La crisis institucional peruana ha convertido a la corrupción en un problema estructural y no en una anomalía administrativa. En ese escenario, la Contraloría General de la República se ha transformado en uno de los pocos organismos capaces de mantener cierta capacidad de supervisión sobre un Estado fragmentado, politizado y muchas veces capturado por intereses particulares. Sin embargo, la misma institución que nació para defender la legalidad enfrenta hoy una contradicción peligrosa: mientras aumenta su poder de control, disminuye la capacidad operativa del aparato público. El Perú vive atrapado entre la corrupción y el miedo a decidir.
La reforma impulsada en 1971 bajo la conducción del Gral. EP Oscar Vargas Prieto marcó un punto de inflexión histórico. El Decreto Ley N.° 19039 creó el Sistema Nacional de Control y otorgó autonomía funcional a la Contraloría, alejándola de la subordinación política del Ejecutivo. Aquella transformación modernizó el concepto de fiscalización estatal. El control dejó de limitarse a revisar balances contables y empezó a evaluar eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública. Fue una visión adelantada para América Latina y consolidó al Perú como referente regional dentro de la INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores).
Cinco décadas después, la Contraloría enfrenta un entorno mucho más complejo. La expansión del crimen organizado, la captura política de instituciones y la corrupción descentralizada han desbordado los mecanismos tradicionales de supervisión. El control simultáneo aparece entonces como el principal acierto institucional de las últimas dos décadas. La posibilidad de intervenir durante la ejecución de obras y procesos administrativos permitió detectar riesgos antes de que el daño económico se consolide. La digitalización de informes y la absorción progresiva de los Órganos de Control Institucional también fortalecieron la autonomía técnica del sistema.
Pero el problema ya no es únicamente detectar irregularidades. El problema es que el Estado peruano ha comenzado a administrar bajo una lógica defensiva. Miles de funcionarios prefieren no firmar expedientes, retrasar inversiones o evitar decisiones estratégicas por temor a futuras responsabilidades administrativas, civiles o penales. El llamado “miedo a la firma” se ha convertido en uno de los mayores costos invisibles del país. Obras paralizadas, licitaciones suspendidas y proyectos demorados no siempre responden a corrupción; muchas veces responden al temor burocrático generado por un modelo de control excesivamente formalista.
Esa distorsión coincide con un deterioro alarmante de la percepción pública sobre la corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 ubicó al Perú con apenas 30 puntos sobre 100 y en el puesto 130 de 182 países evaluados, el peor resultado nacional en décadas. La paradoja es evidente: mientras el aparato de control se expande, la ciudadanía percibe que la corrupción sigue creciendo. Ello demuestra que identificar irregularidades no basta si el sistema judicial no sanciona con rapidez y si las redes políticas continúan reciclando impunidad.
La Contraloría necesita una segunda gran reforma histórica. El control debe ser más inteligente y menos burocrático. Debe concentrarse en grandes riesgos financieros, crimen organizado, contratación pública y megaproyectos, dejando de convertir errores administrativos menores en amenazas paralizantes. Asimismo, resulta indispensable integrar inteligencia artificial, interoperabilidad digital y trazabilidad financiera en tiempo real para anticipar esquemas de corrupción compleja. El objetivo no debe ser únicamente sancionar; debe ser impedir que el dinero público sea capturado antes de desaparecer.
El legado de Oscar Vargas Prieto sigue vigente porque entendió que una democracia sin control técnico termina subordinada al poder político. Sin embargo, el desafío actual exige algo adicional: construir un sistema que fiscalice sin destruir capacidad de gestión. El Perú no puede elegir entre corrupción o parálisis. Necesita una Contraloría fuerte, autónoma y estratégica, capaz de proteger recursos públicos sin convertir el miedo en política de Estado.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
0 comments on “La controlaría entre el control y la parálisis”