La democracia peruana enfrenta una contradicción persistente: mientras el voto sigue siendo el principal instrumento de legitimidad política, la confianza ciudadana en las instituciones electorales continúa debilitándose. En las elecciones del 2026, la polarización, la desinformación y las denuncias cruzadas volvieron a colocar bajo tensión la credibilidad del sistema. En medio de ese escenario, las Fuerzas Armadas reaparecen como un actor decisivo no por razones políticas, sino por la fragilidad estructural del propio Estado para garantizar, sin apoyo militar, la ejecución integral de los comicios en todo el territorio nacional.
La Constitución Política del Perú establece que las Fuerzas Armadas tienen la misión de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, además de colaborar en el control del orden interno conforme a ley. En materia electoral, su responsabilidad específica consiste en asegurar el normal desarrollo de los procesos mediante la protección de locales de votación, la custodia del material electoral y el apoyo logístico en zonas de difícil acceso. Su función es estrictamente constitucional y operativa: garantizar que el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y continuidad institucional.
Durante las décadas de los noventa y principios de los años 2000, esa responsabilidad adquirió una dimensión estratégica debido a la guerra contraterrorista ocasionada por Sendero Luminoso y el MRTA. En amplias regiones de la sierra y la Amazonía, donde el Estado tenía presencia limitada y la amenaza terrorista era constante, las Fuerzas Armadas se convirtieron en el soporte real de la logística electoral. El traslado de ánforas, cédulas y actas dependía de helicópteros militares, convoyes terrestres, embarcaciones fluviales e incluso patrullas a pie que recorrían territorios inaccesibles para cualquier estructura civil.
El despliegue no se limitaba al transporte. Tras el cierre de las mesas, los militares custodiaban el traslado de las actas hacia los centros de cómputo para impedir pérdidas, ataques o alteraciones durante el trayecto. Asimismo, recibían copias de las actas electorales como mecanismo complementario de seguridad y verificación, asegurando la trazabilidad y respaldo del conteo oficial ante posibles sabotajes o contingencias. Esa cadena de custodia fortalecía la legitimidad operativa del proceso en un contexto donde las comunicaciones eran precarias y la violencia seguía siendo una amenaza real.
En las zonas bajo Estado de Emergencia, la responsabilidad militar era aún más visible. Los efectivos realizaban controles de identidad, aseguraban rutas de desplazamiento y ejecutaban patrullajes preventivos para evitar sabotajes contra infraestructura eléctrica o bloqueos armados. También intervenían para garantizar la instalación de mesas de sufragio cuando los miembros designados no se presentaban, recurriendo a ciudadanos presentes en las filas bajo supervisión electoral. En muchos pueblos alejados, la presencia militar representaba la única expresión concreta de autoridad estatal durante la jornada electoral.
Sin embargo, el escenario actual incorpora amenazas más complejas que ya no se limitan al control físico del territorio. Las nuevas modalidades híbridas de interferencia electoral combinan desinformación digital, ataques cibernéticos, manipulación de redes sociales, sabotaje tecnológico, bloqueo de comunicaciones y campañas coordinadas para erosionar la legitimidad de los resultados antes incluso de iniciarse el conteo oficial. El riesgo ya no proviene únicamente de grupos armados, sino también de operaciones digitales capaces de paralizar sistemas de transmisión, alterar bases de datos o generar caos informativo en tiempo real.
En ese nuevo entorno, las Fuerzas Armadas dotándoselas de los recursos necesarios podrían asumir un rol estratégico complementario orientado a la protección de infraestructuras críticas electorales y redes de comunicaciones nacionales. La ciberdefensa, la vigilancia de sistemas de transmisión de datos, la seguridad satelital, la protección de nodos eléctricos y el aseguramiento logístico frente a emergencias climáticas o sabotajes tecnológicos se perfilan como tareas donde la capacidad operativa militar seguirá siendo determinante. En un país vulnerable a desastres naturales, conflictos sociales y amenazas híbridas, la seguridad electoral ya no puede entenderse únicamente desde la custodia física de ánforas y locales de votación.
Lo más significativo es que durante décadas gran parte de estas tareas fueron ejecutadas con demandas presupuestales relativamente limitadas. Las Fuerzas Armadas utilizaban capacidades logísticas ya instaladas dentro de su estructura institucional, permitiendo sostener procesos electorales complejos sin generar el nivel de gasto operativo que hoy demandan las elecciones modernas. Actualmente, la ONPE administra presupuestos considerablemente más elevados debido a la tecnificación, digitalización y complejidad administrativa del sistema electoral. Sin embargo, pese a esos mayores recursos, el organismo continúa dependiendo del soporte militar para garantizar cobertura eficiente, continuidad operativa y seguridad integral en las regiones más alejadas del país.
Esa dependencia revela un problema estructural de fondo. El Perú continúa organizando elecciones donde la estabilidad del proceso descansa parcialmente en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y no exclusivamente en la fortaleza autónoma de las instituciones civiles. Cada retraso, falla técnica o controversia política alimenta sospechas de manipulación y deteriora aún más la confianza ciudadana. La consecuencia es delicada: la democracia comienza a percibirse como un sistema sostenido por mecanismos de control antes que por legitimidad institucional sólida.
La solución no pasa por excluir a las Fuerzas Armadas del proceso electoral. Su papel constitucional sigue siendo indispensable en escenarios de emergencia, aislamiento geográfico o amenazas híbridas contra la infraestructura crítica del Estado. El verdadero desafío consiste en redefinir y especializar su intervención dentro de una estrategia moderna de seguridad democrática. La ONPE debe fortalecer su autonomía logística y tecnológica mediante inversión eficiente, descentralización operativa y sistemas auditables en tiempo real, mientras las Fuerzas Armadas concentran capacidades de respaldo estratégico, ciberseguridad y protección territorial.
La madurez institucional del Perú dependerá de que el ciudadano vuelva a creer que la legitimidad del voto descansa principalmente en la transparencia civil, aunque respaldada por una capacidad estatal capaz de proteger el proceso frente a las nuevas amenazas del siglo XXI.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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