Por Jorge Céliz Kuong
11 de marzo de 2026
El proceso electoral peruano del 2026 se desarrolla en un contexto de profunda volatilidad política donde la fragmentación del sistema de partidos, la proliferación de más de treinta y cinco candidaturas presidenciales y la expansión de campañas digitales agresivas han desplazado el debate programático hacia una competencia dominada por percepciones emocionales, acusaciones cruzadas y estrategias de marketing político. Este escenario refleja un fenómeno más preocupante: el acelerado deterioro de la confianza ciudadana en quienes aspiran a gobernar el país. La política peruana enfrenta hoy una crisis de credibilidad donde promesas de decencia y pulcritud ética contrastan cada vez más con conductas y discursos contradictorios.
A ello se suma una profunda desconfianza acumulada hacia los partidos políticos tradicionales. Durante las últimas décadas, numerosos líderes y organizaciones que llegaron al poder prometiendo reformas y estabilidad terminaron protagonizando escándalos de corrupción, improvisación gubernamental o alianzas contradictorias con sus propias promesas electorales. Muchos votantes sienten que fueron traicionados por dirigentes que, una vez alcanzado el poder, abandonaron sus compromisos o priorizaron intereses particulares. Esa sensación de engaño ha debilitado la identificación partidaria y ha alimentado un electorado cada vez más volátil, dispuesto a apostar por figuras emergentes que prometen romper con el pasado.
En este contexto ha irrumpido la candidatura de Wolfgang Grozo Costa, del partido Integridad Democrática, quien ha alcanzado cerca de 4.8 por ciento en algunas encuestas capitalizando lo que analistas denominan el “voto de la furia”. Se trata de un sector del electorado profundamente frustrado por décadas de corrupción, inseguridad y deterioro institucional que busca una figura capaz de representar orden y autoridad. Grozo ha construido su discurso alrededor de una narrativa de rectitud moral y firmeza, proponiendo medidas como la cadena perpetua para corruptos y afirmando que el país podría ser pacificado en apenas seis meses mediante el uso intensivo de inteligencia militar. Sin embargo, la fortaleza de esa narrativa ha comenzado a debilitarse ante cuestionamientos sobre la veracidad de algunas afirmaciones y la coherencia de su discurso político.
A ello se suman desmentidas públicas del empresario Zamir Villaverde, quien ha acusado al candidato de tergiversar hechos relacionados con episodios del pasado reciente. Más allá de la veracidad final de estas acusaciones, el problema central es el impacto que generan en la percepción pública. Cuando un aspirante que promete integridad aparece envuelto en disputas sobre la verdad, la confianza ciudadana se deteriora aún más.
Esta crisis no se limita a un solo candidato. La campaña electoral muestra una dinámica cada vez más intensa de acusaciones mutuas, campañas de descrédito y operaciones digitales diseñadas para influir en la opinión pública. Plataformas como TikTok se han convertido en campos de batalla donde clips virales reemplazan el debate de ideas, mientras redes de activismo digital amplifican rumores sobre patrimonios, vínculos políticos o lealtades ideológicas. Paralelamente, actores tradicionales del espectro político buscan contener el avance de nuevas candidaturas dentro de sus propios espacios electorales, intensificando los ataques cruzados y reduciendo el espacio para discutir políticas públicas de fondo.
El deterioro institucional se agrava con el escándalo de las firmas falsas utilizadas para inscribir partidos políticos, que ya acumula más de ciento setenta denuncias ante el Ministerio Público. Estas prácticas revelan redes clientelistas que distorsionan la competencia democrática incluso antes de iniciarse la campaña formal. A ello se suma la polémica generada por la prolongada condición de prófugo de la justicia de Vladimir Cerrón, cuya influencia política persiste mientras evade órdenes judiciales. Este hecho ha alimentado la percepción de que el sistema de justicia y ciertas instancias electorales operan con una preocupante permisividad frente a actores políticos que aún deben responder ante los tribunales.
La consecuencia de esta combinación de promesas maximalistas, acusaciones permanentes, controversias judiciales y antecedentes de traiciones políticas es una progresiva pérdida de legitimidad del sistema político en su conjunto. Cuando la política se convierte en una competencia de percepciones virales y descalificaciones personales, el Estado pierde capacidad de liderazgo estratégico y la ciudadanía termina percibiendo que todos los actores compiten bajo las mismas reglas de oportunismo.
Frente a esta realidad, el país necesita recuperar estándares mínimos de ética pública y responsabilidad política. La población debe comprender que tolerar la mentira, la manipulación digital o el clientelismo significa debilitar la democracia desde sus cimientos. Rechazar esas prácticas, exigir coherencia entre discurso y conducta y valorar la integridad como criterio central de decisión electoral constituye hoy un acto de defensa democrática.
El Perú requiere liderazgo estratégico, fortalecimiento institucional y partidos capaces de formular políticas públicas serias en seguridad, desarrollo y modernización del Estado. La elección de 2026 no debería definirse por tendencias virales ni por campañas de desinformación, sino por la capacidad real de los candidatos para conducir el país con integridad, visión de Estado y compromiso con el interés nacional. Solo así será posible reconstruir la confianza pública y sentar las bases de una democracia más sólida y responsable.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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