Perú 2026: Reconfiguración Institucional y la urgencia de un shock de confianza para la inversión privada

El proceso electoral peruano del 2026 constituye uno de los hitos más
importantes de la reingeniería institucional de nuestra historia
republicana reciente, no solo por la renovación del Poder Ejecutivo, sino
por el trascendental retorno a la bicameralidad parlamentaria. Como
académico vengo desde hace varias décadas observando la
interacción entre la política y los mercados, entiendo que este cambio
estructural redefine el equilibrio de poderes tras más de treinta años de
un sistema unicameral que, en los últimos años, mostró signos
evidentes de agotamiento, baja calidad legislativa y una peligrosa
desconexión con la ciudadanía. La instauración de una Cámara de
Senadores de 60 integrantes y una de Diputados de 130, representa una
pieza fundamental del principio de separación de poderes o checks and
balances, indispensable para otorgar la seguridad jurídica que el
capital privado exige para su despliegue a largo plazo.

La ejecución de la jornada electoral del 12 de abril ha dejado de ser el
ejercicio de eficiencia administrativa que una nación moderna requiere.
Los graves problemas logísticos en la distribución de material electoral,
atribuidos a la ONPE, impidieron la instalación oportuna de cientos de
mesas en distritos neurálgicos de Lima Metropolitana. Esta ineficacia
operativa forzó una extensión inédita de los comicios hasta el lunes 13
de abril para garantizar el derecho al sufragio de miles de compatriotas.
Los errores técnicos de esta magnitud alimentan narrativas de fraude y
generan un ruido político. La estabilidad de un país no solo se mide por
sus fundamentos macroeconómicos, sino por la pulcritud de sus
procesos democráticos.

El panorama político resultante revela una fragmentación sin
precedentes, con más de 35 fórmulas presidenciales compitiendo en
una oferta electoral atomizada. Esta «pulverización del sufragio» es
consecuencia directa de reformas que flexibilizaron la inscripción de
partidos y eliminaron filtros como las Elecciones Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO), permitiendo la irrupción de figuras
personalistas y de la «antipolítica» que apelan más al sentimiento que a
la propuesta técnica. No obstante, el electorado ha enviado una señal
clara de madurez al castigar a las viejas maquinarias políticas que han
dominado la última década, muchas de las cuales han quedado por
debajo de la valla electoral, perdiendo su inscripción oficial.

Desde la perspectiva del desarrollo nacional, el impacto económico de
este nuevo mapa del poder debe analizarse de manera cauta. La
consolidación de no tener opciones pro-mercado en las proyecciones
para la segunda vuelta sugiere una inminente reactivación basada en la
captación de capital privado. El próximo gobierno tiene la misión
ineludible de elevar la inversión privada por encima del 22% del PBI para
retomar tasas de crecimiento superiores al 6%, lo cual no sería viable
sin un shock de desburocratización y un compromiso férreo con la
disciplina fiscal y la autonomía del Banco Central de Reserva. El nuevo
Senado tendrá un rol crítico en la designación de autoridades de
instituciones clave como el propio BCRP y el Tribunal Constitucional,
garantizando que los pilares de nuestra estabilidad económica no sean
vulnerados por vaivenes populistas.

Finalmente, el éxito de este quinquenio 2026-2031 dependerá de la
voluntad de las fuerzas parlamentarias para construir coaliciones
sólidas en un Congreso bicameral fragmentado. Resulta imperativo que
el futuro mandatario posea el liderazgo necesario para reconciliar a una
nación donde casi el 40% de la población no se siente representada por
las opciones finales. El desarrollo no es solo un indicador estadístico;
debe traducirse en infraestructura real, seguridad ciudadana efectiva
contra el crimen organizado y una educación que prepare a nuestros
jóvenes para la economía del conocimiento. Como economista
comprometido con el Perú, espero que la segunda vuelta electoral se
centre en la comparación de planes de gobierno y no en el insulto, pues
solo a través de la estabilidad jurídica y la paz social lograremos que
nuestra nación despegue hacia la prosperidad.

Javier Zúñiga Quevedo
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid – España, Maestría en Administración (Universidad Autónoma de Guadalajara – México) y Maestría en Administración Pública (Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública en México D.F.). Economista de la Universidad de Lima (1975).
Ex Decano de la Facultad de Economía durante 14 años, Ex Director de la Escuela de Post Grado (3 años), Ex Catedrático Principal de Economía de la Universidad de Lima y Ex Vocal de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI. Actualmente Gerente General de Asesoría y Negocios Financieros S.A. – ASFINSA, y Director de empresas privadas.