El Perú está inmerso en el proceso electoral del 2026 enfrentando una amenaza que dejó de ser ambiental o policial para convertirse en un problema de seguridad nacional. La minería ilegal ya no opera únicamente en campamentos clandestinos de la Amazonía. Hoy financia redes criminales, penetra estructuras políticas locales y alimenta economías paralelas capaces de desafiar al propio Estado. El país asiste a la consolidación de un poder informal que se expande mientras las instituciones pierden capacidad de control territorial y autoridad efectiva.
Las cifras muestran la magnitud del problema. Entre el 2015 y el 2025, la minería ilegal representó el 55% de los casos de lavado de activos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera. El flujo económico vinculado al oro ilegal superó los US$ 11.900 millones y desplazó al narcotráfico como principal economía ilícita del país. Los reportes de operaciones sospechosas asociadas a esta actividad se multiplicaron por diez en los últimos años. Paralelamente, las denuncias vinculadas a minería ilegal prácticamente se triplicaron entre el 2020 y el 2025. El oro ilegal se volvió más rentable, más fácil de transportar y menos riesgoso que la cocaína.
El problema no radica únicamente en la extracción clandestina. La verdadera amenaza es la articulación entre economías ilegales, corrupción política y debilitamiento institucional. El REINFO, creado como mecanismo temporal de formalización, terminó convertido en un escudo de impunidad. Lo que debía ordenar la actividad minera facilitó la expansión de operadores ilegales que encontraron cobertura política y vacíos legales suficientes para continuar operando. El Estado intentó administrar la informalidad y terminó legitimando parte del problema.
La situación se agrava porque el actual gobierno transitorio carece de capacidad política para ejecutar reformas profundas. El proceso electoral ya está en marcha y ninguna administración débil asume costos estructurales en medio de una disputa electoral fragmentada. En la práctica, el Ejecutivo se ha limitado a contener la crisis mientras las organizaciones criminales consolidan presencia territorial y financiera.
En ese escenario, la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ha evitado un deterioro aún mayor. Solo en el primer trimestre del 2026 se ejecutaron más de 400 operativos contra minería ilegal y se destruyeron bienes valorizados en más de S/ 760 millones. En regiones como Madre de Dios, Pataz y Loreto, las fuerzas del orden operan en condiciones extremas, enfrentando redes armadas, rutas de contrabando y zonas donde la presencia estatal es mínima. Sin embargo, las mafias poseen suficiente capacidad económica para reconstruir rápidamente campamentos, reabrir rutas logísticas y corromper autoridades locales. La interdicción, sin inteligencia financiera ni depuración institucional, termina siendo insuficiente.
El próximo gobierno heredará, por tanto, un conflicto mucho más complejo que un problema minero. Si adopta una línea populista y tolerante con la informalidad, el riesgo será profundizar la captura política regional y ampliar los espacios de impunidad. Si opta por una estrategia de control firme y reformas severas, enfrentará resistencia social, violencia criminal y altos costos políticos. En ambos casos, el desafío será recuperar autoridad estatal sin desestabilizar aún más el país.
La experiencia regional demuestra que la inacción tiene consecuencias graves. En Colombia, grupos armados financian parte de sus operaciones mediante extracción ilegal de oro. En Ecuador, bandas vinculadas al narcotráfico ingresaron violentamente al negocio minero. En Brasil, facciones criminales expandieron su presencia sobre enclaves auríferos amazónicos aprovechando la débil presencia estatal. El Perú avanza peligrosamente hacia esa misma dinámica.
La solución todavía es posible, pero requiere abandonar la lógica reactiva. El próximo gobierno deberá cerrar definitivamente el REINFO, controlar financieramente toda la cadena del oro, fortalecer inteligencia económica, asegurar presencia permanente del Estado en corredores críticos y coordinar operaciones fronterizas con países vecinos. Sin control financiero y judicialización efectiva, ninguna interdicción resolverá el problema. Lo que está en juego ya no es solo la Amazonía ni la minería ilegal. Lo que está en disputa es la capacidad del Estado peruano para seguir siendo autoridad legítima dentro de su propio territorio.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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