Cuando la logística electoral se vuelve destino político

Por César A. Novoa Ch.

Una democracia no se rompe solamente cuando alguien cambia un voto. También se debilita cuando el ciudadano no puede votar, cuando una mesa no se instala, cuando un acta queda observada, cuando el conteo se demora más de lo razonable y cuando la autoridad electoral no logra explicar, con velocidad quirúrgica y transparencia total, qué ocurrió, dónde ocurrió, por qué ocurrió y a quién pudo afectar.

El Perú no necesita gritos. Necesita verdad objetiva. Y la verdad objetiva, en este momento, es incómoda: el proceso electoral del 12 de abril de 2026 no puede ser descrito como un proceso operativo impecable. Hubo fallas logísticas relevantes, mesas que no se instalaron oportunamente, electores afectados, actas en revisión, demora en resultados y una crisis institucional que terminó con la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en medio de presión pública por los retrasos del conteo. Reuters informó que Corvetto renunció el 21 de abril, afirmó que su salida buscaba restaurar la confianza y negó que hubiera fraude.

Pero el punto central no es usar palabras explosivas. El punto central es medir la materialidad electoral. En una elección amplia, una falla puede ser grave pero no decisiva. En una elección estrecha, una falla logística deja de ser un incidente administrativo y se convierte en un hecho políticamente sensible. Según Reuters, la disputa por el segundo lugar se encontraba entre Roberto Sánchez, con alrededor de 12.0 %, y Rafael López Aliaga, con alrededor de 11.9 %, una diferencia aproximada de 14,000 votos en ese momento.

Ahí está el núcleo del problema: cuando el margen es mínimo, cada error cuenta; cuando cada error cuenta, la transparencia ya no es una cortesía institucional, sino una obligación democrática.

La Misión de Observación Electoral de la OEA registró que en 13 recintos de Lima Metropolitana no se lograron instalar mesas, afectando a 55,261 electores, y que posteriormente se dispuso una extensión excepcional de la jornada para el lunes 13 de abril. También observó demoras, confusión ciudadana y problemas en la apertura de la votación en esos locales. reportó, además, que los problemas de entrega de material electoral en Lima impidieron votar oportunamente a más de 52,000 personas y motivaron una extensión de la jornada.

Esto no debe ser tratado como un detalle menor. El voto no es un trámite. El voto es el acto mínimo de soberanía de un ciudadano. Si el sistema impide votar a decenas de miles de personas, aunque sea por falla logística, el daño institucional existe. Y si esa falla ocurre en una elección donde el pase a segunda vuelta se define por márgenes estrechos, entonces la pregunta técnica es inevitable: ¿esa falla pudo afectar de manera directa o indirecta a un candidato específico?

En este caso, el candidato políticamente más expuesto a esa zona de incertidumbre es Rafael López Aliaga. No porque se deba asumir automáticamente que hubo una acción dirigida contra él, sino porque la combinación de tres elementos lo coloca en el centro del impacto potencial: margen estrecho, actas observadas y electores afectados. La aritmética electoral es fría: cuando la diferencia es pequeña, cualquier volumen relevante de votos no emitidos, actas cuestionadas o demoras no explicadas puede alterar la percepción, la legitimidad y eventualmente la posición competitiva.

Rafael López Aliaga y Renovación Popular han solicitado la anulación de alrededor de 4,500 actas vinculadas a la denominada “serie 900,000”, alegando presuntas irregularidades en el conteo. Esa posición debe ser evaluada con rigor probatorio, no con aplausos ni descalificaciones. Gestión reportó esa solicitud de nulidad de actas y el argumento político-electoral presentado por el candidato. Pero una denuncia, por sí sola, no prueba la tesis. La obligación del sistema electoral es más exigente: debe responder con documentos, trazabilidad, actas, cadena de custodia, explicación estadística y auditoría verificable.

Ese es el estándar serio. No basta decir “todo está bien”. Tampoco basta decir “todo está mal”. El país necesita una respuesta institucional superior: mesa por mesa, acta por acta, local por local, hora por hora, funcionario por funcionario. Porque cuando el segundo lugar está en disputa, la falta de explicación no es neutral: favorece la sospecha, profundiza la polarización y erosiona la confianza pública.
La observación internacional ha sido clara en otro punto: las misiones han reconocido problemas logísticos, pero no han señalado evidencia de manipulación electoral. AP informó que la misión de la Unión Europea no encontró señales de fraude, aunque sí identificó problemas logísticos relevantes. Eso obliga a formular la tesis con precisión: no estamos ante una conclusión cerrada de alteración deliberada; estamos ante un proceso con fallas reales cuya materialidad debe ser demostrada o descartada con evidencia completa.

Y aquí aparece una idea fundamental: en democracia, la legitimidad no se defiende minimizando los errores; se defiende auditándolos. Una autoridad electoral fuerte no teme a la revisión. Una autoridad electoral moderna no se esconde detrás del formalismo. Una autoridad electoral confiable abre los datos, explica la ruta del material electoral, publica la trazabilidad de las actas, permite el escrutinio técnico y responde con serenidad, no con soberbia.

La renuncia de Corvetto, los allanamientos posteriores y la incautación de dispositivos y documentos en el marco de una investigación fiscal muestran que el caso ya no es solo un reclamo político; es una crisis institucional que exige respuestas de alto nivel. Reuters informó que la policía y la fiscalía realizaron diligencias en propiedades vinculadas al exjefe de la ONPE y otros investigados, mientras Corvetto negó cualquier mala conducta y pidió una investigación imparcial.

Por eso, la tesis editorial debe ser firme y prudente a la vez:

Rafael López Aliaga no necesita que se le conceda la razón por simpatía política. Necesita que se le garantice una revisión objetiva porque la combinación de fallas logísticas, margen estrecho y actas cuestionadas lo convierte en el candidato más directamente expuesto al impacto político-electoral de los errores del proceso.

Ese es el punto. No se trata de defender a un nombre. Se trata de defender un principio. Si mañana el afectado fuera otro candidato, la exigencia debería ser exactamente la misma. Porque la democracia no se protege según quién reclama; se protege según la gravedad del hecho reclamado.

El Jurado Nacional de Elecciones ha fijado el 15 de mayo como fecha límite para concluir el conteo y definir oficialmente a los candidatos de la segunda vuelta, de acuerdo con AP. Ese plazo no debe ser solo un hito administrativo. Debe ser una oportunidad para reconstruir confianza. El Perú necesita saber no solo quién pasa a la segunda vuelta, sino si el camino para llegar a esa conclusión fue plenamente verificable.

La pregunta de fondo es brutalmente simple: ¿puede el sistema electoral reconstruir cada decisión, cada acta, cada incidencia y cada voto observado con evidencia verificable? Si puede hacerlo, la institucionalidad saldrá golpeada, pero viva. Si no puede hacerlo, el daño será más profundo que el resultado de una elección: será una fractura de confianza en la arquitectura democrática.

La democracia peruana no necesita relatos. Necesita trazabilidad.

No necesita consignas. Necesita auditoría.

No necesita cerrar rápido. Necesita cerrar bien.

Y cerrar bien significa reconocer lo evidente: el proceso tuvo fallas reales; esas fallas son electoralmente sensibles; y, por la estrechez de la competencia, Rafael López Aliaga aparece como el candidato más afectado potencialmente por la incertidumbre generada. Esa afectación no debe exagerarse ni negarse. Debe medirse.

Porque en una democracia adulta, la verdad no se impone.

La verdad se prueba.

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César Augusto Novoa Chávez
CEO de NOZA Investment Company SAC Perú y un líder estratégico con más de 25 años impulsando crecimiento, innovación y transformación en entornos altamente competitivos. Su trayectoria integra finanzas, gestión de riesgos, tecnología y dirección comercial, con posiciones clave en Derrama Magisterial, Banco Azteca / Grupo Salinas y Banco del Trabajo. Reconocido por convertir la visión en ejecución, diseña e implementa modelos escalables orientados a valor, rentabilidad y sostenibilidad. Es docente internacional de posgrado y columnista. Economista (Universidad Nacional de Piura) y MBA (ESAN), con especializaciones en Riesgos Financieros (ESAN & Tecnológico de Monterrey), Transformación Digital & Fintech (Copenhagen Business School) y Business Sustainability (University of London).