El Perú atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida republicana desde el retorno a la democracia. La polarización política, la fragmentación partidaria y la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones han creado un escenario que recuerda peligrosamente la crisis de 1962, cuando el sistema político colapsó y abrió espacio para la intervención de las Fuerzas Armadas. Hoy el contexto jurídico es distinto y el marco constitucional ya no permite un rol tutelar militar, pero el problema central vuelve a ser el mismo: una democracia debilitada por la desconfianza y una ciudadanía que percibe que el sistema ha dejado de representar estabilidad, legitimidad y orden.
La crisis de 1962 no apareció de manera repentina. Fue el resultado de un desgaste político acumulado tras el final del gobierno de Manuel A. Odría y el inicio de la llamada “Convivencia” bajo Manuel Prado Ugarteche. Aquella etapa se sostuvo en acuerdos entre actores históricamente enfrentados. Prado necesitaba al APRA para garantizar gobernabilidad y el aprismo buscaba recuperar legalidad política después de años de persecución. Paralelamente, el odriísmo mantenía influencia bajo un pacto implícito de no confrontación. Para una parte importante del país, la política había dejado de representar principios y se había transformado en un mecanismo de reparto de poder entre élites.
En ese contexto emergió Fernando Belaúnde Terry como símbolo de renovación frente al desgaste del sistema tradicional. Sin embargo, las elecciones de 1962 profundizaron aún más la crisis. Ninguno de los candidatos principales —Víctor Raúl Haya de la Torre, Belaúnde y Odría— alcanzó el tercio electoral exigido por la Constitución de 1933 y la decisión pasó al Congreso. Las negociaciones entre Haya de la Torre y Odría para construir una mayoría parlamentaria fueron interpretadas por las Fuerzas Armadas como una amenaza para la estabilidad nacional. Bajo el argumento de defender “los derechos de la República” y denunciando irregularidades electorales, los altos mandos militares ejecutaron el golpe del 18 de julio de 1962.
Ese episodio marcó un punto de quiebre en la historia republicana peruana. Por primera vez no actuó un caudillo militar aislado, sino las Fuerzas Armadas como institución, respaldadas por la ambigüedad del Artículo 213 de la Constitución de 1933, que les otorgaba una función tutelar sobre el orden interno. La Junta Militar presidida inicialmente por Ricardo Pérez Godoy y luego por Nicolás Lindley López convocó nuevas elecciones y devolvió el poder a los civiles en 1963. Sin embargo, dejó instalado un precedente peligroso: la idea de que, frente a una crisis política severa y un sistema electoral cuestionado, las Fuerzas Armadas podían considerarse árbitros de la República.
Más de seis décadas después, el Perú vuelve a enfrentar síntomas similares. El proceso electoral del 2026 se desarrolla en medio de una profunda desconfianza hacia los partidos, el Congreso y las instituciones electorales. El país ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años, reflejo de una inestabilidad crónica que ha debilitado la autoridad del Estado y erosionado la confianza ciudadana. A ello se suma el deterioro del Parlamento, cuya desaprobación nacional alcanza alrededor del 87%, consolidándolo como una de las instituciones con menor credibilidad pública del país.
La crisis actual ya no se limita a disputas entre élites políticas. Hoy intervienen factores más complejos y peligrosos. Las redes sociales han convertido la desinformación en una herramienta permanente de confrontación política. Las acusaciones de fraude circulan antes de concluir los procesos de conteo y los sectores radicales buscan desacreditar cualquier resultado adverso. La fragmentación política alcanza niveles inéditos, con decenas de organizaciones participando en elecciones sin estructuras sólidas ni capacidad de construir consensos nacionales. En consecuencia, cada elección deja de percibirse como una solución democrática y comienza a ser vista como una amenaza existencial por distintos sectores de la población.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental respecto a 1962. La Constitución de 1979 eliminó expresamente la doctrina que permitía a las Fuerzas Armadas actuar como árbitros políticos. Ese principio fue ratificado posteriormente en la Constitución de 1993. Actualmente, las Fuerzas Armadas no poseen sustento legal para intervenir en disputas políticas o conflictos electorales. Su función constitucional se limita a garantizar la defensa nacional y el orden interno bajo subordinación al poder civil. Cualquier intervención militar en la vida política constituiría una ruptura abierta del orden democrático.
El verdadero problema del Perú no es militar; es institucional. La democracia peruana se ha debilitado por la ausencia de partidos sólidos, el uso abusivo de la vacancia presidencial y el deterioro progresivo de la confianza pública en las instituciones encargadas de arbitrar el sistema democrático. Cuando los ciudadanos dejan de creer en el Congreso, en los partidos y también en los organismos electorales, el sistema entero entra en una zona de vulnerabilidad donde aumentan la radicalización, la conflictividad social y las tentaciones autoritarias.
La experiencia histórica demuestra que las democracias no colapsan únicamente por golpes militares. También pueden deteriorarse lentamente cuando las instituciones pierden legitimidad y la ciudadanía deja de confiar en la política como mecanismo de representación y resolución de conflictos. Ese es precisamente el escenario que enfrenta hoy el Perú. El problema ya no se limita al desprestigio del Congreso o de los partidos políticos; alcanza también a los propios organismos electorales, cuya imparcialidad y capacidad técnica son cuestionadas por amplios sectores de la población. Cuando una parte importante del país sospecha del árbitro electoral antes incluso de conocerse los resultados definitivos, la democracia entra en una zona crítica donde cualquier resultado puede ser percibido como ilegítimo y convertirse en detonante de mayor conflictividad política y social.
El desafío estratégico del Perú consiste en reconstruir urgentemente la confianza en el sistema democrático antes de que el deterioro institucional alcance un punto irreversible. Para ello, el país necesita una reforma profunda del sistema electoral que fortalezca la transparencia, la fiscalización y la trazabilidad de los procesos de votación y conteo. Resulta indispensable modernizar y auditar integralmente al JNE, la ONPE y RENIEC mediante mecanismos independientes y técnicamente incuestionables, con observación nacional e internacional permanente y acceso público transparente a cada etapa del proceso electoral. Paralelamente, debe reducirse la fragmentación partidaria, limitar el uso arbitrario de la vacancia presidencial y establecer acuerdos mínimos de gobernabilidad que impidan que cada elección derive en una crisis nacional.
El Perú también necesita recuperar cohesión social y capacidad de consenso político para evitar que la polarización siga debilitando al Estado. La lección de 1962 permanece intacta: cuando las instituciones civiles pierden legitimidad y la política deja de generar confianza, el vacío de autoridad abre espacio a escenarios de ruptura. Por ello, la prioridad nacional no debe ser buscar soluciones de fuerza ni alimentar discursos de confrontación, sino restaurar credibilidad, estabilidad y confianza pública antes de que la crisis termine erosionando completamente la capacidad del sistema democrático para resolver pacíficamente los conflictos de la República.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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