Durante décadas, Latinoamérica se permitió habitar una ilusión cómoda: la de una paz estructural sostenida por la ausencia de guerras interestatales. Ese espejismo, funcional a restricciones fiscales y prioridades políticas inmediatas, hoy se resquebraja frente a un entorno internacional más competitivo e incierto. La prolongación de la guerra en Europa del Este, la creciente rivalidad entre potencias y la militarización del Indo-Pacífico han reinstalado la lógica de la disuasión como eje del sistema internacional. En ese contexto, la región exhibe un rezago acumulado en capacidades de defensa que ya no puede ignorarse sin comprometer su soberanía y estabilidad.
El problema no es solo cuánto se invirtió, sino cómo se dejó de pensar estratégicamente. América Latina no solo postergó la modernización de sus fuerzas armadas, sino que también subestimó la transformación de las amenazas. El conflicto contemporáneo ya no responde a esquemas convencionales: hoy predomina un entorno híbrido donde convergen crimen organizado transnacional, economías ilícitas, ciberataques y presión sobre infraestructuras críticas. En ese marco, las adquisiciones recientes de plataformas convencionales en algunos países —aunque necesarias— resultan insuficientes si no se integran en una arquitectura más amplia de inteligencia, vigilancia y control territorial.
El caso peruano y su entorno inmediato ilustra con claridad esta tensión. Chile, tras décadas de inversión sostenida, mantiene una de las fuerzas armadas más tecnológicamente avanzadas de la región, con capacidades aéreas, navales y de mando que superan ampliamente el promedio latinoamericano. Colombia, por su parte, ha desarrollado experiencia operativa significativa en escenarios de conflicto irregular, combinando capacidades militares con inteligencia en la lucha contra el narcotráfico y grupos armados. Brasil, potencia regional, avanza en autonomía estratégica mediante el desarrollo de su industria de defensa y proyectos de alta complejidad tecnológica. En contraste, Ecuador y Bolivia enfrentan limitaciones presupuestarias y estructurales que restringen su modernización, aunque comparten con Perú desafíos comunes vinculados al control de fronteras permeables y economías ilegales.
Este entorno inmediato no configura una amenaza convencional directa, pero sí evidencia asimetrías y presiones que requieren una respuesta estratégica coherente. Las fronteras amazónicas, extensas y de difícil control, se han convertido en corredores de actividades ilícitas que desbordan las capacidades estatales. La dimensión marítima, clave para el comercio y los recursos, también exige vigilancia sostenida. En este contexto, la seguridad interna y la defensa nacional ya no pueden abordarse como esferas separadas, sino como componentes de un mismo problema estructural.
Las implicancias de este desfase son múltiples. En primer lugar, la dependencia tecnológica limita la autonomía de decisión en un entorno geopolítico cada vez más polarizado. En segundo lugar, la falta de capacidades integradas debilita la respuesta frente a amenazas híbridas que operan con rapidez y adaptabilidad. Finalmente, la presión fiscal obliga a una asignación eficiente de recursos: el riesgo no es solo invertir poco, sino invertir mal, en sistemas desconectados de las necesidades reales del territorio.
Frente a este escenario, resulta imperativo avanzar hacia un concepto de seguridad ampliada que articule defensa, inteligencia y desarrollo tecnológico. Para el Perú, esto implica priorizar el control efectivo de sus espacios críticos —fronteras amazónicas, litoral marítimo y dominio aéreo— mediante el uso intensivo de tecnología: drones, sensores, satélites y sistemas de información integrados. Asimismo, la cooperación con países vecinos debe orientarse a la interoperabilidad operativa y al intercambio de inteligencia, superando desconfianzas históricas en favor de objetivos comunes.
En paralelo, la modernización debe incorporar criterios de sostenibilidad y transferencia tecnológica. No se trata solo de adquirir capacidades, sino de construir progresivamente una base industrial que reduzca la dependencia externa. Este proceso será necesariamente gradual, pero es indispensable para sostener cualquier estrategia en el largo plazo.
El desafío no es militarizar la región, sino dotarla de resiliencia estratégica. Persistir en la inercia implica aceptar una vulnerabilidad que erosiona la gobernabilidad y expone a los Estados a presiones externas. La defensa debe entenderse como una inversión en estabilidad y autonomía.
Latinoamérica, y Perú en particular, enfrentan una decisión crítica: continuar administrando su rezago o asumir una transformación estratégica consciente. La hoja de ruta es clara: modernizar con criterio, cooperar con pragmatismo y desarrollar capacidades propias. Solo así será posible transitar del espejismo de la paz a una seguridad efectiva, capaz de sostener la estabilidad democrática y el desarrollo en un mundo cada vez más disputado.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU
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