Privatizar o reestructurar no es la pregunta central. La respuesta correcta es trazabilidad, transparencia y eficiencia medible —con reglas que se cumplan.
El debate “#Privatizar vs #Reestructurar” suele partir al país en dos. Pero, con rigor técnico, el dilema es otro: ¿qué arquitectura (propiedad + gobernanza + incentivos + control) garantiza rentabilidad sostenible y reduce el #RiesgoFiscal? Si no respondemos eso, cualquier modelo —público, privado o híbrido— termina repitiendo el mismo patrón: caja frágil, decisiones opacas y costos que se socializan.
Los datos clave obligan a abandonar el storytelling. A setiembre de 2025, Petroperú reportó pérdida neta acumulada cercana a US$ 355 millones y una deuda financiera total de US$ 5,460.1 millones. En paralelo, el mercado endureció su lectura de riesgo: S&P bajó la calificación a ‘B-’ hacia fines de 2025. Y, en el plano doméstico, se informó pérdida neta de S/ 1,611 millones a octubre 2025 y deuda con proveedores por encima de S/ 2,569 millones a diciembre 2025. No son números para “interpretar”; son números para corregir.
Por eso, el giro institucional de cierre de año es relevante: el DU 010-2025 habilita una reorganización patrimonial por “bloques” y encarga a #ProInversión estructurar el proceso, con recursos asignados (hasta S/ 144 millones para la agencia y S/ 240 millones para medidas internas). En términos simples: el Estado empieza a moverse desde una empresa “integrada y politizable” hacia un portafolio separable, gobernable y financiable. Esa es la lógica correcta si se ejecuta con disciplina.
Pero hay una advertencia que no admite maquillaje: la rentabilidad se construye en la operación real. El riesgo reportado de interrupción de gas para #Talara (por moras con el proveedor) ilustra cómo una fragilidad de continuidad puede destruir margen, reputación y caja en cuestión de días. En refinación, la competitividad no se negocia: se mide por disponibilidad, utilización, paradas no programadas, costo unitario, seguridad industrial (#HSE) y margen realizado.
La transformación 2026–2030, entonces, debe convertirse en un contrato de desempeño, no en un plan aspiracional. Cinco pilares lo vuelven irreversible:
GobiernoCorporativo blindado: directorio profesional, comité de auditoría con poder real y meritocracia.
Trazabilidad radical: tablero público mensual con KPIs (caja, deuda, capital de trabajo, Talara, compras, HSE).
Contratos por desempeño (si es híbrido): operador/gestor con KPIs, penalidades y derecho de intervención.
Disciplina financiera: “cash command center”, control de capital de trabajo y refinanciamiento con reglas, no con fe.
Licencia social y ambiental verificable: remediación con hitos medibles y auditoría independiente.
La conclusión es profundamente positiva si hacemos lo correcto: Petroperú puede ser rentable —como #EmpresaPública eficiente, #EmpresaPrivada o #Híbrido—, pero solo con una condición: las cosas claras y auditables. Metas claras, responsables identificables, datos trazables y consecuencias por incumplimiento. Un Petroperú transformado no se promete: se demuestra trimestre a trimestre. #Transparencia #Eficiencia #Competitividad #Perú2026
César Augusto Novoa Chávez
CEO de Noza Investment Company SAC Perú, con 25 años de experiencia en servicios financieros, retail y consultoría. Con trayectoria como Gerente de Negocios en Derrama Magisterial, Gerente de Créditos en Banco Azteca y Jefe de Créditos en Banco del Trabajo y Caja Piura. Docente de posgrado, columnista y experto en transformación digital y gestión de riesgos. Economista con MBA (ESAN), especializado en Finanzas, Riesgos (ESAN, Tec de Monterrey) e Innovación (ESADE).
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