Seguridad con autoridad y esperanza.

cuando el orden también es una responsabilidad democrática.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales angustias del Perú contemporáneo. Extorsión, sicariato, crimen organizado y una delincuencia cada vez más violenta han erosionado la tranquilidad de barrios, mercados y centros productivos. Frente a esta realidad, la pregunta es inevitable: ¿el empleo militar puede ser parte de la solución a la seguridad ciudadana?
La respuesta exige serenidad, memoria histórica y responsabilidad institucional. Las Fuerzas Armadas no fueron creadas para reemplazar a la Policía Nacional, sino para defender la soberanía y el orden constitucional frente a amenazas mayores. Sin embargo, en contextos excepcionales, su apoyo puede ser legítimo, necesario y eficaz, siempre que exista un marco legal claro, conducción civil y límites precisos.
El empleo militar en seguridad interna no debe entenderse como militarización permanente, sino como medida temporal de contención, orientada a recuperar el control territorial, respaldar a una Policía desbordada y devolver confianza a la ciudadanía. Cuando el Estado pierde presencia, el crimen avanza. Cuando el Estado actúa con firmeza y reglas claras, la sociedad respira.
La experiencia peruana ofrece lecciones concretas. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el país enfrentó una amenaza real de colapso: terrorismo, hiperinflación y ausencia del Estado en vastas zonas del territorio. El uso articulado de inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía permitió derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA, restaurando el orden y la paz interna. Ese resultado fue decisivo para la estabilidad posterior del país.
Pero la historia también enseña que la eficacia sin legalidad tiene costos. Los excesos y violaciones a los derechos humanos marcaron límites que no deben repetirse. La seguridad no puede construirse al margen de la ley ni de la dignidad humana. La verdadera autoridad democrática es aquella que impone orden sin renunciar a los principios.
Por ello, la discusión no es “militares sí o no”, sino cómo, cuándo y bajo qué controles. El empleo militar debe ser excepcional, regulado, subordinado al poder civil y acompañado de una reforma profunda de la Policía, del sistema de justicia y de políticas de prevención social. Sin estas condiciones, cualquier medida será solo un paliativo.
La esperanza está en comprender que la seguridad ciudadana no es solo represión, sino presencia del Estado, oportunidades, justicia efectiva y liderazgo político responsable. El Perú necesita autoridad, pero también instituciones fuertes y ciudadanos que confíen en ellas.
Orden con ley, fuerza con límites y decisión con responsabilidad. esa es la única vía para recuperar la seguridad sin perder la democracia.
Con responsabilidad y decisión, Rafael Aita Campodónico.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque