Por: Jorge Céliz Kuong
La imagen clásica del fin de una democracia (tanques en las calles y un líder uniformado cerrando el Congreso) pertenece al siglo pasado. La amenaza actual es más sutil y más peligrosa: las democracias no suelen romperse de golpe, sino que se desgastan por dentro. Se mantienen las elecciones, los tribunales y el discurso institucional, pero el contenido real del sistema se vacía progresivamente. Es una democracia que existe en la forma, pero no en el fondo.
En el Perú, esta erosión se ha vuelto evidente. En menos de una década, varios presidentes han sido destituidos mediante la figura de la vacancia por “incapacidad moral permanente”, un mecanismo constitucional que, en la práctica, se ha transformado en un instrumento político recurrente. La destitución de la presidenta Dina Boluarte en octubre de 2025 confirmó esta tendencia y volvió a colocar al país en un escenario de transición forzada, con un Ejecutivo debilitado y un Congreso convertido en el actor dominante del sistema.
La asunción de José Jerí a la presidencia interina no estuvo exenta de cuestionamientos. Desde distintos sectores se ha señalado que su llegada al poder fue consecuencia directa de una lógica parlamentaria orientada más al control político que a la estabilidad institucional. Se le ha cuestionado, además, por su cercanía con bloques congresales investigados por presuntas redes de influencia y por no marcar una línea clara de deslinde frente a iniciativas legislativas que debilitan la autonomía de los organismos de control. A ello se suma el debate sobre su legitimidad política: no fue elegido por voto popular para ejercer la jefatura del Estado, sino que accedió al cargo por sucesión constitucional en medio de una profunda crisis de confianza.
También se le critica por una respuesta considerada insuficiente frente a la inseguridad ciudadana y por respaldar medidas de excepción que amplían la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno sin una estrategia integral de reforma policial y judicial. Para algunos analistas, su gestión ha priorizado la gobernabilidad congresal antes que la reconstrucción institucional, lo que refuerza la percepción de que el poder se administra desde acuerdos políticos cerrados más que desde un mandato ciudadano claro.
Esta dinámica no responde únicamente a conflictos personales o coyunturas aisladas. Refleja una crisis estructural de representación. Los partidos políticos carecen de bases sólidas, funcionan como plataformas electorales temporales y priorizan intereses de corto plazo. El ciudadano vota, pero no se siente representado. La política se percibe como un espacio de negociación opaca antes que como un servicio público.
Al mismo tiempo, la percepción de corrupción ha aumentado de manera sostenida en los últimos años. Procesos judiciales contra expresidentes, investigaciones a altos funcionarios y escándalos permanentes han consolidado la idea de que el poder se ejerce para proteger redes de influencia más que para garantizar el bien común. Cuando la corrupción deja de sorprender, se convierte en parte del paisaje. Y esa normalización es uno de los síntomas más graves de descomposición institucional.
La inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado han agravado el problema. Frente a la presión social, el Estado ha respondido con estados de emergencia y con mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Si bien estas medidas buscan restablecer el orden, también evidencian la debilidad estructural de las instituciones civiles encargadas de la seguridad y la justicia. Cuando la política recurre de manera constante a soluciones excepcionales, es señal de que el sistema ordinario no está funcionando.
Otro elemento preocupante es el debilitamiento de los organismos de control. Intentos de reformar o limitar la autonomía de entidades encargadas de supervisar jueces, fiscales y procesos electorales generan dudas razonables sobre la independencia del sistema. Si los árbitros pierden autonomía, el juego democrático deja de ser equitativo.
El Perú se encamina hacia las elecciones generales de 2026 en un contexto de desconfianza generalizada. Tener urnas no garantiza representación real si las reglas son manipuladas o si los actores políticos carecen de legitimidad social. La democracia no se reduce al acto de votar; depende de instituciones sólidas, controles efectivos y una ética pública compartida.
El verdadero peligro para la democracia peruana no es un golpe militar tradicional, sino la conversión progresiva del Estado en un cascarón vacío. Una estructura que mantiene símbolos y procedimientos, pero pierde legitimidad, independencia y capacidad de respuesta. Los cuestionamientos a la legitimidad y desempeño de José Jerí no son un hecho aislado, sino parte de un problema mayor: la fragilidad del sistema político en su conjunto. Recuperar el rumbo exige reformas profundas, autonomía real de los organismos de control, reconstrucción de los partidos y una ciudadanía vigilante que no normalice la manipulación institucional. Si no se actúa con decisión, la democracia peruana corre el riesgo de sobrevivir solo como apariencia, mientras su sustancia se desvanece silenciosamente.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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