La reciente promulgación de la Ley 32561 en este año 2026 marca un punto de inflexión en la larga batalla por la dignidad previsional de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta norma busca corregir el nocivo esquema impuesto en 2012 mediante el Decreto Legislativo 1133, el cual recortó de forma arbitraria las pensiones al cincuenta y cinco por ciento para el personal egresado a partir de 2013. El debate actual expone una profunda desconexión entre la ortodoxia económica del Ministerio de Economía y la realidad de quienes arriesgan la vida en el frente interno y las fronteras. El problema de fondo no es estrictamente contable, sino político y estratégico del Estado peruano.
El análisis pormenorizado de las objeciones revela un sesgo recurrente. El exministro Alonso Segura, quien desde el Gabinete de Asesores del MEF estructuró el recorte original durante el régimen de Ollanta Humala, lidera hoy la resistencia desde el Consejo Fiscal. Su advertencia sobre un impacto de cuarenta y seis mil millones de soles constituye una narrativa alarmista que confunde deliberadamente el gasto corriente con una proyección actuarial simulada a cincuenta años. La realidad técnica de la reforma actual plantea un esquema distributivo sensato: el aporte del titular sube del trece al quince por ciento, y el del Estado del seis al diez por ciento. Este incremento del dos y cuatro por ciento, respectivamente, demuestra una corresponsabilidad sostenible.
Las implicancias de mantener el statu quo del esquema restrictivo previo habrían sido devastadoras para la seguridad multidimensional del país. Fragmentar al personal militar y policial en pensionistas de primera y segunda clase erosiona la moral institucional de los cuadros jóvenes. En un escenario donde el Perú enfrenta el avance del crimen organizado transnacional y economías ilegales, debilitar el horizonte de retiro del personal que pasará a la situación de ceso hacia mediados de este siglo desincentiva el reclutamiento y desmantela la predictibilidad de la carrera castrense. La estabilidad de la defensa nacional requiere operadores comprometidos, no servidores públicos precarizados por su propio Estado.
Resulta imperativo desmontar los mitos históricos sobre la sostenibilidad financiera. El colapso original de la Caja de Pensiones Militar Policial no fue provocado por la generosidad de los beneficios del Decreto Legislativo 19846, el cual demostró eficiencia bajo el modelo paritario del seis por ciento. El desbalance financiero estructural se originó cuando el Estado omitió sistemáticamente depositar su contrapartida obligatoria desde la década de mil novecientos setenta, sumado al saqueo sistemático de los fondos públicos en la década de los noventa. Pretender que el hilo de la crisis se rompa por el lado de los aportantes ignora que los derechos adquiridos poseen carácter progresivo y nunca deben retraerse bajo conveniencias fiscales.
La hoja de ruta para resolver esta crisis estructural exige abandonar las soluciones parches. El Estado debe honrar la Ley de Situación Militar mediante la creación de un fondo soberano de contingencia previsional, blindado de vaivenes políticos, asegurando que la pensión renovable equivalente al cien por ciento sea la regla universal para todo el universo de personal, eliminando la discriminación generacional. La ratificación de esta reforma por el Ejecutivo demuestra que la equidad es plenamente viable. Restablecer la justicia previsional no representa un gasto suntuario; constituye la inversión estratégica indispensable para garantizar la cohesión, la disciplina y la eficacia de la defensa y soberanía nacional.
https://www.facebook.com/share/1CgYrfYabH/?mibextid=wwXIfr
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
0 comments on “El sesgo fiscal contra la seguridad nacional: justicia previsional para las FF.AA y PNP”