El escenario de los debates presidenciales en el Perú del 2026 evidencia una crisis más profunda que la mera confrontación electoral: revela la persistente fragilidad estructural del sistema político. En un país sin tradición partidaria sólida, donde los proyectos del siglo XX sucumbieron al caudillismo o a la obsolescencia doctrinaria, el proceso actual exhibe candidaturas improvisadas, discursos vacíos y una preocupante desconexión con los desafíos estratégicos del Estado. Informes recientes de organismos como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierten que la debilidad institucional y la baja calidad del liderazgo político son factores críticos que limitan el crecimiento sostenido y erosionan la confianza ciudadana en América Latina, una tendencia que el Perú reproduce con particular intensidad.
El problema no radica únicamente en la corrupción tradicional, sino en una dimensión más corrosiva: la ocupación de cargos públicos por individuos sin competencia técnica ni formación estratégica. Este fenómeno, identificado por diversos centros de pensamiento como una forma de captura institucional, convierte al Estado en un botín antes que en un instrumento de desarrollo. La ausencia de partidos estructurados obliga a los candidatos a recurrir al populismo discursivo, reduciendo problemas complejos a soluciones simplistas. Así, temas de seguridad nacional, integración regional o desarrollo económico son desplazados por narrativas emocionales que carecen de sustento operativo.
Las implicancias son graves. Mientras el Perú permanece rezagado en esquemas de cooperación hemisférica en seguridad y defensa, enfrenta amenazas concretas como el fortalecimiento del narcotráfico en el VRAEM, la minería ilegal en la Amazonía y la presión de flotas extranjeras sobre sus recursos marítimos. Reportes del International Crisis Group y del Wilson Center subrayan que la convergencia entre economías ilícitas y debilidad estatal está generando zonas de gobernanza limitada en la región andina. A ello se suma una crisis migratoria que tensiona los servicios públicos y el sistema penitenciario, sin que exista una política integral de control, integración o seguridad.
En paralelo, la desconfianza hacia las instituciones electorales se ha intensificado. La percepción de opacidad en los procesos administrados por los organismos competentes alimenta la sospecha y debilita la legitimidad del sistema democrático. La transparencia electoral no es un atributo opcional, sino un requisito esencial para la estabilidad política y la gobernabilidad. Sin ella, cualquier resultado será cuestionado, profundizando la fragmentación social.
Frente a este panorama, el Perú requiere una reforma estructural que trascienda lo electoral. Es indispensable reconstruir el sistema de partidos mediante incentivos reales a la institucionalización, financiamiento transparente y formación de cuadros políticos. Asimismo, se debe establecer un estándar mínimo de idoneidad para el acceso a cargos públicos, incorporando criterios de meritocracia y evaluación técnica. En el ámbito de la seguridad, urge articular una estrategia nacional que integre defensa, inteligencia y desarrollo, con énfasis en el control territorial y la cooperación internacional.
Finalmente, la legitimidad democrática solo podrá recuperarse mediante instituciones electorales abiertas al escrutinio, con procesos auditables y tecnología confiable. Sin partidos sólidos, sin liderazgo competente y sin instituciones creíbles, el Perú continuará atrapado en un ciclo de inestabilidad. La salida no pasa por soluciones improvisadas, sino por una reconstrucción deliberada del Estado y de la política como servicio público. Solo así será posible transformar la actual crisis en una oportunidad de renovación republicana.
https://www.facebook.com/share/1GtyApaMya/?mibextid=wwXIfr
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
General Celiz, comparto plenamente su visión sobre el rol de las instituciones en nuestra democracia. En tiempos de incertidumbre, es fundamental que prevalezca el respeto al orden constitucional y la subordinación al poder civil como pilares para garantizar la paz social y el estado de derecho. Su postura reafirma la confianza en la profesionalización de nuestras fuerzas.»