio y su seguridad, o pronto será el territorio quien nos controle a nosotros.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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