Defender la vida es un deber del Estado y una obligación moral

Como ,ex legislador , y siempre ,responsables de la conducción pública, no podemos eludir uno de los debates más trascendentales de nuestro tiempo: la defensa de la vida humana frente a agendas ideológicas que, bajo el rótulo de progreso y derechos, relativizan su valor esencial. La llamada “agenda progre”, impulsada a nivel global, busca redefinir conceptos fundamentales como persona, familia y dignidad humana, muchas veces desconectándolos de la realidad biológica, jurídica y moral.
El Perú es un Estado constitucional y democrático, pero también una Nación con profundas raíces humanistas y cristianas. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida como el primero y más importante de todos. Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida desde la concepción. Estos no son dogmas religiosos, sino compromisos jurídicos y éticos asumidos por el Estado peruano.
Desde la ciencia, no existe controversia seria: la vida humana comienza en la concepción, cuando se forma un nuevo ser con ADN propio e irrepetible. Negar este hecho no es modernidad, es negacionismo científico. Desde el derecho, ningún supuesto derecho puede fundarse sobre la eliminación de otro ser humano, menos aún del más indefenso. Y desde la ética pública, el Estado tiene el deber de proteger a quien no puede defenderse por sí mismo.
Para los cristianos, esta defensa adquiere además una dimensión moral profunda. La vida es un don de Dios, y el aborto constituye una falta grave contra la ley moral natural. Sin embargo, incluso prescindiendo de la fe, la razón basta para entender que una sociedad que normaliza la eliminación de vidas humanas socava los cimientos de su propia justicia.
En cuanto al debate sobre el matrimonio y la convivencia homosexual, es indispensable distinguir con claridad. Toda persona merece respeto y dignidad, sin excepción. Pero el matrimonio, como institución jurídica y social, responde a una realidad antropológica: la unión entre hombre y mujer orientada a la complementariedad y a la procreación. Redefinirlo no amplía derechos, sino que debilita a la familia, núcleo básico de la sociedad.
Un Estado democrático no impone ideologías ni persigue convicciones. Debe garantizar la libertad religiosa, la objeción de conciencia y el pluralismo real. Cuando el poder público pretende reeducar moralmente a la sociedad, especialmente a niños y jóvenes, deja de servir al bien común y entra en el terreno del autoritarismo cultural.
Defender la vida no es retroceso, es civilización. Defender la familia no es discriminación, es responsabilidad histórica. El Perú debe sostener con firmeza los derechos humanos auténticos, proteger la vida desde la concepción y preservar su soberanía moral frente a presiones externas. Porque sin vida no hay derechos, y sin principios no hay futuro.con aprecio, Rafael Aita Campodónico.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.