Conociendo a los candidatos: La necesidad del debate electoral

Conforme al cronograma electoral, hacia finales de enero conoceremos con certeza el universo de candidatos que aspiran a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino. Muchos aún buscan consolidar su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, en medio de tachas y denuncias que vienen siendo resueltas y que, en no pocos casos, han empezado a revelar información que se pretendió mantener fuera del escrutinio público.

Como en procesos anteriores, la oferta electoral es heterogénea: políticos en ejercicio o reciclados, figuras del espectáculo, exgobernadores y alcaldes, así como miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Sin embargo, más allá de los nombres conocidos, persiste una preocupación central: la presencia de candidatos prácticamente desconocidos para el electorado, respecto de los cuales existe información incompleta o insuficiente sobre su trayectoria personal y profesional, antecedentes éticos, desempeño en la función pública, ideas, valores y reales capacidades de gestión. Todo ello debería ser conocido antes de emitir un voto responsable.

Para cubrir parcialmente este vacío, el sistema electoral ha previsto algunos mecanismos, como las plataformas informativas del JNE y la ONPE, así como la franja electoral, que permite a los candidatos difundir gratuitamente —aunque de manera necesariamente breve— sus propuestas. No obstante, frente a la avalancha de candidaturas y listas, resulta evidente que estos instrumentos son insuficientes para satisfacer las legítimas necesidades de información del ciudadano.

A ello se suma que los propios candidatos recurren a medios tradicionales —como pintas y carteles— y a otros más modernos, como las redes sociales, donde predominan mensajes emotivos, eslóganes y autopromoción, pero rara vez contenidos serios, contrastables y profundos. Ninguno de estos recursos sustituye el valor democrático del debate electoral, una práctica con arraigo histórico en el país y que hoy debería ser fortalecida.

El debate permite no solo exponer propuestas, sino confrontarlas y someterlas al análisis crítico de especialistas, de la opinión pública, del ciudadano elector. En procesos anteriores, los debates sirvieron para evidenciar improvisaciones, el talante del candidato, como modula su aspecto emocional, sus inconsistencias o carencias graves, así como la línea del liderazgo sólido. En esta oportunidad, también debería pasar eso, desenmascarar al mentiroso, al corrupto, y someterlo a la prueba de la coherencia, de la honestidad y no de “vender públicamente” y revelar la distancia que a veces existe entre los gestos oratorios de transparencia —como exigir o prometer pasar por un polígrafo— cuando se ostenta  una conducta personal que, en los hechos, presenta serias falencias éticas. Es cierto que el elevado número de postulantes dificulta su organización, pero ello no puede convertirse en excusa para prescindir de un mecanismo esencial de transparencia y rendición de cuentas.

Con todo, el debate resulta necesario, pero no suficiente. Una democracia madura exige que el elector conozca no solo lo que el candidato promete, sino también qué ha hecho antes y cómo se ha comportado frente al Estado y la ley. En este punto, resulta indispensable incorporar nuevas modalidades de información pública, hoy ausentes o débilmente articuladas.

Una vez superada la etapa de tachas y definidas las listas oficiales, entidades como la Contraloría General de la República deberían asumir un rol más activo, poniendo a disposición del electorado información clara y sistematizada sobre candidatos que hayan sido objeto de sanciones administrativas firmes. Este ejercicio de transparencia debería extenderse —en el marco de la ley— al Ministerio Público, al Poder Judicial, la SUNAT y otros organismos del Estado, para que el ciudadano conozca si quienes aspiran a representarlo han enfrentado investigaciones, sentencias, sanciones tributarias o inhabilitaciones relevantes.

No se trata de estigmatizar ni de desconocer la presunción de inocencia, sino de garantizar el derecho ciudadano a acceder a información objetiva y verificable. En una democracia representativa, la idoneidad ética y el comportamiento previo frente a las instituciones públicas no son datos secundarios.

De allí que la sociedad civil organizada, los medios de comunicación y el propio sistema electoral deban articular esfuerzos para crear verdaderas “ventanas de información ciudadana”, donde confluyan debates, hojas de vida verificadas, antecedentes relevantes y evaluaciones técnicas de propuestas. Solo así este proceso electoral podrá convertirse en una oportunidad real de educación cívica, fortalecimiento democrático y ejercicio responsable del voto.

Luis Miguel Iglesias.
Abogado, Ex Vice Contralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control.
Contraloría General de la República.