Voto “informado”: cuando el sistema te dice con quién no pierdes tu voto

El reciente proceso electoral en el Perú no solo ha producido resultados políticos; ha dejado, sobre todo, una inquietante evidencia: cuando el procedimiento se altera, el resultado deja de ser plenamente confiable. La pregunta ya no es quién pasa a la segunda vuelta, sino bajo qué condiciones.

La jornada estuvo lejos de la normalidad. Mesas que no se instalaron a tiempo, fallas en el voto electrónico y, más grave aún, la ausencia de material electoral en determinados locales impidió que un número significativo de ciudadanos votara cuando correspondía. No se trata de incidentes aislados, sino de fallas que impactan directamente en el núcleo del proceso democrático.

La respuesta de la administración electoral fue permitir que estos electores votaran al día siguiente. La medida, presentada como correctiva, introdujo en realidad una distorsión estructural: un grupo de ciudadanos votó con información que otros no tuvieron.

Cuando esos electores acudieron a las urnas, el país ya conocía los sondeos a boca de urna y el avance del conteo oficial, que bordeaba entre el 30% y 40% de actas procesadas. En ese contexto, el voto deja de ser una decisión adoptada en igualdad de condiciones y pasa a estar influido por tendencias ya visibles.

El fenómeno es conocido: el “voto estratégico”. El elector que percibe que su candidato no tiene opciones reales puede redirigir su decisión hacia una alternativa viable. Esto no es irregular en sí mismo. Lo problemático es que esa conducta haya sido inducida por una alteración en el propio desarrollo del proceso electoral.

En el caso peruano, el impacto potencial es evidente. Con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga posicionados en los primeros lugares, ambos de derechas, la verdadera disputa se traslada al tercer puesto. El grupo de electores que votó en una segunda jornada, ya informado del repunte o estancamiento de sus candidatos, pudo concentrar su voto en la opción mejor posicionada dentro de sus preferencias políticas.

A ello se suma un factor adicional: el desplazamiento del voto del domingo al lunes no solo alteró el momento, sino también el perfil del votante. Es razonable suponer que jóvenes y personas con mayor disponibilidad ese día participaron en mayor proporción. 

Así, el llamado “voto informado” —tradicionalmente entendido como una virtud cívica— se convierte en un factor de distorsión: se le “informa” al votante rezagado, a través de datos oficiales y tendencias difundidas, cuál es el candidato funcional para preservar la eficacia de su voto. El sistema, sin declararlo, termina sugiriendo un “refugio electoral”.

Quienes respaldaban a Keiko Fujimori o a Rafael López Aliaga no tenían incentivos para modificar su decisión. Distinto es el caso de sectores críticos de estas candidaturas, que, al advertir la inviabilidad de sus opciones originales, pudieron concentrar su voto en el candidato mejor posicionado para enfrentarlas. Esto, sumado a la no apertura de mesas y tachas de actas en zonas donde los candidatos líderes tendrían mayor influencia, recuerda otros procesos electorales muy cuestionados. 

Lo ocurrido es delicado, tanto en el plano moral como en el jurídico. La propia autoridad encargada de garantizar la limpieza del proceso habría terminado comprometiendo los principios que lo sostienen.

El principio de igualdad del voto exige que todos los ciudadanos participen en condiciones equivalentes. Aquí no ocurrió. El principio de simultaneidad del sufragio demanda que la votación se realice bajo condiciones temporales homogéneas; esa regla fue quebrada. El principio de libertad del voto se ve comprometido cuando la decisión se adopta bajo la influencia de tendencias ya conocidas. Y el principio de neutralidad —que obliga a la administración electoral a evitar cualquier efecto que genere ventajas, incluso indirectas— queda en cuestión cuando los votos pueden ser redirigidos por la propia dinámica del proceso.

No se afirma aquí la existencia de fraude. Pero sí algo más inquietante: que el proceso ha generado condiciones suficientes para una duda razonable. Y en democracia, la duda no es un detalle; es el inicio de la erosión de la confianza pública.

Porque la legitimidad electoral no descansa solo en el conteo de votos, sino en la certeza de que todos fueron emitidos en igualdad de condiciones. Cuando esa certeza se rompe, el resultado —cualquiera que sea— deja de ser plenamente incuestionable.

Juan Reyes La Rosa.
Administrador de empresas y Contador Público, con maestría de administración en la UNMSM y diplomado internacional de Control de Gestión en la Universidad de Piura en convenio con la Universidad de Chile. En el campo de la investigación ha dedicado sus esfuerzos al estudio de las obras de Leonardo Da Vinci. Es el XIII campeón nacional de ajedrez postal y en su reciente publicación, Reforma del Ajedrez y el Número de Oro, demuestra el origen matemático del ajedrez.