La región andina atraviesa una etapa de deterioro político que ya no puede explicarse únicamente por errores económicos o debilidad institucional. Detrás de la crisis que golpea a Bolivia y amenaza con contagiar al Perú existe un factor ideológico persistente: el fracaso de modelos populistas de izquierda que durante años destruyeron institucionalidad, debilitaron la inversión privada y reemplazaron la democracia republicana por proyectos personalistas sostenidos en la confrontación social.
Bolivia es hoy el ejemplo más visible de ese colapso. El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un país paralizado por bloqueos, desabastecimiento de combustible y creciente violencia callejera. Sin embargo, la raíz de la crisis no nació hace seis meses. Es consecuencia de años de deterioro institucional promovido por el evismo, que convirtió al Estado en una maquinaria política subordinada a intereses ideológicos y sindicales. Evo Morales, actualmente cercado por graves investigaciones y con orden de captura por presuntos delitos vinculados a trata de personas, utiliza el caos social como mecanismo de presión y supervivencia política. La agitación permanente le permite victimizarse, mantener control territorial en el Trópico de Cochabamba y preservar influencia sobre sectores radicalizados.
La estrategia no es improvisada. Consiste en explotar el descontento económico para debilitar al Estado y presentarse nuevamente como líder indispensable. El discurso antiimperialista vuelve a aparecer como herramienta de movilización, acompañado por sectores regionales que justifican las vías de hecho bajo el argumento de una supuesta resistencia popular. El resultado es devastador: carreteras tomadas, debilitamiento de la autoridad y una economía cada vez más asfixiada por la incertidumbre.
El Perú observa este escenario en medio de una elección extremadamente polarizada. El balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez revive el clima de fractura política del 2021, pero con un ingrediente adicional: el avance de discursos radicales que buscan capturar nuevamente el aparato estatal bajo consignas ideológicas agotadas. El país enfrenta el riesgo de quedar atrapado en un proyecto político incapaz de generar crecimiento, inversión y estabilidad democrática.
La experiencia regional demuestra que las economías sometidas a experimentos estatistas y narrativas revolucionarias terminan debilitando su aparato productivo y aumentando la dependencia social del Estado. Venezuela, Nicaragua y parcialmente Bolivia evidencian cómo las ideologías comunistas o de izquierda radical degradan progresivamente las instituciones hasta transformar la democracia en un sistema subordinado al caudillo de turno. El Perú no puede repetir ese camino.
El peligro no reside únicamente en el discurso político. También está en la destrucción de confianza. Cuando sectores radicales convierten al empresariado en enemigo, atacan la independencia judicial y buscan controlar organismos electorales o constitucionales, el país ingresa rápidamente en una espiral de incertidumbre. La inversión se retrae, aumenta la fuga de capitales y el empleo formal comienza a deteriorarse. Ninguna economía puede sostener estabilidad si el poder político convierte la confrontación ideológica en política de Estado.
La respuesta frente a esta amenaza exige firmeza institucional. El próximo gobierno peruano deberá garantizar la autonomía absoluta del Banco Central de Reserva, proteger la independencia del Poder Judicial y blindar constitucionalmente el modelo económico que permitió décadas de crecimiento y reducción de pobreza. La estabilidad democrática no puede quedar sometida a proyectos ideológicos improvisados ni a presiones de grupos radicalizados.
Al mismo tiempo, la Comunidad Andina necesita abandonar su pasividad diplomática. La región requiere mecanismos eficaces de coordinación en inteligencia, seguridad fronteriza y defensa institucional para evitar que los focos de desestabilización política se expandan. El debilitamiento de Bolivia representa un riesgo directo para toda la franja andina.
La crisis actual deja una lección evidente. Cuando las democracias toleran el avance del caudillismo ideológico y relativizan el deterioro institucional, terminan abriendo espacio al autoritarismo y al colapso económico. El Perú todavía tiene la oportunidad de evitar ese desenlace. Para lograrlo, necesita defender la institucionalidad republicana, preservar la libertad económica y rechazar modelos políticos que, bajo discursos de justicia social, terminan destruyendo la democracia desde dentro.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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