La renovación de la flota de combate del Perú ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un indicador crítico de la calidad de su conducción política y de su visión estratégica. Durante décadas, el país ha postergado decisiones clave en defensa, operando bajo un esquema de mínima capacidad que hoy resulta insostenible. La obsolescencia progresiva de los sistemas MiG-29 y Mirage 2000 no solo limita la operatividad de la Fuerza Aérea del Perú, sino que expone una falla estructural en la planificación del poder nacional.
En el contexto actual, los recientes gobernantes han reconocido finalmente la urgencia de la situación y ha planteado la adquisición de 24 cazas de generación 4.5, en un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes, restricciones logísticas y una acelerada modernización militar en la región. Sin embargo, la eventual postergación de la firma del contrato avanzado con Estados Unidos introduce un elemento de alta sensibilidad política y estratégica. Tras múltiples gestiones diplomáticas realizadas por la embajada americana, una dilación adicional no solo genera incomodidad en el socio potencial, sino que proyecta una imagen de indecisión que afecta la credibilidad del Perú como contraparte confiable.
El problema central no radica únicamente en la elección de la plataforma, sino en la fragilidad institucional que caracteriza el proceso. La recurrencia de cambios políticos, la ausencia de continuidad en las políticas públicas y la instrumentalización populista del gasto en defensa han consolidado un patrón de comportamiento errático. En este escenario, la responsabilidad política del Estado peruano es particularmente grave: no se trata de una negociación entre autoridades de turno, sino de un compromiso entre gobiernos que trasciende administraciones y que, por su naturaleza estratégica, debe garantizar continuidad y previsibilidad.
A ello se suma un elemento adicional de relevancia: el rol de los cuadros militares que actualmente forman parte del gobierno de transición. Su participación implica un compromiso directo con la preservación de la institucionalidad y la ejecución responsable de decisiones críticas para la defensa nacional. Una eventual postergación injustificada no solo comprometería la planificación operativa de la Fuerza Aérea, sino que también pondría en cuestión la coherencia de ese mandato institucional.
El calendario electoral introduce, además, un factor de riesgo que no puede ser ignorado. La posibilidad de que un gobierno de orientación de izquierda asuma el poder incrementa la probabilidad de una revisión o incluso anulación del proceso de compra, lo que implicaría perder una oportunidad histórica de renovar oportunamente la flota aérea. Más allá de las posiciones ideológicas, lo cierto es que la incertidumbre política debilita la continuidad de decisiones estratégicas de largo plazo y eleva el costo de la inacción. En ese contexto, la percepción de que intereses no transparentes podrían estar influyendo para dilatar o entorpecer el proceso agrava aún más el escenario, erosionando la confianza pública y la legitimidad de la decisión.
Las implicancias de este escenario son profundas. La pérdida de capacidad disuasiva debilita la posición del Perú en el entorno regional, donde la percepción de poder es determinante. Asimismo, la relación con Estados Unidos, en un contexto de competencia geopolítica creciente en América Latina, adquiere un valor estratégico que va más allá de la simple adquisición de material militar. La interoperabilidad, el acceso a inteligencia y la cooperación en seguridad dependen en gran medida de señales políticas claras y consistentes. La incertidumbre, por el contrario, incrementa el riesgo de costos financieros, sanciones contractuales y deterioro reputacional.
Frente a este panorama, el Perú requiere institucionalizar su política de defensa mediante mecanismos que garanticen continuidad, transparencia y rigor técnico. Es imprescindible blindar los procesos de adquisición frente a vaivenes políticos, establecer consensos mínimos a nivel de Estado y fortalecer la articulación con socios estratégicos bajo criterios de interés nacional. La supervisión independiente y la planificación fiscal responsable deben acompañar este proceso para asegurar sostenibilidad.
*La defensa no admite improvisación ni ambigüedad. Postergar decisiones críticas o gestionarlas con informalidad implica asumir costos estratégicos que trascienden lo inmediato. El Perú enfrenta una prueba decisiva: actuar con responsabilidad política y visión de largo plazo o consolidar una trayectoria de irrelevancia. La firma oportuna, bajo un enfoque de Estado, no solo fortalecerá la capacidad disuasiva, sino que reafirmará la credibilidad internacional del país.*
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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