Por Jorge Céliz Kuong
19 de febrero de 2026
La historia enseña con claridad cuando se la estudia; castiga con dureza cuando se la vive. El Perú atraviesa un nuevo ciclo de inestabilidad que ya no puede explicarse como simple confrontación política. Se trata de una crisis estructural donde el uso inconstitucional y abusivo de la censura parlamentaria, la fragilidad del Ejecutivo, la conducta errática de parte de la prensa, la pasividad ciudadana y la exposición a un escenario regional cambiante están erosionando los pilares de la República.
La reciente caída de José Jerí no fue un hecho aislado. Fue la continuación de una práctica reiterada: utilizar la figura de la vacancia y la censura bajo interpretaciones extensivas de “incapacidad moral” para remover presidentes sin un estándar jurídico objetivo. Este mecanismo excepcional se ha convertido en herramienta ordinaria de lucha política. Así ocurrió antes con Dina Boluarte y se repite ahora. El resultado es un presidencialismo debilitado y un Congreso atrapado en cálculos de corto plazo.
Cuando la censura se aplica sin criterios estrictamente constitucionales, se desnaturaliza el equilibrio de poderes. La Carta Magna deja de ser marco común y pasa a ser instrumento táctico. Esa normalización del atajo institucional erosiona la legitimidad democrática y envía al exterior la señal de que el Perú no ofrece previsibilidad política.
A ello se suma un factor aún más delicado: la profunda falta de legitimidad del actual Congreso. Elegido en un contexto de fragmentación extrema y con niveles históricamente bajos de aprobación ciudadana, el Parlamento no ha logrado reconstruir confianza pública. La percepción dominante es la de una representación distante de las prioridades nacionales, más concentrada en disputas internas que en reformas estructurales.
La calidad parlamentaria también ha sufrido un deterioro visible. La precariedad técnica de varios debates, la ausencia de rigurosidad jurídica en iniciativas legislativas y la proliferación de proyectos sin sustento económico reflejan un empobrecimiento del estándar deliberativo. Un Congreso con debilidades técnicas y déficit de legitimidad tiende a recurrir con mayor frecuencia a mecanismos de confrontación antes que a instrumentos de concertación. Esa combinación (poder formal elevado y legitimidad social reducida) incrementa el riesgo institucional.
En este contexto, la prensa cumple un rol determinante. Parte del periodismo ha fiscalizado con rigor; otra parte ha optado por la espectacularización del conflicto, privilegiando el impacto sobre el análisis. La polarización mediática alimenta la confrontación permanente y reduce el debate público a consignas. La libertad de prensa es pilar republicano, pero exige responsabilidad informativa.
La ciudadanía tampoco puede quedar al margen del diagnóstico. La abstención creciente, el activismo digital sin participación sostenida y la indiferencia frente a la degradación institucional permiten que minorías intensas dominen la agenda. La democracia requiere vigilancia activa, no resignación.
Pero el problema no es solo interno. El Perú enfrenta un escenario regional dinámico y volátil. América Latina vive un péndulo político constante, con gobiernos de signo ideológico diverso que redefinen alianzas, prioridades comerciales y posiciones geopolíticas. Países como Venezuela y Cuba continúan siendo referencia obligada de modelos estatistas con resultados económicos adversos, mientras otras naciones buscan mayor apertura y disciplina fiscal. Esta heterogeneidad incrementa la incertidumbre estratégica.
Además, el avance del crimen organizado transnacional (narcotráfico, minería ilegal y redes de contrabando) conecta al Perú con dinámicas regionales que trascienden fronteras. Sin estabilidad política interna, la capacidad del Estado para coordinar seguridad, comercio e integración se debilita. En un contexto de competencia global por minerales críticos y recursos estratégicos, la inestabilidad institucional reduce la capacidad de negociación y de atracción de inversión.
La reciente designación de José María Balcázar como presidente interino puede garantizar una transición administrativa, pero no resolverá el problema estructural si no se modifica la lógica de confrontación permanente. El Perú necesita previsibilidad para insertarse con eficacia en cadenas globales de suministro y fortalecer su presencia en foros multilaterales.
Las lecciones del pasado, incluido el trauma de Sendero Luminoso, demuestran que cuando el Estado se debilita, los extremos avanzan. La fragmentación política abre espacios a proyectos radicales o populistas que prometen orden inmediato a costa de institucionalidad.
El Perú no enfrenta solo una crisis de gobiernos, sino una crisis sistémica de gobernabilidad en un entorno regional cambiante y competitivo. El uso inconstitucional de la censura, la pérdida de legitimidad del Congreso, la baja calidad parlamentaria, la polarización mediática y la apatía ciudadana agravan una vulnerabilidad estratégica frente a transformaciones geopolíticas y económicas. La única salida sostenible es reconstruir un pacto republicano basado en respeto estricto a la Constitución, estabilidad institucional, responsabilidad política y participación cívica activa. Sin ello, la inestabilidad dejará de ser coyuntural y se convertirá en condición permanente.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.


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