El Perú enfrenta el cierre del proceso electoral de 2026 con una estabilidad frágil y una legitimidad cuestionada, en un contexto donde la influencia de economías ilícitas ha dejado de ser marginal para convertirse en un factor estructural de la competencia política. La incertidumbre sobre la segunda vuelta no solo refleja una disputa electoral reñida, sino también la percepción extendida de que actores informales han condicionado el proceso y comprometen su resultado.
Los datos más relevantes permiten dimensionar la magnitud del fenómeno. La minería ilegal de oro genera más de 10,000 millones de dólares anuales, mientras que el narcotráfico aporta alrededor de 5,000 millones. En conjunto, estas economías movilizan recursos equivalentes a varios puntos del PBI nacional, superando ampliamente los costos de cualquier campaña electoral. A ello se suma un indicador crítico: cerca del 78% de ciudadanos considera que el dinero ilícito influiría en los resultados de 2026, reflejando una crisis de confianza sin precedentes.
La influencia de estas economías sobre el proceso electoral opera en dos niveles interconectados. En el plano directo, el financiamiento ilegal constituye el principal mecanismo de intervención. La fragmentación en decenas de organizaciones políticas y la debilidad de los controles facilitaron el ingreso de capitales en efectivo provenientes de la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilícita. Estos recursos permitieron sostener campañas que, de otro modo, no habrían sido viables, generando compromisos explícitos o implícitos con los financistas y condicionando la toma de decisiones futuras.
Este financiamiento directo distorsiona la equidad de la competencia. Candidatos respaldados por recursos ilícitos despliegan mayor capacidad logística, movilización territorial y presencia mediática, alterando las condiciones de igualdad frente a opciones que dependen de financiamiento formal. El resultado es un proceso electoral donde el acceso al poder no responde necesariamente a propuestas o representatividad, sino a la disponibilidad de recursos opacos y a redes de influencia subterráneas.
En el plano indirecto, la influencia es más profunda y persistente. Las economías ilícitas ejercen control territorial en diversas regiones del país, particularmente en corredores mineros y zonas cocaleras, lo que se traduce en capacidad de movilización electoral, presión sobre votantes y condicionamiento de autoridades locales. En estos espacios, el voto se encuentra mediado por relaciones de dependencia económica e incluso coerción, debilitando el principio de libertad electoral.
Asimismo, estos actores inciden en la agenda política antes y después de las elecciones. Durante la campaña promovieron narrativas favorables a la flexibilización de controles, la ampliación de regímenes como el REINFO y la reducción de la fiscalización ambiental y financiera. De esta manera, no solo financian candidaturas, sino que moldean propuestas programáticas y futuras decisiones legislativas o ejecutivas.
Otro mecanismo clave es la captura institucional progresiva a nivel subnacional. El financiamiento ilícito facilita la elección de autoridades locales y regionales que, mediante omisión o complicidad, permiten la continuidad de actividades ilegales. Esto genera un efecto acumulativo donde redes políticas alineadas con intereses ilícitos consolidan su influencia más allá de un solo ciclo electoral.
Las implicancias son profundas. La democracia pierde sustancia cuando el poder político responde a intereses ilegales, y el Estado ve erosionada su capacidad de regulación y control. La competencia electoral deja de ser un mecanismo de representación ciudadana para convertirse en un espacio condicionado por capitales ilícitos.
Frente a este escenario, la respuesta debe enfocarse en cerrar los canales de influencia directa e indirecta. Es indispensable fortalecer la fiscalización del financiamiento político en tiempo real, endurecer sanciones y dotar de mayor autonomía a las entidades de control. Asimismo, recuperar el control territorial mediante presencia estatal efectiva resulta crucial para garantizar elecciones libres.
*En conclusión, el proceso electoral de 2026 evidencia que la principal amenaza a la democracia peruana es la penetración sistemática de economías ilícitas en la política. Sin reformas estructurales y acción coordinada, el país corre el riesgo de consolidar un sistema donde el poder se define fuera de la legalidad, comprometiendo gravemente su futuro institucional.*
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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