Cuando el petróleo no sirve a su pueblo, sino que enriquece a una élite que lo utiliza como palanca de dominación, la soberanía que reclaman los regímenes autoritarios deja de ser un principio sagrado y se convierte en un refugio para la impunidad. Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, es hoy un país donde millones de personas viven en pobreza extrema, sin acceso a servicios básicos, y bajo un clima de miedo e indefensión.
Durante décadas, Venezuela fue tierra de promesas: recibió con los brazos abiertos a quienes huían de la inestabilidad de otros países —como muchos peruanos en los años 60, tras las nacionalizaciones y el colapso productivo de su gobierno militar. Hoy, esa historia se ha invertido. Venezuela replicó el mismo modelo: nacionalizó su industria petrolera, expulsó la inversión extranjera y la sometió al control partidario. El resultado fue catastrófico: la producción de crudo cayó de más de 3 millones de barriles diarios a menos de 1 millón. Se destruyó empleo, se evaporaron las divisas y la gente fue empujada a la migración masiva o la miseria.
Más de siete millones de venezolanos abandonaron su país, y muchos de ellos encontraron refugio en el Perú, que, tras dejar atrás políticas estatistas, se convirtió en una tierra de oportunidades. Pero quienes permanecieron lo hicieron bajo la opresión de un sistema donde el poder ya no emana del pueblo ni se sujeta a la ley, sino que se sostiene en una alianza perversa entre instituciones capturadas y grupos armados irregulares. Colectivos, mafias y estructuras paramilitares actúan como brazos represivos del régimen a cambio de libertades para delinquir. Así sobrevive la dictadura: con un Estado que invoca el derecho internacional —y la autodeterminación de los pueblos— como coartada, mientras silencia, reprime y desaparece a su propia gente.
En este contexto, la reciente intervención internacional —encabezada por Estados Unidos— ha despertado debates que van más allá de lo geopolítico. ¿Puede la comunidad internacional mantenerse al margen cuando un Estado ataca sistemáticamente a su propio pueblo? ¿Debe la soberanía blindar a los verdugos frente al sufrimiento de millones?
El jurista brasileño Felipe Hasson lo plantea con claridad: el derecho internacional no existe para proteger a los regímenes, sino a las personas. La soberanía no es un fin absoluto. Es un principio condicionado al respeto de los derechos humanos. Un gobierno que destruye deliberadamente su país, que reprime, empobrece y elimina toda vía de expresión democrática, pierde la legitimidad moral para invocar la soberanía como escudo.
Es cierto que toda intervención externa tiene riesgos. También es cierto que puede haber motivaciones estratégicas o económicas. Pero lo crucial es no perder de vista lo esencial: cuando un pueblo no tiene salida interna, cuando no hay elecciones libres, justicia independiente ni prensa que informe, defender que “se las arreglen solos” equivale a condenarlos al hambre y al miedo eternos. Y eso significaría, en la práctica, aceptar que el derecho internacional no está preparado para socorrer a la humanidad frente al tirano.
No se trata de idealizar la intervención ni de negar que existan sombras. Se trata de reconocer que hay momentos en los que el derecho es más peligroso que la indiferencia. Porque hay crímenes que no deben tolerarse detrás de fronteras cerradas, y pueblos cuya liberación no puede posponerse indefinidamente por el confort jurídico de los observadores.
La historia no juzgará solo a quienes oprimen, sino también a quienes, pudiendo ayudar, eligieron mirar hacia otro lado. Porque cuando los beneficios del petróleo no están en la mesa del pueblo, es que ya fueron guardados en el bolsillo del tirano.
Juan Reyes La Rosa.
Administrador de empresas y Contador Público, con maestría de administración en la UNMSM y diplomado internacional de Control de Gestión en la Universidad de Piura en convenio con la Universidad de Chile. En el campo de la investigación ha dedicado sus esfuerzos al estudio de las obras de Leonardo Da Vinci. Es el XIII campeón nacional de ajedrez postal y en su reciente publicación, Reforma del Ajedrez y el Número de Oro, demuestra el origen matemático del ajedrez.
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