El Perú ha dejado de vivir una crisis política episódica para ingresar en una etapa de deterioro institucional permanente. La desconfianza hacia los poderes del Estado ya no es una percepción pasajera, sino una convicción colectiva instalada en amplios sectores del país. La economía todavía resiste gracias a la fortaleza técnica del Banco Central de Reserva del Perú y a los altos precios internacionales de los minerales, pero esa estabilidad opera sobre una estructura política fracturada, sin cohesión, liderazgo ni legitimidad. El propio Fondo Monetario Internacional advirtió esta semana que la incertidumbre política, la inseguridad y la minería ilegal representan hoy los principales riesgos internos para el crecimiento peruano.
La paradoja peruana se ha vuelto insostenible: indicadores macroeconómicos relativamente sólidos conviven con un Estado incapaz de garantizar orden, autoridad y seguridad. Mientras el FMI proyecta un crecimiento de 2.8% para 2026, también reconoce que el crimen organizado y la expansión de economías ilegales están erosionando las instituciones y desalentando la inversión formal. La fractura no es únicamente administrativa. Es moral, política y cultural. Durante décadas, el país desmontó partidos sin construir reemplazos sólidos. El vacío fue ocupado por movimientos improvisados, operadores ideológicos y redes criminales que aprendieron a capturar territorios, financiar campañas y condicionar decisiones públicas.
La crisis actual también tiene raíces más profundas. Tras la derrota militar del terrorismo, el Estado abandonó la disputa cultural y educativa. La memoria nacional fue reemplazada progresivamente por narrativas relativistas que diluyeron responsabilidades históricas y erosionaron la legitimidad de quienes defendieron la democracia. Hoy esa omisión cobra factura. Las fuerzas del orden operan bajo presión judicial constante, sin respaldo político firme y frente a organizaciones criminales con recursos, armamento y capacidad territorial crecientes. El resultado es una autoridad paralizada. El mensaje que recibe el funcionario honesto, el policía y el militar es simple: actuar implica riesgo; la inacción, en cambio, rara vez tiene consecuencias.
Las implicancias son graves. Cuando el ciudadano percibe que el Estado no protege ni sanciona, el contrato social empieza a romperse. La inseguridad deja de ser solo un problema policial y se convierte en un factor de descomposición nacional. La minería ilegal, el narcotráfico y las mafias de extorsión ya no son fenómenos periféricos. Operan como poderes paralelos en varias regiones del país. El propio Centro Nacional de Planeamiento Estratégico advirtió recientemente que la criminalidad, la crisis política y la desinformación representan amenazas directas para el desarrollo peruano en la próxima década. A ello se suma un dato demoledor: según el Barómetro de las Américas, el 93% de los peruanos exige una reforma profunda del sistema político.
El Perú todavía tiene margen para evitar un deterioro irreversible, pero necesita abandonar la improvisación. La prioridad inmediata debe ser recuperar control territorial mediante inteligencia operativa, fortalecimiento policial y respaldo jurídico claro a las fuerzas del orden dentro del marco constitucional. Paralelamente, resulta indispensable reformar el sistema electoral, reducir la fragmentación partidaria y blindar la justicia de cualquier captura ideológica o criminal. Ninguna economía puede sostenerse indefinidamente sobre instituciones debilitadas y autoridades desacreditadas.
La verdadera emergencia peruana no es únicamente económica ni policial. Es una crisis de autoridad democrática. Y las naciones que renuncian a restaurar el principio de autoridad legítima terminan atrapadas entre el caos, el miedo y el estancamiento. Perú aún puede corregir el rumbo, pero la ventana para hacerlo comienza a cerrarse con rapidez.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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