Jorge Céliz Kuong
24 de mayo de 2026
El Perú vuelve a enfrentar una elección marcada por el miedo, la polarización y el desgaste institucional. La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no representa únicamente una competencia política; expone la crisis de representación que atraviesa el país desde hace años. La ciudadanía llega a este proceso con desconfianza hacia los partidos, frustración económica y una creciente sensación de inseguridad. En ese contexto, el voto corre el riesgo de convertirse en un acto de revancha emocional antes que en una decisión racional sobre el futuro nacional.
El problema de fondo no es solo ideológico. Es estructural. Mientras el debate público se consume entre antifujimorismo y confrontación política, el Perú enfrenta amenazas más profundas: expansión del crimen organizado, debilitamiento del Estado, minería ilegal y deterioro de la confianza empresarial. América Latina atraviesa además un periodo de desaceleración económica e inestabilidad política que obliga a actuar con mayor prudencia. Países como Chile, Colombia y México muestran cómo la incertidumbre política termina afectando inversión, empleo y gobernabilidad.
Pese a la tensión electoral, el Perú aún mantiene fortalezas económicas importantes. El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 un crecimiento cercano al 2,8%, sostenido principalmente por inversión privada y exportaciones mineras. Sin embargo, el mismo organismo advierte que la inseguridad, la conflictividad social y la incertidumbre política amenazan ese equilibrio. La estabilidad macroeconómica peruana no es indestructible. Depende de preservar reglas claras, previsibilidad institucional y capacidad mínima de gestión pública.
En ese escenario, las diferencias entre ambas candidaturas revelan una asimetría evidente en experiencia y consistencia técnica. Fuerza Popular intenta proyectar mayor previsibilidad económica e institucional, mientras sectores vinculados a Roberto Sánchez mantienen discursos confrontacionales hacia la inversión privada y arrastran cuadros políticos asociados al fallido gobierno de Pedro Castillo. El riesgo no es únicamente un cambio de orientación ideológica. El verdadero peligro es repetir improvisaciones que paralicen decisiones económicas y profundicen la fragilidad institucional.
La historia reciente demuestra que los votos construidos desde la ira suelen tener costos concretos. Cuando el electorado prioriza el castigo emocional antes que la estabilidad, aparecen fuga de capitales, pérdida de empleo e incertidumbre social. Las familias más pobres son siempre las primeras víctimas de esas crisis. Ningún país sostiene crecimiento si el conflicto político destruye la confianza y convierte al Estado en un espacio permanente de confrontación.
Por eso el llamado “voto defensivo” adquiere relevancia en contextos como el actual. Cuando no existe un candidato ideal, la responsabilidad ciudadana consiste en identificar cuál opción representa el menor riesgo para la estabilidad democrática y económica. La política no siempre ofrece alternativas perfectas. A veces exige decisiones pragmáticas orientadas a evitar escenarios peores. Nicolás Maquiavelo advertía que la principal obligación del poder es preservar el orden antes que alimentar ilusiones.
El próximo gobierno deberá enfrentar prioridades inmediatas: recuperar seguridad ciudadana, fortalecer inteligencia contra economías criminales y reconstruir confianza institucional. La Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones tendrán además la obligación de garantizar transparencia absoluta mediante supervisión tecnológica y vigilancia ciudadana activa.
*El Perú no necesita discursos mesiánicos ni guerras ideológicas interminables. Necesita estabilidad, inversión y autoridad democrática. Elegir el mal menor no representa resignación; representa comprensión estratégica de una realidad compleja. Si el país continúa votando desde la furia y el resentimiento, seguirá profundizando su deterioro político y económico. La única salida viable consiste en defender la institucionalidad, recuperar la confianza y construir un acuerdo mínimo que permita preservar gobernabilidad y futuro nacional.*
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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