El asalto al BCR como receta para el caos

En plena efervescencia electoral, el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha lanzado una propuesta que debería hacernos saltar de la silla: remover al presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y meterle mano a la política monetaria. Según su libreto, la estabilidad de nuestra moneda es un invento para proteger a «monopolios e inversionistas». Nada más alejado de la realidad; esa frase es demagogia pura y, francamente, suicida.

Sánchez es psicólogo de profesión y busca cambiar la economía del país basándose solo en sus ideas políticas.  Es la misma película que vimos en 2021: alguien llega a Palacio sin nociones básicas (revisa mi anterior artículo: https://peru21.pe/opinion/opinion-luis-m-iglesias-leon-palacio-de-gobierno-simbolismo-y-transparencia-luis-m-iglesias-leon-noticia/) y cree que la economía se maneja con voluntad política y no con técnica. Pero el BCRP no está para cuidar a los poderosos; está para cuidar que el sueldo de la enfermera, del mototaxista y del bodeguero no se evapore en una semana. El gran capital se protege en dólares o activos; el peruano de a pie ahorra en soles, y es a él a quien el BCR blinda contra el fantasma de la inflación.

Gracias a la autonomía consagrada en el artículo 84º de nuestra Constitución, el Perú es una isla de estabilidad en una región que se incendia. Mientras vecinos como Argentina o Venezuela conviven con inflaciones de pesadilla (31.5% y 117% respectivamente), el Perú registró en 2025 apenas un 1.3%. Tenemos la moneda más fuerte del continente y unas Reservas Internacionales de US$ 75,000 millones que nos sirvieron de escudo en la pandemia. Esa estabilidad no cayó del cielo: se construyó separando el poder político de la maquinita de imprimir billetes.

Lo que Sánchez propone no es solo técnicamente desastroso, es legalmente inviable sin romper el orden democrático -es un golpe institucional-. El presidente del BCR no es un empleado del mandatario de turno; lo designa el Ejecutivo, pero lo ratifica el Senado. Solo puede ser removido por falta grave debidamente probada. Pretender sacarlo por «voluntad popular» o decreto es, en términos sencillos, un golpe de Estado institucional. Ya vimos ese libreto el 7 de diciembre de 2022 con Pedro Castillo, y ya sabemos cómo terminó: con un presidente preso y el país en vilo.

La inflación es el impuesto de los pobres; en efecto, sostener que la estabilidad solo beneficia a «los de arriba» es un cinismo atroz. Cuando la inflación regresa por culpa de la emisión inorgánica o el control de tasas a la fuerza, la primera que pierde es la madre de familia que ve cómo el menú diario ya no alcanza. Pierde el joven que ahorra para su casa y ve sus soles valer menos cada mes. La inflación es el impuesto más cruel porque no se vota y lo pagan los que menos tienen.

Finalmente, la propuesta de Sánchez no es un plan de gobierno; es una amenaza de ingobernabilidad. Es la receta de los años 80 que nos dejó hiperinflación y pobreza masiva. La autonomía del BCR y la gestión de Julio Velarde y su equipo no son moneda de cambio -mi sentido homenaje en esta parte para el respetado Renzo Rossini, importante funcionario del BCR a quien perdimos en la trágica pandemia- son la línea que separa a un país serio de una «republiqueta» que rifa el futuro de sus ciudadanos por un par de votos. Los peruanos ya pagamos esa factura una vez; no merecemos un «Castillo parte II».

Luis Miguel Iglesias.
Abogado, Ex Vice Contralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control.
Contraloría General de la República.