¿El Perú está amenazado por golpes de estado?

Por Jorge Céliz Kuong
25 de abril de 2026

América Latina ofrece hoy un espejo inquietante sobre la fragilidad democrática cuando se tensan al límite las reglas del juego. Episodios como el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras el 2009 o la crisis institucional en Bolivia el 2019, aunque distintos en naturaleza, evidencian cómo la erosión progresiva puede desembocar en rupturas de alto costo político y social. En este contexto regional, el Perú atraviesa en abril del 2026 uno de sus momentos más delicados desde el retorno democrático. A solo dos semanas de las elecciones generales, el país permanece atrapado en un clima de incertidumbre donde la legalidad formal convive con prácticas que socavan su legitimidad. Más preocupante aún es la acción de actores políticos que, sin pruebas consistentes, incentivan narrativas de fraude y promueven la desobediencia institucional, alimentando un escenario donde el quiebre del orden democrático deja de ser impensable. De concretarse una deriva de este tipo, las consecuencias serían severas: internamente, mayor fragmentación social, parálisis económica y pérdida de gobernabilidad; externamente, aislamiento diplomático, deterioro de la calificación crediticia y fuga de inversiones en un entorno global altamente competitivo.

Este cuadro no es aislado, sino la continuación de una trayectoria histórica marcada por rupturas y aprendizajes incompletos. A diferencia de los golpes militares del pasado, las Fuerzas Armadas han mantenido en las últimas décadas una conducta profesional y subordinada al orden constitucional, como se evidenció en la crisis de 2022. Sin embargo, el riesgo actual no proviene de cuarteles, sino de la instrumentalización de las propias reglas democráticas por actores civiles que buscan ventajas inmediatas.

En este contexto, mecanismos como la vacancia por incapacidad moral, la judicialización de la política y la captura de organismos clave han dejado de ser controles excepcionales para convertirse en herramientas recurrentes de disputa. Informes recientes de organismos internacionales y centros de análisis coinciden en que el Perú presenta uno de los niveles más altos de inestabilidad política en la región, con impactos directos en la inversión, el crecimiento y la confianza institucional.

Las implicancias estratégicas son profundas. Una democracia que sobrevive solo en sus procedimientos pierde capacidad de gobernar y de producir bienestar. La incertidumbre desalienta decisiones de largo plazo, debilita al Estado y abre espacio para salidas autoritarias o populistas. Además, la normalización del conflicto permanente erosiona el contrato social y reduce la disposición de la ciudadanía a respetar las reglas, generando un círculo vicioso de deslegitimación.

Frente a este panorama, la respuesta no puede limitarse a la coyuntura. Se requiere una agenda de reformas institucionales que fortalezca la estabilidad sin sacrificar la representación. Es clave redefinir los criterios de vacancia para evitar su uso arbitrario, mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y promover partidos más sólidos y programáticos. Asimismo, resulta indispensable reforzar la independencia de los organismos electorales y del sistema de justicia, garantizando procesos transparentes y confiables.

A la par, el liderazgo político debe asumir un compromiso explícito con las reglas democráticas. Cuestionar resultados sin pruebas debilita el sistema y alimenta la polarización. La comunidad empresarial, la sociedad civil y los medios también tienen un rol crucial en exigir responsabilidad y promover consensos mínimos que permitan gobernabilidad.

El Perú enfrenta una amenaza menos visible que los golpes del pasado, pero igualmente peligrosa: la erosión gradual de sus instituciones desde dentro. Evitar este desenlace exige reformas claras, actores responsables y una ciudadanía vigilante. Solo así será posible transformar la actual democracia de supervivencia en un sistema estable, legítimo y capaz de impulsar el desarrollo nacional en el largo plazo. Para lograrlo, es necesario articular una hoja de ruta gradual pero firme, con plazos definidos y acuerdos políticos verificables. La cooperación internacional puede aportar estándares y asistencia técnica, pero la solución depende principalmente de decisiones internas. Recuperar la confianza ciudadana será el indicador decisivo del éxito, y ello solo se alcanzará con resultados concretos en estabilidad, crecimiento y justicia efectiva sostenida en el tiempo y percibida como legítima por la mayoría de peruanos.

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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.