El Perú llega a un nuevo proceso electoral enfrentando una contradicción que arrastra desde hace décadas: posee abundantes recursos naturales y una economía que ha demostrado resiliencia frente a las crisis internacionales, pero mantiene un Estado incapaz de convertir esa riqueza en bienestar para millones de ciudadanos. Esta paradoja explica gran parte de la frustración social que hoy alimenta la polarización política y erosiona la confianza en las instituciones democráticas.
La descentralización, concebida para acercar el Estado a la población, no ha logrado corregir los desequilibrios históricos del país. Por el contrario, en muchos casos ha transferido recursos sin garantizar capacidades de gestión. El resultado es un territorio fragmentado, donde amplias regiones continúan percibiendo a Lima como un centro de poder distante y poco representativo de sus necesidades. La brecha no es únicamente geográfica; es también política, económica y cultural.
La situación resulta particularmente visible en la macroregión sur. Departamentos beneficiados durante años por los ingresos del canon minero y gasífero exhiben todavía déficits significativos en agua potable, salud, educación e infraestructura básica. Aunque el discurso político suele atribuir estas carencias al centralismo, las cifras oficiales muestran una realidad más compleja: una parte considerable de los recursos asignados no llega a ejecutarse de manera eficiente. La incapacidad técnica, la corrupción y la improvisación administrativa han impedido que la riqueza generada por la actividad extractiva se traduzca en desarrollo sostenible.
Este vacío institucional ha sido aprovechado por economías ilegales que avanzan allí donde el Estado retrocede. La minería ilegal, el narcotráfico y las redes de contrabando han dejado de ser actividades periféricas para convertirse en estructuras de poder económico y político. Su influencia alcanza gobiernos locales, organizaciones sociales e incluso espacios de representación nacional. La persistente postergación de reformas vinculadas a la formalización minera y al control financiero revela la magnitud de un problema que ya no puede entenderse únicamente como un desafío de seguridad, sino como una amenaza directa a la gobernabilidad democrática.
Las consecuencias son profundas. Cuando la población observa que la legalidad no genera oportunidades y que las actividades ilícitas ofrecen ingresos inmediatos, la legitimidad del Estado se debilita. En ese contexto prosperan los discursos radicales, las promesas simplistas y los liderazgos que explotan el descontento ciudadano. La política deja de ser un espacio para construir soluciones y se transforma en una competencia de agravios y emociones.
La centro-derecha democrática ha cometido un error estratégico al confiar excesivamente en los buenos indicadores macroeconómicos. Durante años asumió que el crecimiento económico bastaba para consolidar respaldo político. Sin embargo, la estabilidad fiscal pierde valor cuando amplios sectores no perciben mejoras concretas en su calidad de vida. La economía puede crecer, pero si el ciudadano sigue enfrentando servicios públicos deficientes, el mensaje de éxito pierde credibilidad.
La próxima etapa exige abandonar tanto el populismo ideológico como la complacencia tecnocrática. El combate a las economías ilegales debe comenzar por la trazabilidad total de la cadena del oro y el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia financiera. Paralelamente, los recursos del canon requieren esquemas modernos de gestión mediante fideicomisos y oficinas especializadas capaces de ejecutar proyectos con estándares internacionales de transparencia y resultados.
La verdadera prueba para la democracia peruana no será el crecimiento del Producto Bruto Interno ni las cifras de inversión. Será demostrar que el Estado puede recuperar presencia, garantizar servicios de calidad y ofrecer oportunidades reales dentro de la formalidad. Si el país no logra cerrar esa brecha entre riqueza y ciudadanía, continuará acumulando recursos mientras profundiza su fragilidad institucional. Esa es la paradoja que el Perú debe resolver antes de que la desconfianza termine por convertirse en una crisis irreversible.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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