A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril, el Perú enfrenta un escenario marcado por el escepticismo ciudadano y una profunda crisis de representación política. Diversas encuestas recientes de instituciones como Ipsos y el Instituto de Estudios Peruanos coinciden en niveles históricos de desaprobación del Congreso, que han superado el 90% en los últimos años, reflejando una desconexión estructural entre la clase política y la ciudadanía.
Este contexto no solo evidencia fatiga democrática, sino también un deterioro institucional sostenido, agravado por escándalos, confrontación entre poderes y una agenda legislativa percibida como alejada de las prioridades nacionales, especialmente en seguridad y economía. En este marco, el proceso electoral actual reproduce dinámicas que alimentan la desconfianza. Una proporción significativa de candidatos proviene de ciclos políticos anteriores o ha transitado por múltiples partidos, consolidando la percepción de “reciclaje político”. A ello se suma la estrategia del “doble seguro”, donde aspirantes presidenciales encabezan listas parlamentarias para asegurar presencia institucional, lo que distorsiona la competencia y debilita la lógica de representación. Paralelamente, la implementación del sistema bicameral, sin una adecuada pedagogía electoral, ha generado confusión en el electorado, evidenciada en sondeos que muestran altos niveles de desconocimiento sobre el proceso de votación.
A esta fragilidad estructural se suma un factor crítico: el rol de los medios de comunicación. Lejos de contribuir a un debate público informado, una parte significativa del ecosistema mediático ha privilegiado la confrontación superficial, la espectacularización de la política y la cobertura centrada en encuestas antes que en propuestas programáticas. Esta lógica ha reducido la calidad deliberativa del proceso electoral, amplificando narrativas polarizantes y debilitando la capacidad del ciudadano para tomar decisiones informadas. En paralelo, también se observa la influencia indirecta de intereses económicos que, mediante líneas editoriales o agendas informativas, buscan proteger posiciones de poder más que promover reformas estructurales.
El comportamiento de las preferencias electorales confirma un escenario de fragmentación extrema. Keiko Fujimori lidera las encuestas, pero sin alcanzar niveles que garanticen gobernabilidad sólida, mientras figuras como Carlos Álvarez capitalizan el voto de protesta y el rechazo al establishment.
Sin embargo, detrás de esta dinámica también operan actores informales y redes ilícitas que buscan incidir en los resultados. La expansión de economías ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico no solo representa un problema de seguridad, sino también una amenaza directa al sistema democrático, al infiltrar campañas, financiar candidaturas o condicionar decisiones políticas futuras en función de sus intereses. Las implicancias de este escenario son críticas.
Un resultado fragmentado sin mayorías claras en el Ejecutivo ni en el Legislativo podría perpetuar la inestabilidad política que ha caracterizado al país en la última década. Además, la persistencia del reciclaje político limita la renovación de liderazgos y reduce la probabilidad de reformas estructurales necesarias para enfrentar problemas como el avance del crimen organizado, la informalidad económica y la debilidad del Estado en regiones clave. La influencia de mafias vinculadas a economías ilegales agrava este panorama, al distorsionar la competencia democrática y debilitar aún más la legitimidad de las instituciones. Frente a este panorama, se requieren medidas estratégicas que trasciendan el corto plazo electoral.
Es fundamental fortalecer los mecanismos de democracia interna en los partidos, establecer filtros más rigurosos para la selección de candidatos y promover incentivos para la formación de cuadros técnicos. Asimismo, el sistema electoral debe priorizar la educación cívica, especialmente en contextos de reformas como la bicameralidad, para garantizar una participación informada.
En paralelo, resulta imprescindible avanzar en reformas institucionales que mejoren la rendición de cuentas del Congreso, limiten prácticas como el transfuguismo y fortalezcan los sistemas de fiscalización del financiamiento político para prevenir la captura por intereses ilegales. El desafío no es únicamente elegir autoridades, sino reconstruir la confianza en el sistema democrático. Si el electorado opta por el mal menor o se refugia en el voto de protesta, el país corre el riesgo de prolongar un ciclo de inestabilidad y baja calidad institucional. La salida pasa por una combinación de presión ciudadana, reformas estructurales y compromiso político real con el interés público, así como por un rol más responsable de los medios y un combate frontal a las economías ilegales. Solo así será posible transformar estas elecciones en un punto de inflexión y no en una repetición de los errores que han llevado al Perú a su actual encrucijada.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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