Las nuevas y antiguas prioridades desatendidas del Perú2026

El país no necesita una agenda más extensa, sino una jerarquía estratégica capaz de ejecutar lo que durante décadas ha decidido postergar

El Perú ingresa al ciclo político de 2026 con una escena conocida: un nuevo gobierno, un nuevo relato, una nueva enumeración de prioridades y una expectativa colectiva de corrección histórica. Sin embargo, la evidencia acumulada obliga a formular una pregunta menos cómoda y bastante más seria: ¿qué tan nuevas son, en realidad, las prioridades del nuevo gobierno peruano, y cuánto de esa agenda volverá a dejar intactas las fallas estructurales que el país arrastra desde hace décadas? #Perú2026 #PolíticaPública #Estrategia

La cuestión central no es la escasez de diagnósticos. El Perú ha producido, durante años, suficientes planes, comisiones, propuestas técnicas, reformas parciales y hojas de ruta como para saber con razonable claridad cuáles son sus restricciones más severas: baja productividad, informalidad persistente, débil capacidad estatal, fragmentación institucional, deterioro de la seguridad, deficiente calidad del gasto público y una economía que, pese a sus fortalezas macroeconómicas relativas, no ha logrado traducir estabilidad en transformación estructural. El problema, por tanto, no es cognitivo. Es estratégico y ejecutivo. El país sabe bastante más de lo que hace y hace bastante menos de lo que necesita.

Ese desfase entre conocimiento y ejecución es, probablemente, el rasgo más costoso de la experiencia peruana reciente. El Perú no ha carecido de crecimiento; ha carecido de continuidad transformadora. No ha carecido de recursos; ha carecido de capacidad para asignarlos con lógica de largo plazo. No ha carecido de prioridades; ha carecido de una jerarquía real entre ellas. Y cuando un país no jerarquiza bien, termina reaccionando a todo y resolviendo poco.

Conviene decirlo con claridad: el riesgo del 2026 no es que el nuevo gobierno identifique mal sus prioridades declarativas. El riesgo es más profundo: que vuelva a confundir agenda con estrategia, anuncio con ejecución y administración coyuntural con transformación del Estado. Ese error ya no sería una simple repetición burocrática. En el contexto actual, sería una forma de costo país.

Las cifras estructurales ayudan a dimensionar la magnitud de la agenda pendiente. El Perú continúa exhibiendo niveles muy altos de informalidad laboral y empresarial; la micro y pequeña empresa sigue representando la abrumadora mayoría del tejido productivo; la productividad permanece rezagada frente a economías más competitivas; y la articulación entre sistema financiero, innovación, mercado y escalamiento empresarial sigue siendo insuficiente. En paralelo, el Estado continúa operando con severas brechas de coordinación, ejecución y calidad institucional. El resultado de esa combinación es conocido: crecimiento sin suficiente sofisticación, inclusión sin suficiente productividad, financiamiento sin suficiente transformación y gasto público sin el impacto estructural que el país necesita. #Productividad #Formalidad #Estado

En ese marco, hablar de “nuevas prioridades” exige una cautela intelectual mayor. Porque, en rigor, muchas de las prioridades que deberían definir al nuevo gobierno no son nuevas en absoluto. Son antiguas, persistentes y, precisamente por haber sido tantas veces pospuestas, hoy resultan más urgentes que nunca.

La primera de ellas es la transformación productiva. Durante demasiado tiempo, el Perú ha confiado en que la estabilidad macroeconómica y el dinamismo emprendedor serían suficientes para empujar, casi de manera natural, una evolución hacia mayores niveles de productividad. No ha ocurrido. La economía peruana conserva una base empresarial extensa, resiliente y trabajadora, pero todavía demasiado fragmentada, subcapitalizada y vulnerable. No basta con crecer; hay que elevar la complejidad económica, la escala y la capacidad de generar valor agregado. Un país que no transforma su estructura productiva termina dependiendo en exceso de la resistencia individual de sus agentes y en defecto de la fortaleza sistémica de sus instituciones.

La segunda prioridad desatendida es la formalización entendida como arquitectura económica y no como mera obligación legal. Durante años, el debate público trató la informalidad como una infracción que debía ser corregida con más control, más registros o más exigencia normativa. Pero la informalidad peruana no es solo un problema de incumplimiento; es, en gran medida, el resultado de un diseño económico que no ha logrado hacer de la formalidad una decisión suficientemente rentable, simple y funcional. Mientras el costo de entrar al sistema formal supere con claridad los beneficios percibidos por el pequeño productor, comerciante o emprendedor, la informalidad seguirá siendo una racionalidad económica, no una anomalía marginal. #Formalización #EconomíaReal

La tercera prioridad desatendida es la reforma profunda del Estado. Y aquí radica uno de los nudos más delicados del Perú contemporáneo. El país no puede seguir exigiéndole resultados extraordinarios a un aparato público que continúa operando con graves déficits de coordinación, capacidades desiguales, rigidez procedimental y fragmentación de responsabilidades. El Estado peruano no solo es lento; con frecuencia es disperso. Y cuando la institucionalidad funciona de forma dispersa, la política pública se debilita, la inversión pierde eficacia y la ciudadanía se aleja aún más de la confianza institucional. No se trata de un problema abstracto de gobernanza; se trata de una restricción concreta al desarrollo.

La cuarta prioridad es la calidad del gasto público. El Perú ha debatido durante años cuánto gastar, pero no con la misma severidad cómo gastar mejor. En un contexto de estrechamiento fiscal, esa omisión ya no es tolerable. El gasto público no puede seguir siendo evaluado principalmente por su volumen de ejecución o por su expansión nominal. Debe ser juzgado por su capacidad de transformar productividad, infraestructura, capital humano, seguridad y competitividad. La pregunta relevante ya no es cuánto sale del presupuesto, sino cuánto valor estructural regresa al país. #GastoPúblico #ValorPúblico

La quinta prioridad, todavía insuficientemente comprendida, es la construcción de un ecosistema financiero productivo. El sistema financiero peruano ha mostrado fortaleza, profundidad relativa y una notable experiencia en inclusión, particularmente desde el ámbito microfinanciero. Pero todavía no termina de integrarse plenamente con la lógica productiva del país. El crédito sigue siendo, en demasiados casos, un producto antes que una plataforma de desarrollo. En ese sentido, como ha sostenido César A. Novoa Ch., economista, consultor en estrategia y finanzas, y docente de posgrado, el Perú necesita avanzar desde una visión fragmentada del financiamiento hacia una lógica de ecosistemas económicos productivos, donde crédito, mercado, tecnología, formalización y desarrollo empresarial se articulen alrededor del emprendedor y de la unidad productiva real. Esa mirada cambia de manera decisiva la agenda: ya no se trata solo de bancarizar, sino de elevar productividad; ya no se trata solo de colocar, sino de construir crecimiento. #CésarANovoaCh #EcosistemasProductivos #Finanzas

Lo que hace especialmente delicado el 2026 es que el nuevo gobierno no iniciará en un entorno de abundancia política ni de gran margen de ensayo. Ingresará en un contexto más exigente: mayor presión social, mayor inseguridad, mayor fatiga ciudadana, mayor escrutinio fiscal y menor tolerancia a la improvisación. Eso significa que el país dispone de menos margen para seguir operando bajo el patrón histórico de prioridades correctas y ejecuciones insuficientes.

Desde una lectura estratégica, el error más costoso sería abordar estas prioridades como compartimentos aislados. El Perú no resolverá productividad sin formalización inteligente. No resolverá formalización sin financiamiento útil. No resolverá financiamiento útil sin mejor información, tecnología y mercado. No resolverá nada de manera sostenible sin un Estado más capaz. Ésa es la razón por la cual una agenda de gobierno no puede reducirse a una suma de sectores: debe comportarse como un sistema. Y cuando el gobierno no piensa sistémicamente, el país termina administrando síntomas en lugar de corregir causas.

La experiencia internacional es clara al respecto. Los países que han logrado dar saltos cualitativos no lo hicieron multiplicando prioridades, sino integrándolas. Corea del Sur articuló financiamiento, industria, tecnología y exportación. Singapur combinó disciplina institucional, sofisticación económica y capacidad estatal. Estonia convirtió digitalización y reforma pública en una ventaja estructural. Incluso en América Latina, los períodos más exitosos de política pública coincidieron con momentos de mayor consistencia entre visión, capacidad de ejecución y disciplina de largo plazo. El aprendizaje es evidente: el desarrollo no emerge de una agenda expansiva, sino de una secuencia estratégica bien gobernada.

Por eso, el nuevo gobierno peruano debería resistir una tentación recurrente: la de exhibir amplitud programática como sustituto de profundidad estratégica. No necesita prometer más frentes de acción. Necesita seleccionar mejor, ordenar mejor y ejecutar mejor. Una agenda seria para el Perú de 2026 debería concentrarse, con rigor, en cinco ejes articuladores: productividad, formalización rentable, reforma del Estado, calidad del gasto y ecosistemas financieros-productivos centrados en el emprendedor. Todo lo demás debería alinearse en función de ese núcleo.

En última instancia, la cuestión decisiva no es si el nuevo gobierno sabrá nombrar correctamente los problemas. Probablemente lo haga. La cuestión es si tendrá la claridad y la firmeza para enfrentar lo que durante años el país ha preferido evitar: reformas difíciles, coordinación exigente, disciplina de ejecución y continuidad más allá del ciclo político. Allí se juega la diferencia entre un gobierno que administra y un gobierno que transforma.

El Perú no necesita otra temporada de prioridades bien redactadas y mal implementadas. Necesita una secuencia de decisiones capaces de alterar su trayectoria. Porque, al final, el problema de fondo no es que el país ignore qué debe hacer. El problema es que, durante demasiado tiempo, ha tratado como agenda futura lo que debió haber sido agenda resuelta hace ya varios gobiernos. #ReformaDelEstado #Desarrollo #Liderazgo

Y en 2026 esa postergación ya no es neutra. Tiene costo económico, costo institucional y costo histórico. Si el nuevo gobierno no consigue atender las prioridades antiguas con la inteligencia que exige el presente, las “nuevas prioridades” no serán más que un nuevo capítulo del mismo atraso estratégico.

César Augusto Novoa Chávez
CEO de NOZA Investment Company SAC Perú y un líder estratégico con más de 25 años impulsando crecimiento, innovación y transformación en entornos altamente competitivos. Su trayectoria integra finanzas, gestión de riesgos, tecnología y dirección comercial, con posiciones clave en Derrama Magisterial, Banco Azteca / Grupo Salinas y Banco del Trabajo. Reconocido por convertir la visión en ejecución, diseña e implementa modelos escalables orientados a valor, rentabilidad y sostenibilidad. Es docente internacional de posgrado y columnista. Economista (Universidad Nacional de Piura) y MBA (ESAN), con especializaciones en Riesgos Financieros (ESAN & Tecnológico de Monterrey), Transformación Digital & Fintech (Copenhagen Business School) y Business Sustainability (University of London).